Inteligencia artificial: conceptos, alcances y desafíos para una legislación ética en RD

La inteligencia artificial (IA) se ha posicionado como una de las tecnologías más disruptivas de nuestra era. Aunque el debate público actual la sitúa como una novedad, sus fundamentos conceptuales y técnicos emergieron hace más de siete décadas. Desde los albores de la computación, cuando se soñaba con máquinas que imitaran la inteligencia humana, hasta los sistemas actuales basados en aprendizaje profundo y redes neuronales, la IA ha recorrido un camino fascinante, cargado de logros, controversias y promesas.

El término "inteligencia artificial" ha sido polémico desde sus orígenes. ¿Puede realmente una máquina pensar, razonar, aprender o sentir como lo hace un ser humano? Lo que hoy entendemos por IA no necesariamente responde afirmativamente a estas preguntas. Más bien, se refiere al diseño de sistemas informáticos capaces de ejecutar tareas que tradicionalmente requerirían la intervención de una inteligencia humana. Estas incluyen desde el reconocimiento visual y de voz hasta la toma de decisiones, la traducción automática o la generación de textos en lenguaje natural, como lo hacen los modelos de lenguaje de gran escala (LLM, por sus siglas en inglés).

Uno de los textos de referencia más sólidos sobre el tema, Inteligencia artificial: un enfoque moderno, de Russell y Norvig, señala que la IA es “el campo que busca no solo entender, sino también construir entidades inteligentes”. Esta definición abarca desde modelos estrechos –aquellos diseñados para cumplir tareas específicas, como diagnosticar una imagen médica o recomendar películas– hasta el ideal, aún lejano, de una IA general capaz de adaptarse a múltiples entornos y aprender como lo hace un ser humano.

Hoy convivimos con la llamada “IA estrecha”, que realiza tareas muy bien delimitadas, con resultados cada vez más sorprendentes. ChatGPT, AlphaZero y Bard son solo ejemplos visibles de una revolución más amplia que abarca sectores como la salud, la educación, la agricultura, la industria y la administración pública. Pero en medio de esta euforia tecnológica, debemos detenernos a pensar: ¿qué distingue a un sistema de IA de un simple programa computacional? No es la complejidad del código ni la cantidad de datos, sino la capacidad de modelar el comportamiento humano o de replicar sus resultados sin que podamos describir exhaustivamente los procesos mentales que lo explican.

Necesitamos construir una inteligencia nacional: colectiva, ética, reflexiva y profundamente humana.

Si un sistema automatiza una tarea siguiendo reglas explícitas, como sumar precios en una lista, no estamos ante IA. Pero si reconoce patrones en imágenes, traduce un idioma o detecta una enfermedad simulando la percepción y el razonamiento humanos, entonces estamos hablando de IA, en el sentido estricto del término. O si le pedimos, por ejemplo, al ChatGPT5 de OpenAI que nos cruce datos, estadísticas y resultados de estrategias usadas para converger en un aula donde un niño aprende, ¿puede la IA así aplicada ser superior a la inteligencia humana que le pide el comando? Escribiré sobre esto más adelante.

Permítanme terminar estas consideraciones con el momento actual en el Senado de la República Dominicana. La importancia de comprender esta diferencia se vuelve aún más crítica cuando abordamos el plano legislativo. Los marcos regulatorios no deben enfocarse únicamente en las tecnologías, sino en sus impactos sociales, éticos y económicos. Y en el caso dominicano, en el Senado no podemos obviar que ya la Presidencia decretó una Estrategia para la IA en la Administración Pública que ha tenido reconocimientos, elogios, hasta en el plano internacional, y que tenemos que tomarla en cuenta porque ya lleva un tiempo siendo aplicada y luce que va muy bien.

Regular la IA implica proteger los derechos fundamentales, garantizar la transparencia algorítmica, asegurar la rendición de cuentas, prevenir sesgos discriminatorios y fomentar la innovación con propósito. El desarrollo de una ley de IA en la República Dominicana, como la que hoy se discute en el Senado, representa un paso esencial para establecer un uso ético y seguro de esta herramienta poderosa. Debemos legislar no desde el temor ni desde la fascinación, sino desde la responsabilidad. La IA no es buena ni mala en sí misma: es el reflejo de quienes la diseñan, la entrenan, la usan y la regulan. Por eso, urge contar con marcos normativos que anticipen riesgos, protejan a las personas más vulnerables y promuevan una IA al servicio del bien común. Como afirmara el Secretario General de las Naciones Unidas, “la tecnología debe estar al servicio del desarrollo humano sostenible”.

Esa es también la convicción desde el Senado, donde trabajamos con el compromiso de dotar al país de una legislación que no solo abrace la innovación, sino que garantice la dignidad y los derechos de todos los dominicanos. Y para lograrlo, necesitamos construir una inteligencia nacional: colectiva, ética, reflexiva y profundamente humana.  La propuesta de ley sobre la IA ética, sometida por el senador Dr. Rafael B. Duluc Rijo, provincia La Altagracia, y presidente de la Comisión de Educación Superior, ya ha pasado por un análisis de los asesores legal y técnica del DETEREL y de la suscrita y se ha sometido un informe al senador Duluc y entregado para ser conocido por los miembros de la Comisión de Educación Superior.

Pero es justo informar que nos ha llegado un nuevo proyecto de ley sobre la misma IA sometido por el senador Lic. Omar Fernández, senador por el Distrito Nacional, el cual recibirá el mismo tratamiento en cuanto a análisis y se someterá un informe tanto por los expertos en el tema legal como por la suscrita, como asesora técnica de las Comisiones de Educación y Educación Superior del Senado de la República.

Lo que es realmente importante es que el país debe saber que el Senado está actuando con cautela por los cambios súbitos y por la velocidad vertiginosa en la que se mueven las tendencias de la IA, aun desde la más estricta aplicación ética, para que su regulación se convierta en una ley producto del trabajo de ambas Cámaras Legislativas, que asegure la mejor aplicación de esta herramienta al servicio del bienestar colectivo de la nación.  Y para terminar, se han hecho y pienso que se seguirán haciendo consultas con distintos sectores que deben fijar sus posiciones con respecto a un marco regulatorio que en esta materia los afectará.