Por supuesto que no. A pesar de considerar la deuda en la oposición como “rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho, infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija”, predije en artículo de opinión en este medio que, de ganar las elecciones, el PRM estaría emitiendo bonos soberanos en enero del 2021.

Me equivoqué por unos meses porque, por el estado de emergencia sanitaria mundial con la situación del COVID, países con buenos fundamentos económicos, trayectoria de pago puntual de la deuda y con tendencia envidiable en los indicadores que miden el riesgo soberano, aprovecharon la oportunidad de adelantar sus colocaciones de valores.

Rata de dos patas era la deuda que todavía conservaban en su portafolio inversionistas defraudados por el gobierno socialista de Venezuela, que con trampas y violencia se mantenía en el poder.

La de República Dominicana, desde que se reinsertó en los mercados de capitales, era recibida con ofertas superiores a las intenciones de colocación, en plazos cada vez mayores y con tasas reflejando una disminución paulatina del riesgo de incumplimiento.  El “animal rastrero”, ¡válgame Dios!, llegó hasta emitir bonos soberanos en su propia moneda, una distinción que los mercados brindan a muy pocos países emergentes.

El presupuesto nacional es más una negociación política que una fórmula técnica, donde el gasto tributario juega un rol silencioso pero decisivo

Y “en el frente local”, la frase que tanto recuerdo de los noticieros radiales en mi niñez, en agosto del 2020 se recibe un Ministerio de Hacienda con varios años colocando bonos domésticos en subastas competitivas como si fueran “cadenitas de oro, que le gustan a todo el mundo” y con una recepción de alfombra roja de las tesorerías de todas las entidades financieras o intermediarias de valores.

Estas demandaban varias veces más bonos que los programados con la finalidad de incorporar a su portafolio un activo financiero sin riesgo de incumplimiento y exonerado del pago de impuestos por intereses o para vender a las AFP, entidades que siempre querían mantener a nivel máximo el porcentaje autorizado a tener en esos títulos que presentan a todos los tenedores de cuentas de capitalización individual en sus estados de cuenta mensuales.   ¿Conoce algún banco, inversionista o cotizante que se haya quejado de recibir esas “malditas sabandijas”?

A los que encuentre en congoja, los puede montar en un Fiat 500 y sobra espacio.  Es que de haber recibido un “espectro del infierno”, las nuevas autoridades de ese ministerio no hubieran hablado en tan poco tiempo de la aspiración de lograr un cambio hacia “calificación de grado de inversión”.  Este es un salto cuántico imposible de lograr sin una base ya creada y demostrada en cumplir con eficiencia la parte que le toca a Hacienda en el matrimonio trial que renueva sus votos anualmente con la aprobación de cada presupuesto general de la nación.

En la Constitución de la República se establece ese matrimonio entre tres, triunvirato, ménage à trois o alianza entre tres mosqueteros en que: de las recaudaciones se encargan, principalmente, la DGII y Aduanas; del gasto no financiero, DIGEPRES; Hacienda, del servicio de la deuda y cumplir con el Plan de Financiamiento para encontrar los fondos que compensen el diferencial de ingresos y gastos más el pago de amortización de los vencimientos del año.

Los congresistas, como expliqué también en artículos de opinión que se recopilan en mi libro Debate de la deuda pública, tienen que votar todos los años por ese trío que no pueden desenredar en el momento de conocer el presupuesto.

Se vota a favor o en contra del presupuesto completo; no hay tres boletas individuales y con divisiones en cada una para que un diputado pueda decir: “Yo voté por el impuesto sobre la renta, pero no por el ITBIS; en el gasto no aprobé los montos para mayores asignaciones en defensa, porque tenemos que decidir entre cañones o mantequilla; y en la deuda solo aquiescencia por nuevos préstamos con multilaterales”.

El asunto con la discusión del presupuesto es que a esa hora, cuando es el momento más adecuado para llamar al Consejo de Deuda Pública para que explique los modelos de sostenibilidad de deuda en que se basan los montos que aparecen en el Plan de Financiamiento, los congresistas están en otra cosa.

Así como los “artistas se deben a su público”, los senadores y diputados se “deben a sus comunidades” y su prioridad es ver qué les toca a estas dentro del plan de inversiones públicas o el crecimiento de las erogaciones corrientes del gobierno. “¿Dónde está el acueducto? Llevamos años esperando, y las oficinas públicas prometidas, ¿para cuándo?”

De deuda pública saben, y pueden algunos hasta impartir diplomados, porque reciben un informe trimestral sobre su situación con el que la Dirección General de Crédito Público cumple con la ley que la crea.  De manera que a la hora de recibir el presupuesto, dan como un hecho que el plan de financiamiento cumple con lo que estipula el Artículo 233 de la Constitución: “… y el financiamiento requerido, realizado en un marco de sostenibilidad fiscal, asegurando que el endeudamiento público sea compatible con la capacidad de pago del Estado.”

Y esa “compatibilidad con la capacidad de pago del Estado” es la que resienten todos los ministros que buscan en cada ejercicio presupuestario manejar montos cada vez mayores al del año anterior. Todos los años las aspiraciones son subir a X, pero se deben limitar las erogaciones a 0.20X, porque es la cantidad de recursos que se pueden conseguir para cumplir esa restricción que imponen la Constitución y los mercados competitivos donde se colocará la nueva deuda.

En más de una década continua con esos ejercicios presupuestarios, es ilógico que se entregara un portafolio de deuda en un esquema Ponzi, que obligará a una nueva administración a conseguir deuda para pagar deuda.  Los mercados, de hecho, hubieran detectado esa vulnerabilidad o “escoria de la vida” financiera y provocado ventas masivas a descuentos que son capturadas por el índice EMBI.

De manera que el matrimonio trial con garantías de relación de largo plazo financiera ha sido una constante y se mantendrá hasta que los mercados de capitales tengan paciencia con un país que ha prometido reformas estructurales en sus memorandos de oferta de bonos soberanos en las que está “quedando a deber”.

Entre esas reformas estructurales, a propósito, está escondido en el presupuesto otro integrante del que se habla menos: el gasto tributario.  En este se contabilizan los tratos impositivos especiales para ciertas actividades productivas rentables vinculadas a la exportación de bienes y servicios, que deben ser afines a las de países pares para evitar reducir su atractivo relativo; como también otras desvinculadas de cualquier racionalidad económica y que solo existen como mecanismo de elusión fiscal para grandes contribuyentes (DominicanWood).

Los congresistas prestan más atención a ese gasto tributario porque se trata de empresas ligadas a las demarcaciones donde está su masa de votantes o potenciales recursos de donaciones para la reelección indefinida de la que gozan sin los “candados sellados”, y lanzados simbólicamente al mar, que solo aplican para el Ejecutivo.

Por eso he comentado que el presupuesto está más cerca de la canción de Maluma, “Felices Los Cuatro” (ingresos, gastos, deuda y gasto tributario), que del matrimonio trial definido en la Constitución.

El país está a tiempo de reorganizar las finanzas públicas, gastar más y de forma más eficiente en proyectos de inversión pública; reducir la evasión fiscal y el gasto corriente en la medida en que va introduciendo algunas modificaciones consensuadas sobre impuestos y modificación o eliminación de partidas del gasto tributario (¿vamos a romper el récord de iglesias, el de país pobre financiando producción de ocio que no ven ni los familiares de los productores de películas? ¿Será hasta el próximo milenio la exención tributaria o hasta alcanzar en FORBES un puesto importante en su lista de billonarios o en el de las 500 compañías más grandes…?)

La deuda nunca dejará de ser parte del relanzamiento de las finanzas públicas, es pieza esencial, pero estas distracciones de “yo gasto lo que cojo en pagar tu deuda”, “a ti te desembolsan lo que yo contraté” y otras al estilo de Paquita en nada ayudan a que el tema lo entienda la del barrio que queremos ahora bien informada e inmune a las noticias falsas.

José Alfredo Guerrero

Economista

Economista con experiencia bancos privados, públicos, entidades reguladoras, asociaciones empresariales y centros investigación.

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