Hay que dar prioridad a la prevención del suicidio

Nuestro país ha presentado un preocupante aumento de los suicidios en los últimos años. De acuerdo con los datos del Boletín Demográfico y Social de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), del año 2024, durante los años 2019 al 2023, la tasa de suicidio oscila entre 6.60 y 7.13 por cada 100,000 personas de 6 años o más, siendo el año 2021 el de mayor tasa. Al analizar los grupos de edad, vemos que ha habido fluctuaciones y que a la vez se mantienen patrones específicos: aumento en los suicidios en la población de 20 a 34 años y una constante alta incidencia en personas de 65 años o más. Aunque en la población entre los 10 y los 19 años los números son menores, no dejan de impactar por lo demoledor y desconcertante.  Es de rigor destacar el índice de relación por sexo. Este es de 1 sobre 6. Es decir, por cada mujer que se suicida, hay 6 hombres que lo consuman. Reconocer esta disparidad es fundamental para el desarrollo de políticas de salud pública orientadas a la prevención del suicidio.

El número de suicidios consumados ha venido en gradual ascenso.  Por solo tomar como referente los últimos 10 años, vemos que en el 2015 la cifra fue de 547, en el 2016 se sitúa en 569, en el 2017 el número asciende a 575, en el 2018 subió a 648. En el 2019 el número fue de 607, frente a los 597 de 2020. En el 2021 se dispara a 670, en el 2022 se sitúa en 609, y en el 2023 llega a 669. De 2024 apenas se tienen datos del primer trimestre, por lo que para nuestro propósito no resulta significativo. No obstante, por lo antes expuesto, podemos inferir que efectivamente, el problema en nuestro país ha venido creciendo.

Sabemos que el suicidio es un problema global. Lo que muchas veces no reconocemos es que es un problema crítico de salud pública. Por solo mostrar cifras regionales, la Oficina Panamericana de la Salud (OPS), reporta que tan solo en 2021, más de 100,000 personas murieron por suicidio. Enfatiza esta Oficina en la necesidad urgente de una acción coordina y multisectorial para priorizar en la prevención de este grave problema. Señala la necesidad de adoptar medidas importantes para impulsar dicha prevención con el desarrollo y la actualización de estrategias nacionales (Programa Nacional de prevención del Suicidio), ya que son esenciales para orientar una respuesta que resulte de impacto. Reconoce limitaciones importantes como el escollo que representa la débil gobernanza en el tema salud mental, la limitada integración de la salud mental en la atención primaria, la recopilación deficiente de datos y el estigma y discriminación generalizados que obstaculizan los esfuerzos de prevención del suicidio.

Si repasamos las posibles acciones que se pudieran estar implementando en nuestro país al momento actual, se puede afirmar lo siguiente:

-No se le ha dado seguimiento al Plan Nacional de Salud Mental que en su objetivo 2.2 llama a prevenir la conducta suicida y reducir la mortalidad por suicidio y la morbilidad por lesiones autoinfligidas en base a la implementación del programa nacional para la prevención de la conducta suicida. Si no se elabora el Programa, las intervenciones serán atomizadas y de bajo impacto.

-A la falta de un Programa Nacional de Prevención del Suicidio, se debe fortalecer el primer nivel de atención y la estrategia en atención primaria para asegurar una intervención temprana. La realidad es que ambas se encuentran gravemente enfermas, en una situación de crisis profunda. En un artículo anterior afirmamos que resulta imposible que la salud pública mejore sin un eficiente primer nivel que soporte la estrategia en atención primaria. Señalamos en ese momento, que no podemos esperar un servicio óptimo de salud mental si no se cuenta con un robusto sistema de salud que se soporte en un primer nivel, acorde a las exigencias de ese sistema de salud. Planteamos, además, que, a falta de estos, se pueden tomar decisiones paliativas que mitiguen la situación de dificultad extrema en que se encuentra en la actualidad la salud mental.

-Se debe mejorar el acceso equitativo a los servicios de salud mental, como son las consultas y las camas para ingreso de personas en crisis psiquiátrica. La realidad de esto último nos da en la cara: según datos aportados desde el Servicio Nacional de Salud (SNS), la cantidad de internamiento en las diferentes Unidades de Intervención en Crisis (UIC), a nivel nacional en el año 2023 fue de 2,803, en tanto en el año 2024 fue de 2,100. Buscarle explicación y solución a este inaudito descenso es una responsabilidad del SNS. Por demás, debe hacer público ese análisis.

-Salvo la Línea de Ayuda (Contact Center), con más de 30 psicólogos prestando asistencia telefónica, a la que reconocemos como de gran acierto y utilidad, no conocemos de Estrategias de Prevención del Suicidio que se estén implementando. Dichas estrategias deben ser específicas por cada grupo etario, tomando en consideración los diversos factores de riesgo implicados. Por solo señalar algunos, citamos a la depresión u otra enfermedad mental, el consumo de alcohol y otras drogas, el intento previo de suicidio, acceder con facilidad a los medios para cometer suicidio y factores socioeconómicos que contribuyen al suicidio, entre otros.

-No sabemos de capacitaciones desde el Ministerio de Salud a los profesionales que trabajan la salud mental. Tampoco conocemos de campañas de concienciación pública, que lleguen a las familias y a las comunidades.

-No hay un enfoque integral y coordinado entre el gobierno, los servicios de salud (SNS), el ente rector de la salud (MSP), los medios de comunicación, la familia y las comunidades.

El suicidio significa una carga en extremo pesada, con consecuencias sociales, emocionales y económicas de largo alcance. Es responsabilidad del Estado abordarlo como una prioridad urgente de salud pública.