Haití debe reconstruirse desde la base, comenzando por las elecciones municipales

Durante más de cuatro décadas, Haití ha vivido un ciclo recurrente de crisis que ha debilitado progresivamente al Estado y erosionado la confianza de la población en sus instituciones. Caen presidentes, se celebran elecciones y regresan las intervenciones internacionales, pero la inseguridad aumenta y la gobernabilidad continúa deteriorándose. El problema no es únicamente la inestabilidad política. Es que Haití sigue intentando reconstruir su democracia desde la cúspide, cuando su crisis exige exactamente lo contrario.

La explicación va mucho más allá de cualquier líder o facción política. Haití enfrenta una profunda crisis institucional.

La Constitución de 1987 nació de una aspiración legítima: impedir que la dictadura volviera a arraigarse tras la caída del régimen de Duvalier. Sin embargo, en su afán por evitar la concentración del poder, distribuyó las competencias del Estado de manera tan amplia que gobernar con eficacia se convirtió en una tarea extraordinariamente compleja. Las elecciones casi permanentes, los mandatos superpuestos y la existencia de múltiples centros de poder favorecieron una negociación política constante en lugar de una administración pública estable y eficiente.

Los sucesivos presidentes, independientemente de su ideología o de sus capacidades personales, se enfrentaron a los mismos obstáculos estructurales. En vez de gobernar, dedicaron buena parte de sus esfuerzos a construir mayorías parlamentarias, negociar la integración de sus gabinetes y administrar un calendario electoral que rara vez les permitió concentrarse en la gestión del Estado.

Las consecuencias fueron mucho más allá de la parálisis política.

Un sistema basado en la negociación permanente terminó favoreciendo la creación de redes clientelares que vincularon a actores políticos, funcionarios públicos, intereses empresariales y organizaciones criminales. Los grupos armados, inicialmente utilizados como instrumentos de intimidación política, evolucionaron hasta convertirse en centros independientes de poder. Hoy, las pandillas ya no se limitan a influir en la política: desafían abiertamente la autoridad del Estado haitiano.

Este deterioro institucional también ha creado un terreno fértil para organizaciones criminales transnacionales dedicadas al tráfico de armas, drogas y personas en toda la región del Caribe.

El impulso más comprensible en la actualidad es restablecer el orden constitucional organizando elecciones presidenciales y legislativas tan pronto como las condiciones de seguridad lo permitan. Sin embargo, hacerlo podría reproducir los mismos incentivos institucionales que contribuyeron al colapso actual del país.

Haití no necesita simplemente otra elección. Necesita un orden diferente.

En lugar de comenzar por la cima del sistema político, la reconstrucción debe iniciarse allí donde los ciudadanos tienen un contacto más directo con el Estado: los municipios.

Las autoridades de transición podrían organizar primero elecciones municipales dentro del marco constitucional vigente, introduciendo un único ajuste práctico: elegir un solo alcalde en sustitución del actual consejo municipal de tres miembros. Es en el gobierno local donde la rendición de cuentas puede hacerse visible, donde la calidad de los servicios públicos puede evaluarse y donde los ciudadanos tienen mayores posibilidades de recuperar la confianza en que las instituciones democráticas pueden mejorar su vida cotidiana.

Una vez elegidos, los alcaldes deberían recibir transferencias presupuestarias transparentes, establecidas por ley, y responder por prioridades locales claramente definidas junto a sus comunidades.

Estos funcionarios municipales, elegidos democráticamente, podrían entonces designar representantes para integrar una asamblea constituyente encargada de preparar una reforma constitucional. Un órgano de esta naturaleza derivaría su legitimidad de autoridades recientemente elegidas por el propio pueblo haitiano, y no de negociaciones entre autoridades de transición no electas ni de propuestas percibidas como impuestas desde el exterior.

La reforma constitucional debería simplificar el sistema de gobierno, sincronizar los ciclos electorales, fortalecer la capacidad del Poder Ejecutivo preservando los controles y equilibrios democráticos, y eliminar los incentivos para la negociación política permanente que tantas veces han paralizado al Estado.

Solo después de que estas reformas sean aprobadas mediante un referéndum nacional, Haití debería celebrar simultáneamente elecciones presidenciales, legislativas y municipales bajo un marco constitucional diseñado para favorecer una gobernabilidad estable, en lugar de una confrontación política permanente.

Seguir privilegiando elecciones nacionales desde arriba solo reproducirá la misma parálisis, corrupción e inseguridad que han llevado a Haití a la situación actual. La alternativa es clara y urgente: reconstruir la legitimidad desde la base, comenzando con las elecciones municipales, continuando con la reforma constitucional y solo entonces eligiendo un nuevo liderazgo nacional.

Sin este cambio de enfoque, ningún nivel de apoyo internacional ni de negociación política logrará devolver la estabilidad al país. Con él, Haití tendrá una oportunidad —por difícil que sea— de reconstruir un Estado en el que sus ciudadanos puedan volver a confiar.

El autor, José Singer, fue embajador y enviado especial de la República Dominicana ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas entre 2019 y 2020. Este artículo fue publicado este lunes por el diario Miami Herald, de La Florida.