Si la justicia fuera un paciente, hoy estaría en la sala de emergencias. No por un accidente reciente, sino por inanición presupuestaria crónica. La balanza que simboliza la equidad ya no se inclina por el peso de la ley, sino por el peso del abandono.
Esta semana, mientras la impunidad volvió a reír a carcajadas, el país contempló la misma escena: expedientes de corrupción que se desvanecen entre tecnicismos, víctimas que esperan años por una sentencia y un sistema judicial que, en vez de ser garante de la ley, parece el valet parking de la delincuencia de cuello blanco.
El problema no es solo moral. Es estructural, financiero y político: el Estado dominicano ha tratado la justicia como un gasto prescindible, no como una inversión fundacional.
Un diagnóstico sin anestesia
El Poder Judicial, columna vertebral de toda república democrática, opera con los recursos de un país que parece haber decidido que la justicia es un lujo.
Los síntomas están a la vista:
Mora judicial: el cáncer sistémico.
Un proceso civil o comercial puede tardar más de 900 días en resolverse —más del doble del promedio regional—. Cada día de retraso erosiona la confianza pública y encarece la verdad. La justicia tardía no es justicia: es impunidad diferida.
Corrupción percibida e independencia comprometida.
Según el World Justice Project 2024, la República Dominicana ocupa el puesto 103 de 142 países en independencia judicial. Las decisiones influenciadas por el dinero o la política convierten el derecho en una mercancía negociable.
Acceso desigual a la justicia.
En un país donde el 40 % de la población vive con menos de diez dólares diarios, la justicia se ha vuelto un privilegio de los solventes. Los abogados son inalcanzables, los tribunales están concentrados en zonas urbanas y la Defensa Pública opera al borde del colapso.
La paradoja de la riqueza y la pobreza judicial
La República Dominicana es la economía líder del Caribe, con un PIB que supera los US$137,000 millones. Somos un Ferrari económico con frenos de bicicleta en la justicia.
A pesar de ese dinamismo, el presupuesto judicial ronda apenas el 0.8 % del PIB, muy por debajo del 2.66 % mínimo que establece la Ley 194-04 —una norma que el Estado ignora sistemáticamente—.
Organismos como la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ) y el Banco Mundial recomiendan destinar entre 2 % y 3.5 % del gasto público total al sistema judicial para alcanzar estándares mínimos de eficiencia. Nosotros no cumplimos ni con la mitad del mínimo legal.
El costo real del abandono
La desinversión no es una cifra contable: es un déficit moral. Significa jueces mal pagados y vulnerables, tribunales sin archivos digitales, sistemas informáticos obsoletos y expedientes que se pierden entre el polvo. A largo plazo, la impunidad se convierte en la norma, erosionando la confianza ciudadana y debilitando el tejido social. La justicia atrofiada se traduce en un campo fértil para la delincuencia y la corrupción, perpetuando ciclos de desigualdad y desencanto social.
Soluciones para un sistema fortalecido
1. Aumento presupuestario y cumplimiento legal
Lo primero y más urgente es cumplir con el marco legal establecido por la Ley 194-04, garantizando que al menos el 2.66 % del PIB sea asignado al sistema judicial. Un aumento extensivo en los recursos permitirá mejoras en infraestructura, salarios competitivos para los jueces y la modernización de los sistemas judiciales.
2. Fortalecimiento de la independencia judicial
Se deben implementar reformas para garantizar que los jueces sean seleccionados únicamente por su mérito y experiencia, blindando el sistema de influencias políticas o económicas. La creación de un Consejo del Poder Judicial realmente independiente es vital para una justicia imparcial.
3. Digitalización y modernización
La transformación digital del sistema judicial es imperativa para agilizar los procesos y reducir la mora judicial. Implementar sistemas informáticos avanzados, registros digitales de casos y procedimientos virtuales no solo mejoraría la eficiencia, sino que también facilitaría el acceso a la justicia para comunidades remotas.
4. Acceso inclusivo y equitativo
Desarrollar programas que promuevan la justicia accesible debe ser prioritario. La expansión de la Oficina Nacional de Defensa Pública, acompañada de capacitación constante, facilitará que los sectores más vulnerables obtengan representación legal de calidad.
Con estas acciones, la República Dominicana puede aspirar a una justicia que no solo haga honor a sus principios, sino que sea una verdadera estrategia de desarrollo y cohesión social.
Juntos podemos!!!
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