Evolución de las contrataciones públicas en la República Dominicana

Cuando se analiza la evolución de las contrataciones públicas en la República Dominicana, es importante recordar que nuestro sistema no nació con la sofisticación normativa que hoy conocemos. Durante muchos años operamos bajo dos marcos legales que respondían a otra época del Estado dominicano: la Ley 105-67, que sometía a concurso la adjudicación de obras de ingeniería y arquitectura superiores a RD$10,000 Concurso, que regulaba fundamentalmente la contratación de obras públicas, y la Ley 295 de Aprovisionamiento del Gobierno.

La Ley 105-67 era una normativa breve, con un número limitado de artículos y con escasa incorporación de los principios que hoy consideramos esenciales en la contratación pública: transparencia, competencia, igualdad de oportunidades o rendición de cuentas. De hecho, esa legislación, incluso, contemplaba la contratación “grado a grado” como una modalidad establecida a nivel normativo.

Por su parte, la Ley 295 respondía a una lógica administrativa propia de un Estado mucho más pequeño y centralizado. Esta legislación creó un sistema de aprovisionamiento gubernamental altamente concentrado, mediante el cual una Comisión de Aprovisionamiento del Gobierno, adscrita a la Presidencia de la República, tenía la responsabilidad de formular la política de abastecimiento del Estado, realizar adquisiciones y administrar los bienes destinados a las instituciones públicas.

Ese modelo respondía más a una lógica de administración logística que a un sistema de contratación basado en competencia entre proveedores. En esencia, el Estado compraba bienes, los almacenaba y posteriormente los distribuía entre las distintas dependencias públicas, bajo un esquema en el cual los organismos adquirían los productos al costo de adquisición y los recursos se administraban a través de cuentas especiales destinadas a financiar nuevas compras.

En la práctica, esto significaba que existía una centralización operativa del aprovisionamiento público. La Dirección de Aprovisionamiento del Gobierno compraba los bienes, los almacenaba y posteriormente los distribuía a las instituciones públicas. Esos almacenes estaban ubicados precisamente donde hoy se encuentra la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Debemos recordar que el aparato estatal dominicano era significativamente más reducido que el actual. Existían apenas entre siete y diez ministerios, lo que permitía que el sistema funcionara mediante esa lógica centralizada de compras, almacenamiento y distribución.

Sin embargo, con el crecimiento del Estado, la expansión del gasto público y la creciente demanda de transparencia, ese modelo comenzó a mostrar limitaciones estructurales importantes. La normativa era insuficiente, los mecanismos de control eran débiles y el país carecía de un sistema moderno de compras públicas alineado con estándares internacionales.

Por esa razón, durante más de una década, desde mediados de los años noventa, distintos sectores del país comenzaron a demandar una reforma profunda del régimen de contrataciones públicas. Organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, académicos y técnicos del propio Estado coincidían en la necesidad de construir un nuevo marco legal.

En ese proceso se elaboraron varios proyectos de ley. Finalmente, en el año 2005, tres de esos proyectos llegaron a un punto de convergencia. En el Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE), un equipo técnico del que tuve el privilegio de formar parte asumió la tarea de estudiar esas tres propuestas y tratar de construir un texto común.

Durante aproximadamente dos semanas de trabajo intenso analizamos cada artículo, cada enfoque institucional y cada modelo comparado. De ese ejercicio surgió el anteproyecto de ley que posteriormente sería sometido al Congreso Nacional.

Ese proceso coincidía además con un momento clave para la institucionalidad dominicana. En el marco de la firma del DR-CAFTA, el país debía impulsar un conjunto de reformas estructurales orientadas a fortalecer la transparencia, la gestión financiera del Estado y los sistemas de control público. Entre esas reformas se encontraban leyes fundamentales: la Ley de Presupuesto, la Ley de Crédito Público, la Ley de Contraloría, la Ley de Cámara de Cuentas, la Ley de Acceso a la Información Pública y, por supuesto, una ley moderna de Contrataciones Públicas.

En ese contexto se produjo la aprobación, en el año 2006, de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, que marcó un punto de inflexión en la gestión del gasto público dominicano.

Durante dos décadas esa ley sirvió de base para la construcción institucional del sistema de compras públicas del país. A lo largo de este periodo, fue objeto de reformas y ajustes que fomentaron procesos de aprendizaje institucional, acompañando así la evolución del Estado y las demandas ciudadanas por mayor transparencia.

Veinte años después, el país enfrentaba nuevamente el desafío de actualizar su sistema conforme a los estándares contemporáneos de gobernanza pública. En esta nueva etapa me ha correspondido asumir un rol distinto al que tuve en aquel proceso inicial. Si en 2005 participé siendo parte de los equipos técnicos que contribuyeron a diseñar la ley, hoy he tenido el honor y la responsabilidad de dirigir el proceso de transformación del sistema de contrataciones públicas, impulsando la aprobación de una nueva legislación, su reglamentación, su implementación institucional y el proceso más amplio de modernización del sistema.

Se trata, en esencia, de un proceso que conecta dos momentos históricos: el de la construcción inicial del sistema moderno de compras públicas en 2006 y el de su transformación estructural veinte años después, orientado a fortalecer la integridad pública, la eficiencia del gasto y la confianza ciudadana en la gestión del Estado.

El desafío que hoy enfrentamos no sólo en la República Dominicana, sino en muchos países consiste en construir sistemas de contratación pública que trasciendan la función meramente administrativa de adquirir bienes y servicios. Las compras públicas deben convertirse en una herramienta estratégica para generar valor público, promover el desarrollo económico, fortalecer la integridad institucional y consolidar la legitimidad democrática de la acción del Estado.

El tránsito desde aquel modelo de aprovisionamiento centralizado de los años sesenta hacia un sistema moderno de gobernanza de las contrataciones públicas refleja, en realidad, la propia evolución del Estado dominicano. Hemos pasado de una administración enfocada principalmente en el control administrativo de los recursos a una gestión pública orientada a generar valor público, impulsar el desarrollo económico, fortalecer la integridad institucional y consolidar la confianza de la ciudadanía en la acción del Estado. Ese es, en definitiva, el verdadero sentido de la transformación del sistema de contrataciones públicas que hoy se vive en la República Dominicana, gracias al compromiso de un Estado decidido a convertir los recursos del erario en bienestar para nuestra gente.

Carlos Pimentel es Director General de Contrataciones Públicas de la República Dominicana