Las Naciones Unidas, los días 20 y 21 de julio de 2026, celebró una Reunión de Alto Nivel sobre la Mejora de la Seguridad Vial Global en el octogésimo periodo de sesiones de la Asamblea General. El objetivo de dicha reunión era ampliar y acelerar la puesta en funcionamiento de los compromisos adquiridos para reducir a la mitad el número de fallecidos y lesionados graves por el tránsito para 2030.
En forma paralela, Jean Todt, Enviado Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial, lanzó en República Dominicana la campaña mundial “Voces por la Seguridad Vial” con el fin de promover cambios de comportamiento que contribuyan a reducir los siniestros viales y exhortó a acelerar las acciones para cumplir del Decenio de Acción 2021-2030.
Previo a la reunión mencionada, el 13 de febrero del presente año, el Secretario General de Naciones Unidas, a través de una nota, informó sobre el mejoramiento de la seguridad vial en el mundo, de conformidad con resoluciones de años anteriores. Destacaba, entre otras cosas, una disminución del número de fallecidos por accidentes de tráfico en el mundo, alcanzando los 1.19 millones al año, lo que implicaba una reducción del 5 % entre los datos de 2010 y 2023. Sin embargo, esa mejora no permitía ser optimista, ya que a ese ritmo no se alcanzará la meta de reducir a la mitad el número de víctimas mortales para 2030.
Hacía hincapié en la forma desigual de distribución de la carga, pues el 92 % de las muertes se producen en los países de ingreso bajo y mediano y los usuarios vulnerables de las vías (peatones, motociclistas, ciclistas) son la mayoría de las víctimas.
Resaltaba la necesidad de crear y reforzar organismos coordinadores, adoptar políticas de gestión de la velocidad, promover infraestructuras seguras, mediante el Programa Internacional de Evaluación de Carreteras, implementar políticas de seguridad vial basadas en la norma 39001:2012 de la Organización Internacional de Normalización, utilizar el Sistema Seguro “Visión Cero”, etc.
En nuestro país se ven indicios de querer abordar el problema, pero algunas instituciones, en particular el MOPC, no le imprimen la urgencia necesaria que amerita el problema. Es fundamental entregar infraestructuras seguras, aplicar la ley con más rigor y un marco más actualizado de gestión de la seguridad vial.
Espero que de una vez por todas haya voluntad política para mejorar la seguridad vial. Basta de conferencias, reuniones, seminarios, protocolos, etc. Aplicando la ley 63/17, la ley 684/65, el reglamento R-012 del MOPC, los decretos de julio de 2020 y la emisión de los reglamentos que faltan, sobre todo el de señalización, se logrará rebajar significativamente el número de víctimas de tránsito.
Sería fundamental utilizar tecnologías modernas para fiscalizar a los quebrantadores de la ley. Por ejemplo, radares fijos y móviles camuflados, drones para grabar maniobras que violan la ley, tacógrafos digitales en vehículos pesados y de transporte de pasajeros. En países europeos, algunos equipos se amortizan a los cuatro meses de su compra.
Adicional, incrementar las pruebas de alcoholemia y de consumo de drogas en todo el territorio nacional, pues se hacen muy pocas y en lugares poco idóneos. La cantidad de infracciones por consumo de dichas sustancias en los años 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024 ascendió a un total de 1,951. Cifra absurda y que no representa la realidad, ya que no hay una cultura, como en otros países, de no conducir si has bebido.
A la ley 63/17 le añadiría el uso obligatorio de cinturones de seguridad en los asientos delanteros y traseros. Prohibiría el uso de láminas que oscurezcan en más de un 30 % los vidrios del parabrisas y del conductor y copiloto. Muchos vehículos se desplazan por las vías sin poder los agentes de la Digesett observar quienes van dentro, si utilizan cinturón de seguridad, si van bebiendo, si utilizan el teléfono móvil, etc.
En lo relacionado con el MOPC, la situación es muy grave, dado que en todos los gobiernos, incluido el actual, han incumplido leyes y reglamentos en forma sistemática, en temas fundamentales de la seguridad vial. Destacaría lo siguiente:
-Mantenimiento muy deficiente, y en algunos casos nulo, de la red viaria.
– Señalización engañosa y desconcertante. Distancias diferentes a una localidad estando a pocos metros una de la otra. En la zona urbana de Friusa, una señal de velocidad máxima de 60 Km/h a cinco metros de un reductor de velocidad. Esa situación se denunció hace 10 años y actualmente sigue la misma señal, aunque muy deteriorada, con otro reductor más adelante.
– Ancho del derecho de vía fuera de lo que exige la Ley 684/65 y el Reglamento R-012 del MOPC. Debiera tener un ancho que abarcará la sección transversal completa de la vía más 10 m a ambos lados de ella. Esto se incumple en casi la totalidad de las vías del país.
-Diseños de intersecciones incorrectos. Podría enumerar un sin fin de casos, entre los que voy a destacar la rotonda de Punta Cana y todas las intersecciones del Bulevar del Este. En la actualidad, la intersección de CEPM es un caso que merece la pena analizar. Tiene una superficie enorme pavimentada, pero con muy poco espacio de espera para los vehículos que giran a la izquierda cuando se desplazan por el Bulevar. El resultado son movimientos desordenados y tiempos de espera muy largos.
– Medianas de autopistas inseguras debido a carecer de sistemas de contención de vehículos en un porcentaje muy alto. Salvo en medianas muy anchas, se necesitan sistemas de contención, tanto si tienen taludes tendidos, para evitar el paso de un vehículo de un carril al contrario, como si tienen taludes muy verticales, para evitar el vuelco de vehículos.
– Retirar todos los postes y obstáculos del derecho de vía o colocar barrera de seguridad. La Ley 684/65 prohíbe colocar postes en el derecho de vía. Casi todo lo relacionado con el derecho de vía se incumple, siendo que es fundamental para la seguridad vial, tal como lo especifican los “Sistemas Seguros”. También proteger todas las estructuras de drenaje transversal con sistemas de contención de vehículos.
– Modificar diseños no contemplados en ningún reglamento internacional. Todas las isletas que se construyan en vías de alta velocidad debe su borde externo realizarse con bordillos de talud o traspasable. Nunca vertical, como casi siempre las construyen aquí. He visto las consecuencias de esta falla en accidentes en el Bulevar del Este. Carros y motoristas dando vueltas de campana.
– Construir todas las estaciones de pesaje y de control de dimensiones de los vehículos, tal como lo exige el Art. 116 de la Ley 63/17.
– Supervisar que se hagan correctamente las obras, ya que en un tiempo muy breve se aprecian deterioros por la mala calidad y pésima colocación de materiales.
– Prohibir el uso de algunas vías a vehículos de grandes dimensiones y alto tonelaje, ya que afectan a la seguridad del resto de conductores. El caso más representativo de lo que solicito es la carretera “El Abanico a Constanza”. Es un grave error el que se comete dejando transitar patanas por ahí.
– Cambiar vías seguras, para acceder a otras carreteras, por vías de menor capacidad y más inseguras, debido a tener intersecciones peligrosas en su trayecto. Esa atrocidad la realizó el MOPC en diciembre pasado, para los conductores que deseen utilizar la nueva vía que une la Av. EEUU con la Av. Alemania en Bávaro. En lugar de continuar por el Bulevar y a escasos 12 metros del mismo tomar la nueva vía, desvían a los conductores en la intersección de CEPM y les obligan a pasar por tres intersecciones. Una de esas intersecciones es muy peligrosa, ya que es el acceso a un residencial de grandes dimensiones y muchos residentes. Para rematar, la nueva vía discurre en forma paralela con una calle perimetral del residencial y no han colocado ningún sistema de contención de vehículos, siendo que se desplazan vehículos pesados por la nueva vía en sentido contrario al de los del residencial.
Ojalá pronto conducir deje de ser un deporte extremo y podamos ver indicios de progreso en todos los organismos relacionados con la seguridad vial, muy en particular en el MOPC, el cual debe acometer modificaciones profundas y someter a auditorías externas las obras que entrega.
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