Al ingresar, a muchos niños se les cortaba el cabello, se les quitaba la ropa tradicional, uniformándolos, se les cambiaba el nombre, a veces hasta se les negaba un nombre asignándoles un número. Los hermanos eran separados, y cualquier intento de contacto, se castigaba el uso de las lenguas originarias y se denigraba la espiritualidad indígena. Hasta finales de la década de 1950, la mitad de la jornada podía destinarse a trabajos que reducían los costos de las escuelas. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá (TRC) concluyó que el currículo era elemental y respondía a la idea racista de que los indígenas eran intelectualmente inferiores.
La violencia contra la población infantil indígena en las escuelas residenciales fue estructural y sistemática. Hubo todo tipo de abusos, fueron obligados a vivir en condiciones infrahumanas que les produjeron enfermedades que en muchos casos condujeron a su fallecimiento. Las autoridades civiles y eclesiásticas rara vez acudieron a la policía, y recomendaciones médicas fueron ignoradas supuestamente por razones económicas. En las décadas de 1940 y 1950, algunos menores fueron sometidos sin consentimiento a experimentos nutricionales, que les colocaron en riesgo. Canadá reconoce que miles murieron, sin el conocimiento de sus padres, muchos lugares de entierro siguen sin localizarse, y existen grupos privados que continúan la búsqueda e identificación de restos de los infantes.

La TRC documentó al menos 3,200 muertes, aunque su entonces presidente, Murray Sinclair, estimó que la cifra podría superar las 6,000. En 2019 se divulgaron los nombres de 2,800 niños fallecidos. Desde 2021, búsquedas con georradar —entre ellas la de Kamloops, donde se detectaron unos 200 posibles entierros— devolvieron el tema a la atención internacional. Reportajes de 60 Minutes y The New York Times han acompañado la búsqueda de tumbas y la recuperación de esta memoria.
Genocidio
Estudiosos e investigadores del tema argumentan que la asimilación también persiste en disposiciones legales discriminatorias de la Ley Indígena en la actualidad.
La TRC definió el sistema de las escuelas residenciales como “genocidio cultural”, término que el propio gobierno canadiense reproduce en sus materiales de educación y divulgación. El debate jurídico continúa porque la Convención de 1948 incluye entre los actos de genocidio el traslado forzoso de niños de un grupo a otro. Puede discutirse la calificación legal; no el objetivo de destruir a los pueblos indígenas como colectividades diferenciadas ni los daños documentados.
Reparación con límites
Gracias a los procesos judiciales grupales (class actions) adelantados por los grupos indígenas, y a los dictámenes judiciales favorables, se generó un acuerdo transaccional que dio lugar al Acuerdo de Conciliación. La judicialización de los actos contra la población infantil indígena ejecutada por el gobierno de Canadá en el pasado, a servido para divulgar y registrar las evidencias de una historia que se había mantenido oculta durante siglos.
El Acuerdo de Conciliación, implementado desde 2007, estableció compensaciones, mecanismos para reclamaciones por abusos graves, fondos de sanación y la Comisión de la Verdad y Reconciliación (TRC), que funcionó entre 2008 y 2015. En 2008, el primer ministro Stephen Harper pidió perdón en nombre del Estado. El archivo de la TRC, compuesto por unos cuatro millones de documentos y casi 7,000 testimonios, fue inscrito por la UNESCO en el programa Memoria del Mundo en 2023.
A pesar del progreso significativo fruto del trabajo del gobierno con las comunidades indígenas para la reconciliación y reparación. La reparación dejó fuera inicialmente a quienes asistían a los centros solo durante el día. El acuerdo Gottfriedson, aprobado en 2021, les reconoció compensaciones individuales e inversiones en sanación, educación, lengua y cultura. En 2023, Canadá pactó 2,800 millones de dólares con 325 bandas para atender daños colectivos mediante un fideicomiso independiente orientado a lenguas, culturas, patrimonio y bienestar.
Pero los acuerdos también cierran puertas. En Brandon c. Canadá (2026 FCA 57), el Tribunal Federal de Apelaciones confirmó la desestimación de una demanda de segunda generación: concluyó que la liberación general del acuerdo impedía reclamar por daños intergeneracionales derivados de la falta de apoyo a los sobrevivientes. El caso muestra el doble filo de las soluciones colectivas: reparan de forma amplia, pero pueden excluir consecuencias posteriores.
La memoria frente al negacionismo
Los testimonios de sobrevivientes debidamente identificados impiden reducir esta historia a una discusión abstracta y opiniones infundadas. Las experiencias individuales variaron, pero el propósito institucional y el daño acumulado están ampliamente documentados. Negarlos bajo la idea de que “no todos tuvieron una mala experiencia” o que el sistema actuó con buenas intenciones equivale a desplazar la responsabilidad y desacreditar a quienes sobrevivieron.
La historia de las escuelas residenciales canadienses recuerda la delgada frontera que existe entre el bien y el mal. Como en este caso, la educación, una institución presumida como positiva y emancipadora en la sociedad, pudo emplearse por las personas responsables del gobierno con intención cruel y destructiva, y con el propósito claro de borrar la dignidad humana de los más vulnerables.
No cabe dudas que la creación del espacio reconciliador en la sociedad canadiense posee gran valor, y evita una respuesta confrontativa ante una historia de injusticia y crueldad del estado. Sin embargo, la reconciliación entre las comunidades de la sociedad canadiense exige más que disculpas y compensaciones: requiere localizar a los desaparecidos, proteger las lenguas y culturas, reconocer los efectos de traumas intergeneracionales y escuchar a los pueblos indígenas como sujetos con igualdad de derechos, no como objetos de ingeniería social.
En una próxima entrega nos referiremos al tema de la reconciliación y la reparación como vía de la sociedad canadiense para sanar esta terrible historia.
Bibliografía
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