El agotamiento del modelo cubano no garantiza una transición ni legitima cualquier desenlace. Entonces, habrá que ver. Mientras el régimen invoca la soberanía para justificar su permanencia, Washington y sectores del exilio reivindican la libertad y el cambio. Ninguna de esas causas confiere, por sí sola, el derecho a decidir el futuro de la nación. ¿Cómo hacer posible una transformación profunda sin arrebatar a los propios cubanos la capacidad de conducirla?

Entre la resistencia interna, la presión externa y el riesgo de una fractura traumática, esta tercera y última entrega examina cómo superar un modelo agotado sin sacrificar la autodeterminación ni convertir la necesidad de cambio en justificación de cualquier medio.

La primera entrega examinó el desgaste de una promesa que durante décadas alimentó la imaginación política latinoamericana. Desde la memoria personal de aquella generación, el recorrido fue del símbolo a la realidad: de la Cuba soñada a un modelo que ya no ofrece un horizonte creíble de futuro.

La segunda puso el foco en el costo humano de ese agotamiento: la supervivencia convertida en forma de vida, la emigración y las distintas maneras de permanecer. También dejó planteada una tensión decisiva: la necesidad de cambio no puede servir de pretexto para desconocer el derecho de los cubanos a decidir su destino.

Quedaba pendiente, entonces, el problema del desenlace: quiénes pueden conducir el cambio, por qué medios y bajo qué condiciones sin despojar a los cubanos de su derecho a decidir.

1. El agotamiento no resuelve el desenlace

El agotamiento de un modelo no lleva escrito su desenlace. Cuba necesita y con urgencia transformaciones profundas, pero de ahí no se desprende que el régimen esté próximo a desaparecer ni que su eventual sustitución conduzca, por sí sola, a una salida viable.

La distinción importa. Un sistema puede haber perdido capacidad para ofrecer bienestar, libertades y esperanza, y conservar todavía recursos de cohesión, control y resistencia. El desgaste de la promesa revolucionaria no equivale al agotamiento del poder que la administra.

A ello se suma la presión estadounidense. El embargo, las sanciones y otras formas de confrontación han impuesto costos severos sobre la economía y la sociedad cubanas. Reconocerlos no exonera al régimen de sus responsabilidades internas, pero tampoco permite ignorar su incidencia sobre la crisis y las condiciones de una eventual transición.

La presión externa puede contribuir al desgaste del sistema y, al mismo tiempo, alimentar resistencias frente a un cambio impuesto. La memoria histórica latinoamericana obliga a tomar en serio esa contradicción, sin convertirla en justificación del inmovilismo.

Por eso, la necesidad del cambio no basta para legitimar su conducción ni los medios empleados para producirlo. Ahí comienza el dilema de las causas que se invocan y el derecho de los cubanos a decidir su destino.

2. Las causas y el derecho a decidir

La soberanía cubana no es una consigna vacía. La Revolución nació también de una aspiración de independencia, dignidad nacional y justicia social que encontró resonancia mucho más allá de la isla. Para generaciones de latinoamericanos, la resistencia frente al poder estadounidense tuvo un significado histórico y moral que no desaparece con el agotamiento del modelo.

Pero una cosa es la legitimidad de esa causa y otra, la de quienes la invocan para ejercer el poder. La defensa de la soberanía no puede convertirse en una autorización indefinida para preservar el régimen, restringir libertades o postergar el futuro de la sociedad. La nación es más amplia que quienes gobiernan en su nombre.

Del otro lado, las aspiraciones de libertad, democracia y cambio también tienen fundamentos legítimos. No se puede exigir a los cubanos que acepten indefinidamente el inmovilismo en nombre de la independencia nacional. Sin embargo, la necesidad de transformación tampoco confiere a Washington ni a determinados sectores del exilio autoridad automática para conducirla. El exilio no constituye un bloque homogéneo: sus vínculos, intereses y compromisos con Cuba son diversos. Y los intereses de la política estadounidense no deben confundirse con las aspiraciones de los cubanos.

No se trata de equiparar responsabilidades. El régimen responde por el ejercicio del poder y sus resultados; sus adversarios, por los medios que promueven y las pretensiones que formulan. La cuestión es distinguir entre la legitimidad de una causa, los medios utilizados para defenderla y el derecho a decidir en nombre de la nación.

La autodeterminación no puede servir de refugio a la inmovilidad o la represión, pero tampoco quedar desplazada por una libertad administrada desde fuera. Soberanía nacional y libertades ciudadanas deben afirmarse conjuntamente. Para ello, los cubanos deben poder ejercer efectivamente sus derechos, participar en la definición de su gobierno y decidir el rumbo de su país.

Ahí está la contradicción: el cambio necesario puede terminar subordinando la voluntad de los cubanos a los intereses de quienes disputan su conducción. 

3. El peligro del desenlace

Cuba vive el agotamiento de un ciclo histórico. Ese final de época puede abrir oportunidades de renovación, pero también intensificar tensiones acumuladas. La combinación de agotamiento económico y social, presión externa, polarización política y culturas de resistencia arraigadas plantea riesgos que no conviene subestimar.

El país no está condenado a un desenlace violento, pero tampoco cabe presumir una transición ordenada. La necesidad de cambio no elimina los conflictos ni garantiza que quienes concurran a su realización compartan los mismos intereses o propósitos. 

Nadie debería desear una guerra, una intervención traumática o una explosión de violencia cuyo costo recaería, sobre todo, sobre la población cubana. Después de décadas de privaciones, sería particularmente doloroso que la superación de la crisis se convirtiera en una nueva fuente de sufrimiento. La cuestión es, entonces, hasta dónde está dispuesto a ceder cada bando en su propia pretensión antes de convertir a la sociedad cubana en el precio de su causa.

La salida tendrá que ser esencialmente cubana. Eso no significa excluir al exilio ni negar la posibilidad de una contribución internacional. Significa que ninguna fuerza, interna o externa, debería arrogarse la representación exclusiva de la sociedad ni sustituir el derecho de los cubanos a expresar libremente su voluntad y decidir su futuro. Quienes viven dentro y fuera de la isla forman parte de una realidad nacional que no puede reconstruirse de espaldas a unos u otros.

El desafío consiste en traducir esos principios en un proceso que amplíe las libertades, garantice derechos, genere oportunidades y permita a los cubanos participar efectivamente en la definición de su gobierno y su futuro. No bastaría con sustituir un poder si el cambio terminara reproduciendo, bajo otra forma, la subordinación que se pretende superar.

El desenlace importará tanto por lo que deje atrás como por lo que haga posible. Su medida más exigente será la vida de los cubanos: si logra devolverles, junto con la libertad de decidir, la posibilidad real de construir un futuro propio.

Epílogo

Cuba fue, para muchos de nosotros, una promesa de soberanía, dignidad y justicia social. El agotamiento del modelo no borra el valor de aquella causa, pero obliga a confrontarla con la realidad de quienes han vivido bajo su nombre.

Ese diagnóstico no equivale a anunciar la desaparición del régimen ni a garantizar una transición viable. Tampoco la necesidad de cambio legitima cualquier desenlace. La soberanía no debe servir para negar libertades, ni la libertad para imponer una nueva subordinación. Ambas deben afirmarse conjuntamente, sin que ninguna fuerza, interna o externa, se arrogue el derecho de decidir por los cubanos.

Al final, el desenlace no debería medirse por la victoria de un bando, sino por la capacidad de los cubanos para ejercer sus derechos, decidir su gobierno y construir un futuro propio.

Ninguna causa nacional se honra sacrificando el futuro de quienes dice defender.

EN ESTA NOTA

Juan Tomás Monegro

Académico y consultor.

Economista, graduado en México. Académico y consultor. Doctorado en Economía. Ex viceministro de Desarrollo de Industria, Comercio y Mipymes, y ex Viceministro de Planificación en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).

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