Antecedentes
El anuncio de la adquisición de AES Corporation por un consorcio internacional (valor accionario de 10.700 millones de dólares y valor empresarial de unos 33.400 millones, cierre previsto entre finales de 2026 e inicios de 2027) coincide con la inversión de Google de más de 500 millones de dólares en su primer puerto digital en América Latina (declarado de alta prioridad nacional por Decreto 113-26) y con el explosivo crecimiento de la demanda energética por inteligencia artificial. Fuentes: Reuters; comunicado oficial de AES Corporation sobre su adquisición por un consorcio liderado por BlackRock (GIP) y EQT.
A estos hechos se suma la guerra en Irán (2026), que ha provocado una fuerte escalada en los precios internacionales del petróleo (el Brent ha superado en momentos los 100-120 dólares por barril) por disrupciones en el estrecho de Ormuz. Esto representa un riesgo inmediato y severo para República Dominicana, altamente vulnerable por su dependencia de combustibles fósiles importados (~70-75 % de la matriz energética), que no produce y debe comprar en mercados volátiles.
En este contexto, cobra especial relevancia el proyecto Manzanillo Gas & Power (Pepillo Salcedo, Montecristi), una iniciativa público-privada con inversión superior a 1.750 millones de dólares (financiamiento de 1.067 millones cerrado en enero 2026). Incluye una nueva terminal de importación, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado (GNL) y dos plantas de ciclo combinado que aportarán aproximadamente 840 MW (alrededor del 14-15 % de la capacidad instalada nacional) entre finales de 2027 e inicios de 2028. Este proyecto sustituye fueloil y diésel por gas natural más eficiente y menos contaminante, fortalece la seguridad energética y diversifica las rutas de suministro.
Estos eventos obligan al país a definir con urgencia qué modelo de soberanía eléctrica desea para las próximas décadas. La energía, los datos y la infraestructura digital convergen en un mismo tablero estratégico: lo que antes era solo un servicio público esencial se convierte en la base física de la economía digital, los centros de datos y la IA, pero también en un factor de seguridad nacional expuesto a choques geopolíticos.
El modelo eléctrico dominicano: fortalezas y distorsiones históricas
La Ley General de Electricidad 125-01 (2001) y el Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico establecieron un esquema liberalizado: el Estado como planificador y regulador, y el sector privado como principal operador en generación y distribución. Sin embargo, interferencias políticas recurrentes, subsidios masivos (más de RD$100 mil millones anuales en 2025), la construcción de Punta Catalina (con sobrecostos y reintroducción del Estado como generador), falta de límites a la propiedad cruzada y ausencia de planificación consistente han erosionado este modelo.
Resultado: un sistema híbrido ineficiente con alta dependencia de combustibles fósiles importados (~70-75 %), pérdidas totales del sistema muy elevadas (alrededor del 42 % en 2025: ~38,8 % no facturadas + 3,5 % facturadas pero no cobradas), tarifas residenciales altas (0,18-0,21 USD/kWh) y subsidios que distorsionan el mercado y limitan inversión en redes y renovables. Fuentes: Ministerio de Energía y Minas (MEM), CREES (marzo 2026), Superintendencia de Electricidad (SIE), CNE y OLADE.
Durante las discusiones iniciales de la reforma eléctrica y el proceso del Pacto Eléctrico, Guatemala fue citada frecuentemente como modelo regional de referencia. Ambos países impulsaron reformas similares en los años noventa, con participación privada en generación y distribución y el Estado como planificador y regulador. Sin embargo, sus trayectorias divergieron: Guatemala mantuvo una aplicación consistente de su marco regulatorio, con pérdidas de transmisión y distribución de solo 9-10 %, frente a más del 35 % (y hasta 42,3 % en 2025) en República Dominicana. Esta brecha también se refleja en las tarifas residenciales, que en Guatemala se sitúan entre 0,12 y 0,15 USD/kWh.
Más allá de Guatemala, resulta útil comparar la experiencia de otros países de la región con condiciones similares a las dominicanas: clima tropical, exposición a huracanes o sequías, economías abiertas al turismo y la inversión internacional, y sistemas eléctricos de tamaño relativamente pequeño. Costa Rica, Panamá y Guatemala comparten estas características y, además, compiten directamente con República Dominicana por inversión extranjera, desarrollo turístico y nuevas infraestructuras tecnológicas.
Benchmark regional cuádruple
República Dominicana vs. Costa Rica vs. Panamá vs. Guatemala (Condiciones climáticas y económicas comparables en Centroamérica y el Caribe)
| Aspecto clave | República Dominicana | Costa Rica | Panamá | Guatemala | Lección estratégica |
|---|---|---|---|---|---|
| Dependencia fósil importada | Alta (~70-75 %) | Muy baja (~1-2 %) | Media (~30-40 %) | Media (~35-40 %) | Diversificación reduce vulnerabilidad energética |
| Matriz renovable | ~25 % | 98-99 % | 60-70 % | 60-65 % | La transición energética es viable en economías tropicales |
| Pérdidas del sistema eléctrico | 35-42 % | 8-10 % | 7-12 % | 9-10 % | La eficiencia institucional es determinante |
| Tarifas residenciales (USD/kWh) | 0,18-0,21 | 0,12-0,15 | 0,10-0,18 | 0,12-0,15 | Sistemas eficientes reducen el costo al consumidor |
| Control institucional de activos clave | Mixto (exposición a capital global) | Alto (planificación estatal fuerte) | Alto (regulación estatal robusta) | Alto (regulación estable) | Instituciones sólidas mantienen equilibrio del sistema |
| Resiliencia climática | Media-baja | Alta | Alta | Alta | Planificación energética reduce vulnerabilidad climática |
Fuentes: Banco Mundial, IEA, CEPAL, Ministerio de Energía y Minas (MEM), CREES (2026), reguladores nacionales.
El contraste regional resulta revelador. Mientras Costa Rica, Panamá y Guatemala han logrado mantener pérdidas eléctricas por debajo del 10 %, República Dominicana continúa operando con niveles significativamente más altos. Esta brecha no responde únicamente a factores tecnológicos o geográficos, sino principalmente a la estabilidad institucional del sector eléctrico, la consistencia de las reglas regulatorias y la capacidad de planificación a largo plazo.
A diferencia de esos países, que además cuentan con sistemas eléctricos interconectados y mayores recursos renovables firmes como hidráulicos y geotérmicos, República Dominicana opera como un sistema eléctrico aislado. Esta condición insular obliga al país a ser más creativo, innovador y estratégico en la diversificación de su matriz energética para reducir su alta dependencia de combustibles fósiles importados.
En este contexto surge también un nuevo desafío con la expansión de la energía solar: la gestión de los excedentes diurnos de generación, conocido como curtailment (la reducción o desconexión forzada de generación renovable disponible) mientras plantas termoeléctricas fósiles continúan operando. Mientras en muchos países este fenómeno se mantiene en niveles bajos, en República Dominicana algunos operadores reportan reducciones significativamente mayores. Esto abre la discusión sobre la necesidad urgente de incorporar almacenamiento energético, redes más flexibles y nuevos esquemas de consumo.
Esta discusión tiene una dimensión económica clave: ¿quién debe financiar las infraestructuras de almacenamiento, redes flexibles y soluciones de flexibilidad? ¿El Estado, el mercado eléctrico, los propios proyectos de generación, o un esquema híbrido que combine los tres actores? La respuesta será parte central del modelo energético que el país defina en los próximos años.
Un desafío estructural pendiente
El país no puede seguir dando palos de ciego ni manteniendo incongruencias en el desarrollo y promoción de las energías renovables. A pesar de avances notables (alcanzar ~25 % de matriz renovable en cumplimiento de la Ley 57-07), persisten contradicciones graves: subsidios masivos a hidrocarburos (RD$16.942 millones proyectados para 2025, mucho más que los incentivos a renovables), desperdicio sistemático de energía solar vía curtailment mientras termoeléctricas fósiles operan por encima de límites legales, y decisiones históricas como Punta Catalina que reintrodujeron al Estado en generación con sobrecostos y retrasos, erosionando la coherencia del Pacto Eléctrico y desincentivando inversión privada en renovables. Estas incongruencias políticas y regulatorias han limitado la transición real y exponen al país a mayor vulnerabilidad ante choques externos. Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2025 (Gobierno de la República Dominicana). Subsidios a hidrocarburos proyectados: RD$16.942 millones.
Dato contextual: Entre 2021 y 2024 el Estado dominicano destinó más de RD$145.000 millones en subsidios a combustibles, según reportes del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
Concentración energética, gas natural y oportunidades territoriales
La terminal de gas natural de Andrés sigue siendo un monopolio funcional dominante. La posible adquisición de AES por un consorcio internacional podría reforzar esta concentración en generación térmica y gas.
Sin embargo, el proyecto Manzanillo Gas & Power introduce un cambio estructural importante al crear la segunda terminal de importación, almacenamiento y regasificación de GNL del país, junto con 840 MW de generación en ciclo combinado. Esto diversifica las rutas de suministro, reduce la dependencia de un solo actor y aporta mayor competencia en el segmento de gas natural.
El país debe buscar activamente la manera de evitar que se forme o mantenga un monopolio o una concentración excesiva de poder, aplicando límites claros y estrictos a la propiedad cruzada, promoviendo licitaciones transparentes y fortaleciendo la regulación para garantizar un mercado realmente competitivo y equilibrado.
El suroeste y el noroeste del país ofrecen condiciones excepcionales de radiación solar para polos de generación renovable a gran escala; mientras Manzanillo consolida el norte como polo de gas-to-power eficiente. Aprovechar ambos potenciales requerirá planificación integrada de redes de transmisión, almacenamiento energético y desarrollo regional equilibrado.
La convergencia con la economía digital
La inversión de Google de más de 500 millones de dólares para construir su primer puerto digital en América Latina posiciona a República Dominicana como nodo emergente en la infraestructura global de datos. Este tipo de proyectos suele preceder el desarrollo de centros de datos, servicios de nube y plataformas de inteligencia artificial, actividades altamente intensivas en consumo energético.
En el siglo XX la electricidad se veía principalmente como servicio público esencial; en el XXI adquiere una dimensión estratégica adicional: infraestructura fundamental para plataformas digitales, IA y redes globales de datos.
Dimensión ambiental: el agua como nuevo límite
Los centros de datos requieren grandes volúmenes de agua para enfriamiento de servidores de alto rendimiento. Grandes instalaciones pueden consumir hasta millones de litros diarios, dependiendo de su escala y tecnología.
Ante este desafío, empresas tecnológicas líderes y varios países incorporan metas de eficiencia hídrica, uso de agua reciclada y programas de reposición para compensar impactos.
El crecimiento acelerado de centros de datos ya genera debates en economías avanzadas. En Estados Unidos, autoridades y legisladores han advertido que esta expansión podría presionar las redes eléctricas y elevar precios de la energía si no se planifica adecuadamente. Este debate es una señal clara de precaución para países como República Dominicana que se integran a la infraestructura digital global. Fuente: The Guardian; Washington Post; E&E News — debates en EE. UU. sobre centros de datos e iniciativas del senador Bernie Sanders proponiendo una moratoria a nuevas instalaciones de IA.
En tal tenor, una recomendación clave para la planificación digital del país es incorporar desde el inicio criterios estrictos de sostenibilidad hídrica y eficiencia energética. Integrar estos estándares permitiría desarrollar infraestructura digital avanzada sin generar presiones adicionales sobre los recursos hídricos locales.
Desafíos
En el siglo XXI la soberanía energética no depende necesariamente de la propiedad estatal de los activos, sino de tres pilares fundamentales:
- Diversificación real de fuentes y reducción drástica de la dependencia fósil externa (hoy agravada por la guerra en Irán, pero mitigada temporalmente por proyectos como Manzanillo).
- Capacidad regulatoria fuerte, independiente y técnica (CNE y SIE con autonomía real).
- Resiliencia climática y ambiental integrada (almacenamiento, redes inteligentes, criterios hídricos y adaptación a huracanes/sequías y choques geopolíticos).
Costa Rica y Panamá demuestran que estos pilares son viables en contextos tropicales similares. República Dominicana debe corregir las distorsiones históricas del Estado (interferencias políticas, subsidios estructurales y falta de ejecución consistente) para avanzar hacia una soberanía moderna que combine el gas natural como puente eficiente con una acelerada transición a renovables, siempre evitando concentraciones monopólicas.
La adquisición de AES, la inversión de Google, la explosión de la IA, la guerra en Irán y el proyecto Manzanillo no son hechos aislados: marcan una nueva realidad donde energía, datos y soberanía se fusionan, y donde la dependencia de fósiles importados se convierte en un riesgo estratégico mayor, aunque el gas natural ofrece mayor eficiencia y estabilidad en el corto plazo. Es urgente abrir un debate sereno, informado y de largo plazo para arribar a un acuerdo nacional sobre el modelo energético que el país necesita (con mecanismos concretos como mesas técnicas, datos abiertos, auditorías independientes y seguimiento ciudadano). Las decisiones de hoy en regulación, planificación, diversificación renovable, almacenamiento, competencia real en el gas, sostenibilidad hídrica y fortalecimiento institucional definirán el desarrollo dominicano mucho más allá de un ciclo político.
Fuentes y referencias
Reuters; AES Corporation; Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2025; Ministerio de Energía y Minas (MEM); Superintendencia de Electricidad (SIE); Comisión Nacional de Energía (CNE); CREES; OLADE; Banco Mundial; IEA; CEPAL; BloombergNEF; The Guardian; Washington Post.
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