El poder de los pueblos

El presidente Luis Abinader está bajo ataques mordaces y calificativos de cobarde y blandengue tras su discurso de un minuto y un segundo, entrada la noche del lunes 4 de mayo de 2026, en el que ordenó la detención inmediata de todas las operaciones mineras del proyecto Romero, en la cordillera Central, municipio Juan de Herrera, provincia suroestana San Juan, a cargo de la empresa canadiense-dominicana GoldQuest Mining Corp.

Con menos cuidado que con el mandatario, los actores de la resistencia han recibido una andanada que abarca desde personajes pagados y oportunistas políticos, hasta gritarles que las minas no son de esos pueblos, sino del país; mandarles a alfabetizar en industrias extractivas e incitar al Gobierno para que no invierta en las provincias rebeladas.

Puro chantaje de quienes están del lado del oro (dinero) sin importar que la isla se hunda. Sin importar la vulnerabilidad medioambiental del suroeste y el estado de indefensión frente a las agresiones a sus recursos naturales que han dejado cráteres insalvables como los existentes en los yacimientos de bauxita de Pedernales hechos por las mineras Alcoa Exploration Company, Ideal y Dovemco, y ahora en agenda para profundizarlos en busca de tierras raras.

El mandatario fue oportuno, aunque su decisión no fue necesariamente adoptada según su argumento manifiesto sobre inviabilidad por falta de la “licencia social” establecido en la Ley 64 de 2000, de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Con información privilegiada a mano, en lo subyacente se trataría de una decisión obligada por el potente levantamiento social (paro general provincial y masiva marcha en una semana) que sucedió a la larga resistencia en la norteña provincia Santiago, segunda capital del país, escenario de guerras patrias, en rechazo a la explotación del oro y otros metales en la cordillera Septentrional, fuente de agua como la Central, pero también vórtice de una de las fallas tectónicas más activas en el presente.

El 4 de agosto de 1946, un seísmo con magnitud estimada entre 8 y 9 grados en la escala de Richter, con epicentro en la bahía Escocesa, destruyó la villa de Santiago, en Jacagua, al pie de la cordillera Septentrional, por lo cual la ciudad fue movida al lugar actual. El mismo terremoto estremeció el nordeste y provocó un maremoto que arrasó la comunidad de Matanzas, sureste de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez.

Las protestas actuales por el agua y la no explotación del oro, a la par con la grave crisis económica y la creciente inseguridad pública que mantienen a la sociedad en estado de estrés máximo, presagiarían altas probabilidades de una poblada y hasta riesgos de colapso del Gobierno.

El presidente Abinader termina su gestión de ocho años el 16 de agosto de 2028. La Constitución le prohíbe repostularse tras dos cuatrienios consecutivos.

La Academia de Ciencias y la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo han advertido que la explotación de la mina Romero causaría daños catastróficos a las fuentes hídricas de San Juan y las comunidades de las provincias vecinas Baoruco y Barahona, productoras de habichuelas, plátanos y otros rubros.

Pese al discurso mediático estandarizado, por concepto de servicio prestado, para defensa rabiosa a la explotación de los minerales con la bandera de “minería responsable” y desarrollo de las comunidades, provincias ricas en esos recursos, como Pedernales (bauxita, tierras raras), Monseñor Nouel (Níquel) y Sánchez Ramírez (oro y otros) evidencian mucha pobreza, pasivos ambientales nunca remediados, contaminación y enfermedades.

La deuda social acumulada en esos pueblos debería avergonzar al Gobierno, formateadores de opiniones y cuanto mortal se asuma como buen dominicano. Son comunidades empobrecidas hasta el tuétano, castradas desde sus cerebros, relegadas a la sobrevivencia. “Desarrolladas integralmente”, sí, pero en miseria, contaminación, enfermedades prevenibles, falta de educación y descomposición social.

Quienes están del lado del oro, o sea, del dinero por montones, no son pueblanos. Al menos, no se sienten como tales. Ellos y sus familias hacen sus vidas en las metrópolis, en RD y en el extranjero. No les duele el dolor de la miseria; solo la reseñan cuando la necesitan como justificación para lograr sus objetivos económicos.

Esos que desde lejos pregonan “minería responsable” no dañina para ríos y acuíferos, protectora de la biodiversidad y generadora de “bienestar general”, no viven en el corazón de la auyama; desconocen el estruendo de la dinamita en el corazón de las montañas y la expansión de las ondas hasta cuartear viviendas. Nunca han sufrido el sufrimiento de esos pueblos.

Son los mismos capaces de cualquier cosa si un osado hace ruido, lanza basura y aguas sanitarias siquiera cerca de los entornos de sus mansiones citadinas y sus villas campestres.

El presidente Abinader, casi al dejar el barco, debería sopesar muy bien si, aun con todo el poder, se vuelve testarudo y permite operaciones mineras (oro, plata, cobre, níquel, tierras raras) que, más allá de los discursos bonitos, en el terreno causen daños irreversibles a las comunidades y manchen el orgullo de su familia.

Porque, como sentencia el principio popular de perseverancia, “lo importante no es como comienzas, sino como terminas”.