El país que queremos: uno que pone a raya la corrupción y la impunidad

Este artículo quiero dedicarlo a la ciudadanía dominicana que, desde las primeras protestas de 2012 y hasta hoy, se involucró y ha luchado de manera firme y persistente contra la corrupción y la impunidad. Expresiones cívicas como Justicia Fiscal, Impunidad Cero, Poder Ciudadano y Las Cadenas Humanas, Somos Pueblo, Santiago Somos Todos, La Revuelta RD, Revolución Moral, Toy Jarto, el Centro Juan XXIII, Participación Ciudadana, la Marcha Verde, y a tantas otras iniciativas y personas que, desde distintos espacios, han sostenido con constancia la exigencia de transparencia, rendición de cuentas y dignidad institucional.

Este reconocimiento cobra especial sentido en el contexto en que la periodista Edith Febles pronunció su discurso al recibir un reconocimiento por su trayectoria en la lucha contra la corrupción [1], en medio de uno de los escándalos de mayor impacto de la presente gestión. En ese escenario, lejos de la complacencia o el cálculo político, Febles habló con crudeza y honestidad, recordando que es la ciudadanía consciente la que constituye “el verdadero muro contra la corrupción”, gente que sabe que el dinero público pertenece al pueblo, que vive de su trabajo, que ha sudado cada peso y que, aun así, ha caminado esperanzada por las calles, plantándole cara a la corrupción una y otra vez.

Sus palabras no apelaron al heroísmo individual, sino a la responsabilidad colectiva. Reconoció a esa gente que ha denunciado, que ha resistido, que ha soportado el desencanto y que, aun comprobando una vez más que la corrupción no tiene límites, entiende que esos límites solo puede ponerlos el país y su gente. Ese mensaje, pronunciado en un momento de hastío acumulado, no fue una consigna emotiva, sino una advertencia cívica.

Este texto también está dedicado a los periodistas que, como Edith Febles, han asumido que callar frente a la ignominia, el abuso de los recursos públicos y el menosprecio de la vida de la gente trabajadora, que es la mayoría, no es una opción, sino una renuncia ética. Sin una prensa que incomode, investigue y denuncie, la corrupción se normaliza y la impunidad se fortalece.

El llamado es igualmente para la clase política en su conjunto y, de manera particular, para el gobierno actual, para que ponga el oído en este anhelo colectivo, nacido de un hastío ciudadano que roza los límites de la tolerancia democrática y que ya no se conforma con gestos simbólicos ni respuestas coyunturales, sino que exige cambios reales, estructurales y sostenidos que frenen y prevengan la corrupción pública.

La corrupción en la República Dominicana se ha convertido en una verdadera maldición. Cuando Edith Febles afirma que “algo tiene que cambiar”, no formula una queja pasajera, sino un diagnóstico institucional que obliga a examinar, con urgencia, la manera en que el país fiscaliza, controla y vigila el uso del erario. Ese examen debe comenzar por el principal órgano llamado a ejercer la fiscalización política y que, en la práctica, ha incumplido reiteradamente su deber, el Congreso Nacional. Cuando la supervisión política, el control presupuestario y la vigilancia sobre los organismos del Estado fallan en el origen, la corrupción encuentra terreno fértil y se reproduce sin restricción.

Más que una crítica, este artículo busca dejar un camino, una ruta concreta para enfrentar esta degradación desde la raíz institucional. Porque nada cambiará mientras los mecanismos encargados de vigilar, impedir, investigar y controlar el uso de los recursos públicos sigan siendo ineficaces.

Muchos se frotan las manos desacreditando este esfuerzo colectivo de la ciudadanía. No entienden, o no quieren entender, que más allá de las siglas de cada iniciativa, está esa gente que no está dispuesta a rendirse.

El Congreso Nacional, la Contraloría, la DIGEIG y la Cámara de Cuentas: un sistema de control ineficaz

El Congreso Nacional es, por mandato constitucional, el principal órgano de fiscalización política del Estado. La Contraloría General de la República, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) están llamadas a ejercer, desde distintos ámbitos, el control interno, la prevención ética y la auditoría externa del uso del erario. En teoría, estos cuatro estamentos deberían funcionar de manera articulada, complementaria y permanente. En la práctica, operan de forma fragmentada, reactiva y sin coordinación efectiva.

Diversos análisis periodísticos y de opinión han señalado que la fiscalización política ha sido prácticamente inexistente [2], incluso ante señales evidentes de irregularidades en la administración pública. La ausencia de interpelaciones sustantivas, la escasa activación de comisiones investigativas y la débil revisión de las ejecuciones presupuestarias dejan sin respaldo al resto del sistema de control. Cuando el órgano llamado a ejercer la vigilancia política no actúa, los demás mecanismos pierden fuerza desde el origen.

En ese vacío, la Contraloría General de la República termina operando con un enfoque limitado y fragmentado, centrado en controles formales y posteriores, sin una articulación real con la fiscalización política ni con los mecanismos de alerta temprana. Esto reduce su capacidad de prevención y corrección oportuna, y convierte el control interno en un ejercicio tardío, cuando el daño ya está consumado.

La DIGEIG, por su parte, carece de autonomía operativa suficiente y de instrumentos eficaces para cumplir su rol preventivo. La propia dirección del organismo ha reconocido limitaciones internas que afectan su capacidad de supervisión y seguimiento [3]. Sus Comités de Ética Pública (CEP), instituidos en las distintas dependencias del Estado bajo su coordinación, presentan dependencia jerárquica, debilidad funcional y ausencia de protección efectiva al denunciante, lo que impide que funcionen como verdaderos radares institucionales.

La Cámara de Cuentas, finalmente, opera bajo un modelo predominantemente reactivo y lento, enfocado en auditorías posteriores que llegan cuando las irregularidades ya se han materializado. En la práctica, la CCRD se ha convertido en sinónimo de lentitud y ausencia de control preventivo. Su anuncio de que necesitaba alrededor de tres meses para entregar la auditoría del caso SeNaSa [4], mientras que el Ministerio Público logró reunir evidencias contundentes en cuestión de días, revela una falla estructural profunda. La entidad trabaja bajo un esquema reactivo, no preventivo, y aun contando con fondos asignados, no ha implementado la DIMEP, un sistema que permitiría auditorías en tiempo real y monitoreo continuo del gasto público. En estas condiciones, su rol como órgano superior de control externo se debilita de manera significativa. Un ente fiscalizador que llega tarde no previene, solo constata.

El resultado de esta desarticulación es un modelo de control que no actúa como sistema. Cada estamento opera en su propio carril, sin intercambio efectivo de información, sin protocolos claros de escalamiento y sin una lógica de prevención continua. Cuando la fiscalización política no empuja, el control administrativo se debilita. Cuando el control interno no alerta, la auditoría externa llega tarde. Y cuando la ética institucional no previene, la corrupción encuentra espacio para reproducirse sin restricción.

Por esa razón, este artículo no se limita a describir fallas aisladas. Al final se plantean propuestas orientadas a reconstruir la coordinación, independencia y eficacia de estos cuatro pilares, y a promover enérgicamente, desde la ciudadanía y la sociedad civil, un sistema de fiscalización que funcione de manera real, integrada y permanente.

Los consejos de administración: captura política y falta de supervisión

En la Administración Pública dominicana, los Consejos de Administración o de Dirección deberían constituir la primera línea de supervisión interna, el contrapeso técnico inmediato frente a la gestión ejecutiva y una barrera temprana contra la discrecionalidad administrativa. Son, en teoría, los órganos llamados a vigilar, cuestionar, corregir y orientar las decisiones estratégicas de las instituciones públicas. Sin embargo, en la práctica, ese rol ha sido ampliamente desnaturalizado.

Muchos de estos consejos han terminado convertidos en espacios de compensación política y clientelar, lo que explica por qué no cumplen la función para la cual fueron creados y operan de manera meramente formal, sin ejercer una supervisión real ni un contrapeso efectivo dentro del aparato estatal. En lugar de fiscalizar, con frecuencia validan decisiones ya tomadas; en vez de prevenir, reaccionan tarde o no reaccionan.

De igual manera, existen señales recurrentes sobre la asistencia irregular de algunos miembros a las sesiones de los consejos de administración o de dirección. Esta práctica, cuando ocurre, afecta la continuidad del seguimiento, empobrece la deliberación colegiada y limita la capacidad de estos órganos para ejercer una supervisión efectiva y oportuna, debilitando aún más su rol como primer nivel de control institucional. Cuando estos órganos colegiados no funcionan, el daño institucional es doble. Por un lado, se pierde el principal mecanismo interno de alerta temprana; por otro, se facilita la concentración irregular de poder en una sola figura ejecutiva, sin contrapesos efectivos. En ese contexto, las decisiones de alto impacto administrativo y financiero avanzan sin el debido escrutinio técnico ni político.

El caso reciente de SeNaSa ilustra con claridad esta fragilidad institucional. Decisiones de gran alcance fueron ejecutadas sin una supervisión efectiva del Consejo Directivo, lo que evidencia cómo la debilidad de estos órganos permite que las distorsiones se acumulen hasta convertirse en escándalos de gran magnitud. Un consejo que hubiera cumplido plenamente su función habría examinado, frenado o corregido esas acciones desde el primer momento.

Por su peso presupuestario, su impacto sistémico o la naturaleza de las decisiones que adoptan, la debilidad de ciertos consejos resulta particularmente crítica. Entre ellos se encuentran, entre otros, los consejos directivos de SeNaSa, el Consejo Nacional de la Seguridad Social, el Consejo Nacional de Educación, el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, el Consejo del Servicio Nacional de Salud, los consejos del INTRANT, INFOTEP, INDOTEL, así como los consejos de dirección de entidades financieras públicas. Cuando estos órganos fallan, el riesgo para la buena gobernanza y la integridad del gasto público se multiplica.

La inoperancia de los Consejos de Administración no es un problema administrativo menor. Es una falla estructural del sistema de control, que deja al Estado sin sus primeros mecanismos internos de supervisión y lo expone a errores, abusos y desviaciones que luego resultan mucho más costosos de corregir.

Publicidad estatal: una puerta abierta al mal gasto y la manipulación

La publicidad estatal debería limitarse a informar sobre salud, prevención y servicios públicos. Sin embargo, tras modificaciones legislativas, las instituciones pueden contratar publicidad de manera directa, lo que ha derivado en autopromoción, gasto excesivo y dependencia mediática que debilita el rol fiscalizador de la prensa. Esto constituye un riesgo permanente para la integridad del gasto público.

Organizaciones de la sociedad civil han denunciado un uso preocupante de los fondos públicos para publicidad estatal. Según Participación Ciudadana, el gasto en publicidad oficial se sextuplicó en el primer cuatrimestre de 2024 con respecto a 2023, sin que existan criterios claros de contratación ni trazabilidad de los beneficiarios de esos contratos, lo que viola la Ley de Compras y Contrataciones Públicas y alimenta la percepción de clientelismo mediático. Entre las instituciones con mayores incrementos se encuentran la Cámara de Diputados, el Ministerio de Turismo, Industria y Comercio, Supérate e INDOTEL, y aunque existe un decreto presidencial que prohíbe el uso de publicidad con fines políticos, su cumplimiento efectivo sigue siendo una preocupación pública [5].

La recién promulgada Ley de Compras y Contrataciones modificó la contratación de la publicidad, permitiendo la contratación directa por parte de cada institución, medida que afectó los controles, reduciendo la transparencia y dificultando la trazabilidad de los beneficiarios del gasto. Aunque existen disposiciones que prohíben el uso de publicidad estatal con fines políticos, su aplicación efectiva sigue siendo débil, una letra muerta, confirmando que el problema no es normativo, sino institucional.

Instituciones descentralizadas: autonomía sin vigilancia

Numerosas instituciones descentralizadas manejan grandes presupuestos con escasos controles. La autonomía sin auditorías frecuentes, sin controles cruzados y sin vigilancia del Congreso o la Cámara de Cuentas genera discrecionalidad, sobrecostos y opacidad. Es uno de los vacíos estructurales más peligrosos del sistema administrativo.

A este esquema de autonomía con supervisión limitada se suman algunos órganos constitucionales, como la Junta Central Electoral (JCE) y la propia Cámara de Cuentas, que manejan presupuestos relevantes y decisiones de alto impacto sin mecanismos efectivos de fiscalización externa, evaluación de desempeño ni controles preventivos continuos.

Megaobras y grandes proyectos: cuando la concentración de funciones debilita el control

La ejecución de megaobras públicas constituye uno de los espacios más sensibles del gasto estatal, tanto por el volumen de recursos involucrados como por la complejidad técnica, financiera y contractual que conllevan. Diversos análisis especializados han advertido que cuando la misma estructura institucional concentra decisiones sobre planificación, contratación, ejecución y operación, los mecanismos de control se debilitan y la transparencia se resiente.

En este contexto, se han señalado riesgos asociados a la alteración del principio de jerarquía normativa, cuando decretos o decisiones administrativas pretenden modificar o reinterpretar marcos legales aprobados por el Congreso, así como la confusión entre las funciones de operación y contratación de obras, lo que rompe la necesaria separación de roles y dificulta la fiscalización efectiva.

Estos cuestionamientos no son abstractos. Proyectos de alto impacto como la Autopista del Ámbar han sido objeto de debate público por estimaciones de costos, modificaciones de alcance y supuestos financieros, generando interrogantes sobre la planificación inicial y la razonabilidad del gasto [6]. De igual manera, el Monorriel de Santo Domingo ha concitado críticas por su proceso de estructuración, contratación y ejecución, incluyendo dudas sobre estudios previos, modalidades contractuales y esquemas de supervisión, según lo reflejado en distintos espacios de opinión y análisis técnico.

A estos casos se suman otros proyectos de infraestructura donde se repiten patrones similares: decisiones concentradas, información incompleta o fragmentada, avisos de plazos con tiempos limitados para que los oferentes realicen análisis adecuados y presenten propuestas, uso intensivo de decretos y limitada trazabilidad pública del proceso completo. En este contexto, también se ha denunciado en distintos espacios de análisis público la participación de empresas consultoras que elaboran estudios o recomendaciones, estando estas vinculadas a los intereses de uno de los oferentes, situación que plantea cuestionamientos legítimos sobre posibles conflictos de interés y que, además, tiende a favorecer a un actor específico, discriminando la posible participación de otros competidores. Estas prácticas, cuando no son debidamente controladas, incrementan el riesgo de sobrecostos, retrasos, adendas recurrentes y conflictos contractuales, con impacto directo sobre el erario y la confianza ciudadana.

Estos casos confirman que, sin reglas claras, controles independientes y transparencia en todo el ciclo del proyecto, las megaobras se convierten en uno de los puntos más vulnerables del gasto público y requieren correctivos estructurales de carácter preventivo.

Compras por excepción y emergencia: un uso que debe ser restringido

La Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas contempla modalidades de contratación por excepción y por emergencia, diseñadas para situaciones extraordinarias que impiden recurrir a los procedimientos ordinarios. Sin embargo, numerosas publicaciones periodísticas y análisis especializados han advertido que la amplitud de estos supuestos y su uso recurrente han debilitado el principio de excepcionalidad, abriendo espacios a la discrecionalidad administrativa [7].

Las críticas se concentran en la flexibilidad excesiva de las declaratorias, la limitada motivación técnica de las decisiones, la reducción de la competencia entre oferentes y la debilidad de los controles posteriores. En un contexto donde la fiscalización política es insuficiente y los órganos de control actúan de manera reactiva, estos mecanismos terminan convirtiéndose en una vía frecuente de contratación, afectando la transparencia y la eficiencia del gasto público.

Más que eliminar estas modalidades, resulta indispensable acotarlas con criterios objetivos, reforzar la justificación técnica de cada declaratoria, someterlas a auditorías obligatorias posteriores y garantizar la publicación íntegra y oportuna de los contratos y sus modificaciones. Estas medidas deben integrarse a las recomendaciones generales del artículo, como parte de una reforma orientada a cerrar espacios a la discrecionalidad y fortalecer la integridad del sistema de compras y contrataciones.

Nóminas públicas: uno de los principales focos de distorsión

Las nóminas estatales siguen siendo uno de los espacios más vulnerables: nóminas paralelas, pagos sin funciones reales, duplicidades y ausencia de verificación cruzada. La falta de auditorías permanentes permite que estas distorsiones se normalicen. Un Estado que no controla su nómina pierde el control de su gasto.

Esta vulnerabilidad ha sido documentada recientemente en reportajes de investigación que identifican anomalías en las nóminas de al menos 18 instituciones públicas, incluyendo entidades de alto impacto operativo como la CAASD, INAPA y el CUSEP. Los hallazgos apuntan a pagos irregulares, inconsistencias administrativas y debilidades en los controles internos, confirmando que el problema no es aislado ni marginal, sino sistémico. Estos casos refuerzan la evidencia de que el Estado continúa detectando distorsiones a posteriori, cuando el daño ya está hecho, en lugar de prevenirlas mediante controles permanentes y verificación cruzada en tiempo real [8].

Declaraciones juradas: una ley que se incumple y no se aprovecha

La Ley 311-14 establece la obligación de presentar declaraciones juradas de bienes al inicio y al final del ejercicio de la función pública. Sin embargo, su aplicación ha sido deficiente. Persisten altos niveles de incumplimiento por parte de funcionarios y legisladores, y aun cuando se realizan jornadas especiales para recibirlas, no existe un sistema sistemático de verificación patrimonial antes y después del cargo.

Más grave aún, las declaraciones juradas se han reducido, en la práctica, a un requisito formal de entrega, desaprovechando su verdadero potencial como herramienta de control, prevención y detección de la corrupción. La información declarada rara vez es analizada de manera integral, comparada con los ingresos reales del funcionario o utilizada como insumo para auditorías e investigaciones. En consecuencia, el instrumento existe, pero no cumple su función esencial dentro del sistema de fiscalización.

Referencias internacionales: mecanismos que sí funcionan

La experiencia comparada demuestra que la fiscalización efectiva no depende solo de leyes, sino de mecanismos que obligan al poder a rendir cuentas de manera permanente. En distintos países se han implementado observatorios ciudadanos del Parlamento, sistemas de evaluación pública del desempeño legislativo, audiencias obligatorias con ministros, portales de transparencia en tiempo real y, en algunos casos, mecanismos de revocatoria. Estas experiencias confirman una premisa esencial: los órganos políticos solo fiscalizan de forma consistente cuando saben que están siendo fiscalizados por la ciudadanía.

Recomendaciones para el estado

El Estado debe reconstruir su sistema de control con un enfoque preventivo, coordinado y verificable.}

El Congreso Nacional debe ejercer de manera activa su función fiscalizadora, interpelando, investigando y exigiendo rendición de cuentas, así como garantizando el respeto a la jerarquía normativa y la separación de funciones en grandes proyectos públicos. Debe exigir a la Cámara de Cuentas la implementación inmediata de la DIMEP, con plazos y seguimiento público.

La Cámara de Cuentas debe abandonar el enfoque reactivo y adoptar auditorías en tiempo real, priorizando áreas de alto riesgo como nóminas, compras por excepción, publicidad estatal y megaobras.

La DIGEIG debe fortalecerse con autonomía real, protección efectiva al denunciante y trazabilidad de denuncias.

Los Consejos de Administración o de Dirección deben contar con mecanismos verificables de supervisión y rendición de cuentas, que permitan evaluar el cumplimiento efectivo de sus funciones. Esto exige la publicación periódica de la asistencia de sus miembros, los temas conocidos, las decisiones adoptadas y los resultados de las votaciones, así como la revisión y actualización de sus normas de gobernanza, para fortalecer los controles internos y evitar que su rol de supervisión se reduzca a un ejercicio de formalidad estética.

El sistema de compras y contrataciones debe acotar estrictamente los mecanismos de excepción y emergencia, reforzando su justificación técnica y su control posterior.

Acelerar y fortalecer la aprobación de una Ley de Publicidad Oficial del Estado, con criterios claros de transparencia, publicidad de contratos, límites a la contratación discrecional y mecanismos de control ciudadano y técnico, en línea con los principios establecidos en el anteproyecto del CES en discusión [9]. Esta ley debe garantizar que la publicidad estatal cumpla fines informativos de interés público y no se utilice para autopromoción o para influir en contextos electorales.

El control de las nóminas públicas debe realizarse mediante un sistema unificado con verificación cruzada obligatoria, que integre al MAP, la CGRD y la DGII, para detectar de forma automática anomalías. Este mecanismo debe complementarse con auditorías periódicas y un régimen claro de responsabilidades y sanciones, de modo que el control de nóminas deje de ser reactivo y pase a ser preventivo, apoyándose además en las iniciativas de modernización existentes sin sustituir la necesidad de controles interinstitucionales efectivos.

El cumplimiento y aprovechamiento de las declaraciones juradas exige su integración a un mecanismo obligatorio de análisis patrimonial, que compare de forma sistemática el patrimonio inicial y final con los ingresos percibidos. Para ello, la Cámara de Cuentas debe coordinar con la DGII, el sistema financiero y otros registros públicos, y aplicar sin excepciones ni prórrogas las sanciones establecidas por la ley ante el incumplimiento, la omisión o la falsedad de la información declarada. Sin verificación ni sanción efectiva, la declaración jurada seguirá siendo un trámite vacío.

Recomendaciones para la ciudadanía

La ciudadanía debe ejercer una fiscalización constante y organizada del poder público. Lo que implica crear observatorios del Congreso, evaluar públicamente a los legisladores, utilizar de manera sistemática la Ley de Acceso a la Información Pública y condicionar el voto al desempeño real en materia de control y rendición de cuentas.

La prensa, la academia y la sociedad civil deben articular alianzas permanentes para dar seguimiento continuo a las instituciones clave, evitando que los escándalos se diluyan sin reformas estructurales.

Crear una campaña de exhortación a los servidores públicos comprometidos con el cumplimiento de las leyes a denunciar de manera responsable cualquier anomalía evidente, abuso o incumplimiento del que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones, contando con canales seguros y protección efectiva al denunciante.

La presión cívica pacífica y sostenida sigue siendo una herramienta legítima para recordar que la lucha contra la corrupción no se delega: se ejerce.

Conclusión

La corrupción no es el fallo de una sola institución, sino el resultado de un sistema que no vigila, no detecta y no actúa oportunamente.

La recuperación de una democracia plenamente funcional es una tarea indispensable a procurar en paralelo, pero este artículo se concentra en cerrar los espacios institucionales que permiten que la corrupción se reproduzca, con el fin de restringirla a su mínima expresión. Sin ese paso, cualquier esfuerzo posterior será insuficiente.

La ciudadanía tiene un rol insustituible en este esfuerzo. La fiscalización del poder no se delega ni se agota en el voto, pero el voto sigue siendo una herramienta decisiva cuando se ejerce de manera consciente e informada. Exigir rendición de cuentas, mantener la vigilancia cívica y votar teniendo presente el desempeño real de quienes aspiran a ejercer el poder es indispensable para evitar que estas prácticas se normalicen y para acompañar cualquier intento serio de cerrar los espacios donde hoy se reproduce la corrupción.

Referencias

[1] Discurso de Edith Febles en reconocimiento por su trayectoria anticorrupción.

[2] Acento Opinión: ¿Fiscaliza el Congreso? — Por Servio Tulio Castaños Guzmán; Acento Opinión: El Congreso y su rol fiscalizador — Por Fernando Peña; Diario Libre — Opinión sobre rol fiscalizador del Congreso; El Nuevo Diario — Editorial sobre control político y fiscalización; Participación Ciudadana — Informe o análisis sobre rol del Congreso y fiscalización; y CREES — Análisis de gobernanza y falta de controles políticos efectivos.

[3] Circular oficial de la DIGEIG sobre funcionamiento de los Comités de Ética Pública.

[4] Declaraciones públicas de la Cámara de Cuentas sobre auditoría a SeNaSa.

[5] Informe de Participación Ciudadana sobre gasto en publicidad estatal.

[6] Autopista del Ámbar: su costo equivale a más de 400 km de carreteras turísticas – Por EH+; El Nuevo Diario Opinión: Monorriel de Santo Domingo: Decidir con datos, no con marcas; operar versus contratar: El nudo legal del Metro y FITRAM; Un tren fuera de control: Opacidad, captura institucional y concentración de poder en el mayor proyecto de transporte del Gobierno — Por Carlos Bonnelly Ginebra;

[7] Diario Libre: Emergencia eléctrica: el límite jurídico de los procesos de excepción en compras públicas – Por Yulibelys Wandelpool [8] Reportaje de investigación sobre anomalías en nóminas públicas (El Quinto Elemento TV).           [9] Proyecto de Ley de Publicidad Oficial del Estado