El país no resiste más parches: es hora de encarrilarlo

La República Dominicana ha demostrado durante décadas una capacidad notable para crecer, atraer inversión y proyectarse como una de las economías más dinámicas de la región. Hemos fortalecido el turismo, desarrollado zonas francas, ampliado exportaciones e impulsado la infraestructura. Esos avances son reales y sería injusto ignorarlos.

Sin embargo, junto a ese crecimiento se ha ido profundizando una brecha que cada vez más dominicanos perciben en su vida cotidiana: la distancia entre los indicadores macroeconómicos que celebramos y la calidad de vida que experimenta una parte importante de la población. El crecimiento ha llegado, pero sus beneficios no siempre se han traducido con la misma velocidad en instituciones más sólidas, servicios públicos más eficientes, ciudades más habitables, energía confiable, seguridad jurídica robusta ni oportunidades sostenibles para todos.

Y ahí radica una de nuestras mayores contradicciones como nación. El país no está corto de diagnósticos, ni de talento, ni de propuestas. Lo que seguimos sin consolidar es la voluntad de sostener el rumbo, asumir costos políticos de corto plazo y convertir consensos técnicos en verdaderas políticas de Estado.

Esa realidad, que durante años muchos ciudadanos, profesionales y analistas han venido señalando, hoy es expresada con creciente claridad por voces de gran peso en el liderazgo nacional. Marisol Vicens ha advertido sobre la debilidad institucional, la cultura de incumplimiento y la dificultad histórica de asumir los costos políticos que exige corregir problemas estructurales. Ligia Bonetti ha planteado que enfrentamos una oportunidad histórica con el nearshoring,  pero que podríamos perderla si no cerramos brechas en energía, talento, tecnología y credibilidad institucional. Frank Rainieri ha llamado la atención sobre los riesgos de seguir expandiendo polos turísticos e inmobiliarios sin planificación territorial ni visión de largo plazo. Y Javier Tejada lo resumió con una frase que debería convertirse en brújula nacional: “El desafío no es crecer más, sino crecer mejor.”

A estas voces se suman las de ANJE, que en marzo de 2026 insistió en la necesidad de implementar la reforma fiscal y el Pacto Eléctrico como reformas estructurales impostergables; economistas como Isidoro Santana y Francisco Tavárez, que señalan la reforma fiscal como la principal reforma pendiente para financiar adecuadamente al Estado; y el propio FMI, que en noviembre de 2025 instó al Gobierno dominicano a implementar el Pacto Eléctrico para reducir los riesgos fiscales

Lo más revelador es que estas voces no hablan de problemas aislados. Desde la justicia, la empresa privada, el turismo, la competitividad y la gobernanza, todas describen distintas manifestaciones de una misma realidad: la necesidad urgente de pasar del crecimiento por inercia a una verdadera arquitectura nacional de desarrollo. Durante demasiado tiempo hemos medido el éxito por cifras de crecimiento, inversiones captadas, turistas recibidos o obras inauguradas. Todo eso importa y sería injusto desconocer los avances. Pero el verdadero desarrollo debe medirse también por la calidad de nuestras instituciones, la trazabilidad de las decisiones, la eficiencia del gasto público, la resiliencia de nuestras ciudades y la capacidad de las políticas para sobrevivir más allá de los ciclos políticos.

En distintos artículos he insistido en que muchos problemas no nacen solo de mala ejecución. En demasiados casos, nacen con defectos de diseño. Es decir, falta de integración institucional, ausencia de indicadores claros, responsables poco visibles, discontinuidad presupuestaria y escaso blindaje frente al cambio de gobierno. Cuando eso ocurre, no construimos políticas de Estado; construimos ciclos de reinicio. Cambian los actores, cambian los nombres de los programas, cambian los discursos, pero los problemas estructurales permanecen.

El país incluso cuenta con una Estrategia Nacional de Desarrollo al 2030, un instrumento diseñado precisamente para comprometer al Estado y a los actores políticos, económicos y sociales con una visión de largo plazo. El problema no es que no exista. Es que en la práctica ha sido ignorada.

En esa misma línea, Carlos Bonnelly Ginebra lo resumió en días pasados con una frase tan sencilla como contundente: “La solución no es crear más instituciones, es hacer funcionar las que ya existen.”

Un ejemplo actual de esta realidad lo estamos viendo con las dificultades que enfrenta la propuesta del gobierno de ajustes presupuestarios y recorte del gasto público, incluyendo la reducción de fondos a los partidos políticos. Más allá del debate puntual sobre la medida, el episodio vuelve a evidenciar lo mismo: cuando las reformas se intentan impulsar en medio de una crisis, sin consensos previos ni una cultura sostenida de corresponsabilidad fiscal, lo que debió ser una discusión estructural termina convirtiéndose en otro conflicto coyuntural.

El país no carece de propuestas serias en materia fiscal. Instituciones técnicas, economistas independientes, juristas y organizaciones sociales llevan años planteando rutas viables, incluida la exigencia de que cualquier reforma tributaria se procese dentro de un verdadero pacto nacional. El problema no es la falta de insumos. Es que seguimos sin convertirlos en decisiones. Porque la sostenibilidad fiscal no comienza cobrando más. Comienza gastando mejor.

Resulta difícil hablar de sostenibilidad fiscal mientras seguimos manteniendo estructuras que duplican funciones, subsidios que muchas veces terminan financiando ineficiencias históricas, gastos que dejaron de responder a prioridades nacionales o esquemas de asignación de recursos que no siempre permiten una trazabilidad clara. Por eso, cada vez que surge una crisis internacional y aparecen medidas coyunturales de ahorro, inevitablemente afloran las mismas preguntas: ¿por qué seguimos reaccionando cuando las crisis nos obligan, en lugar de ejecutar reformas estructurales cuando todavía tenemos margen para decidir con serenidad? La sostenibilidad fiscal no comienza cobrando más. Comienza gastando mejor, eliminando lo que no agrega valor y alineando cada peso público con una verdadera visión país.

Algo similar ocurre con el sistema eléctrico, quizás uno de los ejemplos más costosos de cómo el país ha venido administrando consecuencias en lugar de corregir causas. No podemos hablar seriamente de competitividad, industrialización avanzada, nearshoring o soberanía tecnológica mientras seguimos arrastrando pérdidas acumuladas, subsidios crecientes y decisiones estructurales que distintos gobiernos han postergado durante décadas. Por eso resulta insuficiente destacar en la factura eléctrica cuánto subsidia el Estado sin explicarle al ciudadano que una parte importante de ese subsidio no es solo política social: es el costo de pérdidas técnicas, fraude, debilidades en la cobranza e ineficiencias operativas acumuladas. Transparencia no puede significar mostrar una cifra. Transparencia también implica decir con honestidad por qué seguimos pagando, año tras año, el costo de problemas que el país debió haber enfrentado hace mucho tiempo.

El territorio nos envía señales igualmente claras. No habrá turismo sostenible ni ciudades habitables si seguimos creciendo sin ordenamiento territorial real, uso racional del suelo y planificación de nuestros asentamientos humanos. La expansión urbana, turística e inmobiliaria avanza más rápido que la capacidad institucional de ordenarla. Y esa brecha tiene varias caras, todas serias: la del desarrollo privado que históricamente ha crecido sin planificación territorial ni mecanismos reales de inclusión para las comunidades locales; la de campesinos asentados por el propio Estado que nunca recibieron títulos formales y quedaron atrapados en una promesa incumplida mientras el desarrollo avanzaba a su alrededor; y la de quienes aprovechan precisamente esa debilidad para usurpar tierras y operar dentro de las grietas de un sistema registral que aún no garantiza certeza ni equidad. Resolver esto exige más que voluntad política: requiere que la jurisdicción inmobiliaria funcione con la independencia, la capacidad técnica y la transparencia que su rol exige, y que el registro de la propiedad deje de ser un espacio donde gana el más hábil en lugar del que tiene el derecho legítimo. Las rutas para lograrlo existen y han sido discutidas. Pero eso merece una conversación aparte.

El debate sobre la posible explotación minera en San Juan de la Maguana lo ilustra bien: más allá de estar a favor o en contra de un proyecto específico, lo que el episodio revela es que la República Dominicana aún carece de una metodología nacional robusta y transparente para manejar conflictos estratégicos donde se cruzan desarrollo económico, recursos naturales, sostenibilidad ambiental y vocación territorial.

Cuando están en juego el agua, la agricultura, la seguridad alimentaria o la vocación productiva de una región, el debate ya no puede ser simplemente económico ni simplemente local. Se convierte en una decisión de país. Y un país serio no improvisa ese tipo de decisiones: las institucionaliza. Las procesa con evidencia científica independiente, participación comunitaria informada y una verdadera licencia social, es decir, el acuerdo previo de las comunidades afectadas, antes de comprometer recursos que pueden impactar generaciones enteras.

A esto se suma la seguridad jurídica, pilar esencial del Estado de Derecho y preocupación creciente para familias, productores, desarrolladores e inversionistas. No puede hablarse seriamente de competitividad, desarrollo inmobiliario, expansión turística o crecimiento productivo mientras persistan conflictos de títulos, ocupaciones ilegales, lentitud procesal, incertidumbre registral o debilidad en la protección efectiva de la propiedad privada.

Nada de lo anterior será sostenible sin una educación que forme no solo técnicos competentes, sino ciudadanos críticos, responsables y comprometidos con el bien común. Una democracia saludable no se sostiene únicamente con crecimiento económico. Se sostiene también con cultura cívica, pensamiento crítico y corresponsabilidad social. Y ninguna de esas cosas surge sola: se cultivan, o se descuidan.

No es una voz solitaria la que hace este llamado. Desde ANJE hasta el FMI, desde Participación Ciudadana hasta los principales economistas del país, el diagnóstico es el mismo: el país tiene los instrumentos, los pactos y los consensos. Lo que no ha tenido es la disciplina colectiva de sostenerlos.

La pregunta ya no es si el país necesita cambiar. La verdadera pregunta es cómo logramos, por fin, convertir tantos diagnósticos, propuestas y consensos acumulados en decisiones sostenidas. Y ahí debemos atrevernos a hacer algo distinto. La República Dominicana necesita convocar un verdadero proceso nacional de escucha, priorización y encarrilamiento, no como otro ejercicio protocolar ni como otra mesa para producir documentos que luego terminan archivados, sino como un compromiso nacional serio, medible y verificable.

Un proceso que convoque al Poder Ejecutivo, al Congreso Nacional, a los gobiernos locales, a las organizaciones y partidos políticos, a los principales actores del sistema de justicia y del Poder Judicial, al sector privado, a las universidades, a los gremios profesionales, a la juventud, a la diáspora y a la sociedad civil organizada, con un objetivo claro: identificar las prioridades estructurales que estamos dispuestos a asumir como políticas de Estado durante los próximos diez, quince o veinte años, comprometiéndonos públicamente con metas verificables, responsables visibles y mecanismos permanentes de seguimiento ciudadano.

Lo que necesita este país no es otro diagnóstico: es la decisión de actuar sobre los que ya tiene. Eso exige traducir el conocimiento acumulado en prioridades nacionales concretas, sostenerlas con continuidad más allá de los ciclos políticos y comprometerse públicamente con metas verificables y responsables visibles. Porque el país no resiste más parches. Es hora de encarrilarlo.