El nuevo Código Penal y la medicina dominicana: ¿protección o daño para el paciente?

En las últimas semanas, numerosos médicos dominicanos han expresado su preocupación por las implicaciones que el nuevo Código Penal (Ley 74-25) podría tener sobre el ejercicio de la medicina.

Lo que quizá no se ha comprendido suficientemente es que no se trata de un problema de los médicos, sino de todos los ciudadanos que, tarde o temprano, podrían convertirse en pacientes y necesitar atención médica en la República Dominicana.

Se ha dicho que el nuevo código busca proteger al paciente y se presenta como el argumento principal para motivar esta reforma.

En la actualidad, si un paciente muere o no logra los resultados esperados en el proceso médico, es su derecho demandar al médico y si se determina que hubo mala práctica, el médico se ve obligado a pagar una indemnización a su paciente o sus familiares.

Evidentemente si el juez con base en los peritajes y las opiniones técnicas que reciba, considera que se actuó de acuerdo con la lex artis o buena práctica médica, y las complicaciones estaban dentro de las posibilidades, se supone que descargará al médico de responsabilidad.

Debemos señalar que la medicina no es una ciencia exacta, como por ejemplo la matemática o la física, por tanto, ningún médico, por capacitado que sea, nunca está 100% seguro de un diagnóstico o un tratamiento.

Se trabaja con probabilidades sustentadas en la mejor evidencia científica disponible, no con certezas absolutas. Esa es una limitación inherente a la práctica médica.

Si el médico incurre en una actuación por debajo del estándar profesional esperado, su paciente podría complicarse y hasta morir. En este caso, podría ser acusado de homicidio involuntario y el juez lo enviaría a la cárcel, como un delincuente cualquiera.

Se ha creído la premisa de que una amenaza penal a los médicos mejorará la medicina. Sin embargo, hubo tiempos en la historia en que los médicos eran incluso ejecutados si el paciente moría y aunque esas conductas fueron descartadas la medicina ha seguido desarrollándose.

Laboro en un hospital de tercer nivel, reconocido dentro y fuera del país. Con un personal altamente calificado y con protocolos de trabajo que procuran emular los de los mejores centros hospitalarios del mundo.

Tuvimos una reunión de información y orientación buscando hacernos más minuciosos o detallistas en la aplicación de esos protocolos y desarrollar nuestras especialidades de forma más defensiva. Sin embargo, esa legislación no es solo para hospitales de alta complejidad, sino que es una ley nacional, por lo que afectará a todo tipo de centro de salud.

Siendo coherentes, cuando dicho código entre en vigor, habría que considerar si se clausuran más de la mitad de los centros médicos que funcionan en nuestro país. Quedando muchas provincias sin ninguna atención médica, pública ni privada.

Demandar, condenar y encarcelar al único médico disponible en una comarca distante, por impericia o ejercicio inadecuado de la práctica médica, dejaría dicha población sin ningún tipo de atención médica y con poca posibilidad de sustituirlo adecuadamente.

Tal vez los legisladores no estén pensando en ese médico en condiciones precarias y en cambio su interés se enfoca en centros de alto nivel socioeconómico. Pero la ley no es selectiva.

Hay un principio general del periodismo de investigación y del análisis político y económico que señala, que para comprender quién se beneficia realmente de un hecho, conviene examinar el flujo del dinero.

Este código necesariamente encarecerá los servicios de salud. Obviamente el médico deberá aumentar su formación (lo que requiere gastos de tiempo y dinero), deberá adquirir equipos más costosos y destinar fondos para protegerse. Por supuesto, si aumentan sus gastos, aumentará el costo de sus servicios.

Hasta el momento sólo parecen haber mejorías económicas para abogados y empresas aseguradoras.

Resulta inevitable recordar que hace apenas unos años esos mismos profesionales arriesgaban su propia vida durante la pandemia de COVID-19 mientras la sociedad los reconocía como héroes. Hoy muchos sienten que se les considera potenciales delincuentes por ejercer una profesión que, por su propia naturaleza, nunca ofrece certezas absolutas

Los profesionales de la medicina se encuentran entre las profesiones que manejan los peores niveles de estrés, ansiedad, depresión, burnout y cargas laborales excesivas. Por lo que organismos internacionales han recomendado ocuparse de la salud mental del personal médico.

Aparenta ser inevitable que este código aumente el grado de temor, ansiedad, inseguridad, depresión y actitudes defensivas en los médicos.

Cuando un médico comienza a pensar primero en cómo evitar una acusación penal y después en cuál es el mejor tratamiento para el paciente, la práctica médica cambia profundamente. Aparecen más estudios innecesarios, más referencias a otros especialistas, mayor rechazo de los pacientes de alto riesgo y decisiones orientadas a proteger al profesional más que al enfermo. Ese fenómeno, conocido como medicina defensiva, termina perjudicando precisamente a quien la ley pretende proteger.

Un médico no necesita ser egoísta para evitar un paciente complejo; basta con que perciba que el costo personal de atenderlo (incluida una posible condena penal) supera el beneficio esperado.

La sociedad tiene derecho a exigir una medicina segura y los pacientes merecen estar protegidos frente a la negligencia. En eso difícilmente alguien discrepe. La verdadera pregunta es si convertir el error médico en un problema penal hará que tengamos mejores médicos y mejores hospitales o, por el contrario, una medicina más temerosa, más costosa y menos accesible. Ojalá que, en el intento de proteger al paciente, no terminemos perjudicándolo.

Referencias:

República Dominicana. (2025). Ley núm. 74-25 que instituye el Código Penal de la República Dominicana. Gaceta Oficial de la República Dominicana.

World Health Organization. (2022). Health and care worker mental health. WHO.