El motor como patente de corso

La semana pasada, el país se indignó con la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, producto de las heridas provocadas por una turba de motoristas que lo persiguieron, lincharon y apuñalaron en las calles de Santiago ante la mirada indiferente de las autoridades circundantes.

En las redes sociales la indignación fue dirigida al hecho de que Deivy Carlos Abreu fue grabado en vídeo y no asistido inmediatamente por quien tomaba el vídeo. Eso es una conversación aparte y, si bien es preocupante porque se ve cómo nadie intervino en la ayuda del herido, lo ocurrido no es más que una demostración de la falta de seriedad de todos los gobiernos de regular correctamente el transporte en motocicleta por "miedo" al costo electoral que esto implica.

Desde hace años hemos sido testigos de un total relajamiento de la fiscalización y regulación de los motoristas por parte de las autoridades. Ya no hay esfuerzo para que se registren, sacaron una normativa técnica para el casco que no han podido ejecutar, no hay sanciones ni tampoco consecuencias algunas para la gran mayoría de los motoristas a nivel nacional.

Sé que no es correcto generalizar, querido lector/a; pero prefiero que mejor se ponga el sombrero si le sirve, aun cuando es sabido que, si tiene una KTM o una Benelli o alguna otra marca de motor diferente a Bajaj, Supergato, Yamaha 115, etc., sí está sujeto a regulación y fiscalización de los agentes de la DIGESETT.

Algunos dirán que lo ocurrido en Santiago es propio de la desconfianza en la justicia que pueden tener las personas, en el entendido de que cualquier reclamo no sería atendido en tiempo oportuno. Pero realmente, en cualquier accidente de tránsito donde esté involucrado un motorista, la posibilidad de que este obtenga una sentencia gananciosamente favorable es muy alta y es el día a día en los tribunales ver decisiones a su favor, aun cuando no portan licencia de conducir, no utilizan cascos, cometen imprudencias o se van en rojo.

Entonces la muerte de Deivy Carlos Abreu no fue porque el sistema de justicia no responde los reclamos de los motoristas; sino que se trató precisamente de la demostración de que hay impunidad y pueden hacer lo que quieran. Tener un motor, por lo visto, es una patente de corso. Y los motoristas están conscientes de ello.

Por eso es normal conocer o ver publicaciones periódicas de personas (principalmente mujeres) agredidas por los motoristas debido a algún accidente o un pequeño roce, incluso en avenidas principales sin la intervención de los agentes de la DIGESETT. A esto sumemos las imprudencias generalizadas, el uso de las aceras, no respetar el sentido de las vías, la falta de registro puntual de los motores y motoristas, la total ausencia de licencia o permiso de conducir, en la mayoría de las ocasiones ni siquiera un seguro de ley tienen y, por supuesto, la enorme demanda de este tipo de transporte dada la ausencia de alternativas igualmente eficientes.

No podemos negar que nuestra realidad es que más del 60 % del parque vehicular se compone de motores, quienes brindan servicios de transporte y mensajería de alta demanda, y que son el nuevo símbolo del emprendimiento del dominicano que se rehúsa a los bajos salarios del mercado.

Pero precisamente por lo anterior es que resulta primordial ser estricto en la regulación. Tener un motor no es una patente de corso. No es un privilegio para los más vulnerables, pues lo que se fomenta con la extrema relajación de la fiscalización por parte de las autoridades es una jungla, un salvajismo que no podemos tolerar.

Y además es un sinsentido no hacer el esfuerzo necesario para llevar a la legalidad a la mayoría de los motoristas, pues hacerlo traería consigo más orden en nuestras ciudades, mejorando la seguridad vial y disminuyendo las tasas de siniestros en los que estos conductores están involucrados, lo que redunda en menos gastos en las emergencias de los hospitales públicos para que se destinen a otros asuntos serios.

Fiscalizar seriamente a los motoristas también es un asunto de seguridad interior, pues muchos robos y atracos son motorizados. Si se tienen los datos de que este vehículo es un instrumento importante para la ejecución de este delito, el registro es una medida preventiva fundamental; pero también permite sacar de circulación a aquellos que no cumplan con lo mínimo: cascos señalizados, chalecos reflectivos con la placa y demás asuntos que permitan identificar rápidamente a quien conduce.

Continuar en este desorden y barbarie es inadmisible si se cree en un verdadero desarrollo del país. Toca a las autoridades asumir su rol; en el corto plazo hay un costo político, pero a la larga hay grandes ganancias.