El gran reto de reducir la informalidad

Según la OIT y la CEPAL, más de 50% de la fuerza laboral de América Latina y el Caribe se encuentra en el sector informal, con grandes diferencias entre los países. Costa Rica, Uruguay y Chile con menos del 40%. En cambio, la situación más crítica es en Guatemala con un 77%, Perú con un 70%, Bolivia con un 57% y nuestro país 54%. En las zonas rurales y en la población indígena supera el 80%, afectando particularmente a las mujeres.

Durante más de 7 décadas, la existencia de una alta proporción de trabajadores por cuenta propia ha constituido un gran desafío para la seguridad social de América Latina. Existe un amplio consenso sobre la urgente necesidad de reducir el grado de informalidad imperante en la mayoría de los países de la Región. Existen muchos acuerdos y resoluciones, pero todavía con muy escasos resultados.

En la región existe un doble enfoque: 1) la informalidad como el incumplimiento de las disposiciones legales y de las obligaciones fiscales de las actividades productivas de los trabajadores autónomos o por cuenta propia, y 2) la informalidad como ausencia de protección social de los trabajadores y de sus familiares.

*Generalmente el primer enfoque antepone el interés fiscal al objetivo social*. Se establece un monotributo como un pago único de los impuestos a las ventas y a las ganancias, incluyendo aportes para salud y pensiones. Esta modalidad resulta atractiva para los profesionales independientes que perciben altos ingresos por el valor agregado de los servicios prestados a las empresas e instituciones del sector formal de la economía.

Sin embargo, en la práctica, el monotributo constituye una pesada carga para la mayoría de los trabajadores independientes con baja productividad, que producen y prestan servicios a pequeñas empresas, a familias y a consumidores individuales, Ya que en estos casos les resulta muy difícil transferir su costo a la mercancía, como hacen las grandes empresas.

*Uruguay y Costa Rica* cuentan con regímenes simplificados para micro y pequeñas empresas (MYPE) con impuestos y aportes a la seguridad social. *Chile* obliga a los trabajadores independientes a tributar y a cotizar para pensiones y salud, con pagos crecientes. En *Colombia* los autónomos cotizan para pensiones y salud a través de la PILA.

Brasil permite a los trabajadores independientes aportar como contribuyentes individuales al sistema de seguridad social. El Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) de *México* incluye beneficios de seguridad social para los autónomos y, aunque millones se han afiliado, *muchos otros millones prefieren permanecer en la informalidad*.

Para avanzar más rápidamente contra la informalidad es necesario priorizar la protección social sobre los aspectos fiscales.

El monotributo no ha tenido la suficiente aceptación popular por lo que no constituye la única ni la principal solución, ya que sus avances no han crecido a un ritmo suficiente para resolver el problema estructural de la informalidad. Sin descartarlo, se requieren otras opciones que antepongan el objetivo social sobre el fiscal.

Es imprescindible una mayor apertura conceptual para diseñar modalidades más acordes con las necesidades y las características de los diferentes segmentos de la informalidad, a fin de acelerar la afiliación de los trabajadores autónomos latinoamericanos a los sistemas de seguridad social de sus respectivos países.

La estrategia de reducir la informalidad mediante la protección social de los trabajadores por cuenta propia presenta muchas ventajas. Se trata de un aporte directamente vinculado a la solución real de dos de sus grandes problemas: 1) el acceso seguro al cuidado de la salud de su familia; y 2) el ahorro para el retiro.

Enfocado de esta manera, el aporte a la seguridad social tiene como contrapartida el acceso seguro a estos dos servicios esenciales. No se trataría de un pago de impuestos sin ninguna seguridad de retorno en servicios tangibles, sino esencialmente de la compra de una protección vital para la sobrevivencia de su propio negocio y de su propia familia.

La Fundación Seguridad Social Para Todos (FSSPT) considera que el Régimen Contributivo Subsidiado (RCS) constituye una solución viable y sostenible porque responde a la diversidad y complejidad de la informalidad estructural de nuestros países. El RCS requiere de una mayor y más profunda ponderación de parte de las autoridades sectoriales y nacionales.