El gobierno en su insondable laberinto

Tocado por la influenza, esta semana pensaba descansar. Sin embargo, el calor del momento me obliga a escribir la presente nota/reflexión que trataré de que sea breve.

El gobierno acaba de tomar 15 medias con la cual piensa detener una acentuación de la crisis migratoria que no deja de profundizarse como consecuencia directa del hasta indetenible deterioro político social e institucional de Haití. Además, por el crecimiento del sentimiento xenofóbico/racista en un significativo segmento de la población dominicana, construido sobre la base de una serie de mitos en todos los ámbitos de la vida política social y hasta académica del país.  Esos mitos han impedido un sereno enfrentamiento del tema migratorio y, además, afectan los niveles de aceptación del gobierno.

Los hechos acaecidos en este mes de abril y los que anuncian los grupos paramilitares en el discurrir del mismo evidencian que la cuestión migratoria ha tomado un camino cada día más difícil de controlar, no solo por las autoridades, sino para los promotores de esas acciones, tanto los actores visibles como aquellos que las promueven desde diversas instancias y formas. En ese sentido, la iniciativa del Ejecutivo de endurecer su política de control migratorio, a través de las anunciadas 15 medidas para tal fin, es entendible. Es evidente que con esas medidas se pretende dar un golpe de efecto para redimensionar el protagonismo del paramilitarismo en el ámbito de las migraciones y evitar que adquiera una peligrosa dimensión política.

Las medidas tienen elementos pertinentes, sobre todo las relativas a los controles fronterizos tanto para evitar el tránsito y trata de personas, como las tendentes a las regulaciones de los intercambios de mercancías, pero aún son enunciados que requieren precisiones. ¿Cómo lograr erradicar la corrupción y la cadena mandos y peajes la trata de personas, cuales mecanismos de control se crearán para evitar los abusos y extorsiones a los apresados? Una cuestión delicada es la idea de involucrar a los gobiernos locales en los procesos de repatriaciones. No pocas veces algunas de esas autoridades se han arrojado el derecho de involucrarse en acciones persecutorias contra migrantes y lo resultados han sido nefastos. Entre las medidas hay cuestiones de difícil cumplimiento práctico y otras que de aplicarse platearían cuestiones legales y de derechos humanos.

En lo relativo a la llamada dominicanización de la mano de obra en los sectores turismo y zonas francas, se plantea discutir se un acuerdo tripartito para incrementar el salario en un 25-30%, de generalizarse ese incremento en el sector construcción que es, junto agropecuario, el sector que mayor cantidad de mano de obra extranjera demanda y donde se busca el mítico 80-20, se produciría un incremento inmediato del costro de la construcción y se traduciría en un significativo incremento del costo de la vivienda. La mecanización de ciertos trabajos requiere recursos, constancia y apertura mental. Requiere tiempo En este volátil momento de los aranceles es poco viable que a corto plazo se logren esos objetivos. Hay que entender que tema salarial, en última instancia, no es lo que determina que la mano de obra nacional realice determinadas labores, no las hace porque las considera socialmente degradadas.

En cuanto al tema de la instalación de agentes de migración en los hospitales para controlar el acceso de usarías indocumentadas, extranjeras o de origen, hay que tener presente que muchas de estas son compañeras de trabajadores legales, si ellas no han regularizado sus estatus es porque ningunos de los estados a los que de alguna manera están vinculadas han sido incapaces de resolverlos. Si después de ser atendidas las mandan hacia Haití, estaríamos ante un hecho de separación de familias, dejarían a sus compañeros e hijos. Un lacerante drama humano. Inmediatamente se abrirán los contenciosos internacionales de los cuales seriamos seguros perdedores. No podemos pelearnos con organismos internacionales en este momento en que la solidaridad entre los pueblos constituye la mejor y única forma de vivir en un mundo que se encuentra patas arriba.

Preocupa, en ese tenor, que los estudios y aplicación de las nuevas normativas migratorias ante el deterioro de la situación haitiana estarán dirigidas por el señor Milton Ray Guevara, responsable de la Sentencia 168-13, un transgresor del sagrado principio doctrinario del Derecho: la irretroactividad de la ley. Esa Sentencia, nos puso al centro de numerosos contenciosos internacionales en tema de migración. Por eso, repudiándolo, Hugo Tolentino Dipp, primer impulsor de la fundación del PRM, le devolvió un libro y una carta que aquel le enviara. Un momento como este requiere actitud de diálogo, de búsqueda de iniciativas tendentes a establecer un clima de sosiego y justicia. Las personas que se encarguen de dirigir este proceso deben ser de perfil absolutamente contrario a quien ha sido nombrado comisionado ejecutivo de las nuevas normativas migratorias en estos momentos.

Puede entenderse que la complejidad del momento dificulte el planteamiento de una propuesta bien fundada y exquisitamente detallada para facilitar su implementación, pero lo que no se entiende es porque no acudir a personas son solvencia ética, profesional y equilibradas para dirigir este delicado momento de profunda crisis política y social en torno al tema migratorio.