Rosita Charles fue una víctima del sistema. Murió esperando una respuesta del Estado para el reconocimiento de su nacionalidad y la de sus tres hijos.
El reciente asesinato de la joven dominicana de ascendencia haitiana, ocurrido en la comunidad de Maizal, provincia de Valverde, ha vuelto a evidenciar las graves deficiencias del Estado dominicano en la protección de las mujeres, especialmente aquellas de ascendencia haitiana. Rosita fue asesinada el lunes por su expareja, en un hecho que refleja la persistente crisis de violencia de género en el país.
Charles Pierre, junto a sus nueve hermanos, nació en territorio dominicano de padres extranjeros vinculados a la industria azucarera. Todos fueron incluidos como beneficiarios de la Ley 169-14 bajo el literal B, pero han quedado sin documentación y sin una salida jurídica efectiva debido a la falta de procesos para la renovación o entrega de documentos nacionales.
La falta de mecanismos reales de prevención y el miedo que enfrenta esta población para presentar denuncias ante el sistema judicial se debe al vencimiento de la documentación emitida en la aplicación de la Ley 169-14. Esto, sumado a la indiferencia institucional para resolver la situación, convierte al Estado en cómplice de las agresiones y de la violencia física y sexual que sufren las mujeres dominicanas de ascendencia haitiana.
Es urgente que el Estado dominicano cree vías legales efectivas para el reconocimiento de la nacionalidad de las personas dominicanas de ascendencia haitiana
Aunque la Procuraduría Especializada en Violencia de Género se ha mostrado abierta a recibir denuncias, las mujeres sin documentación o con documentos vencidos temen salir de sus hogares y acudir ante las autoridades, porque sin papeles se convierten en víctimas potenciales de las autoridades migratorias. Por ello, muchas prefieren seguir soportando el maltrato de sus agresores, parejas, empleadores e incluso vecinos, una situación que genera un clima de impunidad que perpetúa el ciclo de violencia.
La muerte de Rosita Charles es un recordatorio doloroso de esta realidad.
Es importante señalar que la violencia y las agresiones sexuales contra mujeres sin documentación o con documentos vencidos aumentaron después de que el Presidente de la República anunciara disposiciones para realizar deportaciones masivas en un corto período.
La ausencia de respuestas para la población dominicana de ascendencia haitiana, junto con el discurso xenófobo, ha sido un factor determinante en el incremento de agresiones físicas, muertes materno-infantiles, violencia sexual y feminicidios, como en el caso de Rosita.
Es urgente que el Estado dominicano cree vías legales efectivas para el reconocimiento de la nacionalidad de las personas dominicanas de ascendencia haitiana. Asimismo, que ponga fin a una práctica discriminatoria que profundiza la exclusión y la vulnerabilidad de esta población.
La muerte de Rosita Charles se convierte así en un símbolo de la urgencia para la creación de una solución real, duradera y efectiva a la situación de las personas nacidas en la República Dominicana antes de la Constitución de 2010.
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