El derecho a la dignidad en el ocaso de la vida

El desarrollo de la República Dominicana no puede medirse únicamente a través de indicadores macroeconómicos agregados como el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) o la inversión en infraestructura urbana. El verdadero indicador de sostenibilidad y madurez institucional de un Estado radica en su capacidad para garantizar el bienestar de sus ciudadanos, especialmente al término de su vida productiva.

Tras múltiples décadas de contribución directa e indirecta a la economía nacional, todo trabajador indefectiblemente enfrenta un retiro que coincide con una etapa de vulnerabilidad biológica, propensión a enfermedades crónicas y el natural proceso psicológico de asimilación de la finitud. En este escenario, la seguridad social no debe operar bajo una lógica estrictamente mercantil, sino como un mecanismo de retorno de la riqueza colectiva que el ciudadano ayudó a edificar.

En la actualidad, el sistema previsional dominicano, regulado por la Ley 87-01 y fundamentado en el esquema de capitalización individual administrado por entes privados, presenta fallas estructurales que comprometen su objetivo fundamental. Las proyecciones de las tasas de reemplazo indican que las pensiones resultantes serán insuficientes para cubrir el costo de la canasta básica familiar, condenando a una gran parte de los futuros jubilados a la precariedad material. Esta realidad se ve severamente agravada por las características estructurales del mercado laboral, caracterizado por una tasa de informalidad laboral que supera el 56%, lo que interrumpe la densidad de cotización de los trabajadores y los excluye de una protección efectiva en la vejez.

Ante este panorama, se hace imperativo plantear reformas estructurales audaces que persigan la equidad y la justicia fiscal. Una alternativa orientada a resolver el déficit de protección consiste en el diseño de un pilar solidario o un mecanismo de pensión garantizada equivalente al salario completo percibido por el trabajador en su etapa activa. Para viabilizar financieramente un modelo de esta envergadura, el Estado dominicano tendría que asumir de manera subsidiaria la cobertura de la diferencia entre lo acumulado individualmente y el salario real. La sostenibilidad de esta transferencia pública dependerá necesariamente de una reingeniería profunda del sistema tributario.

La propuesta técnica para financiar este esquema debe vincularse directamente a una reforma fiscal integral que optimice la recaudación del Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) y las contribuciones sobre las nóminas formales. Dado que el ITBIS es un impuesto al consumo que pagan de manera universal todos los ciudadanos —formales e informales— a lo largo de su vida, su uso como fuente de financiamiento previsional representa un acto de estricta justicia distributiva: el esfuerzo fiscal indirecto de décadas retorna al ciudadano cuando más lo necesita. Sin embargo, para que este mecanismo sea viable, el Estado debe enfrentar con urgencia los altos niveles de evasión de este impuesto y diseñar exenciones selectivas que eviten que la carga financiera penalice a los quintiles más vulnerables de la población.

Financiar la dignidad de la tercera edad no debe interpretarse como un gasto público improductivo, sino como una inversión estratégica en cohesión y paz social, emulando los principios de universalidad de los modelos europeos o de aseguramiento social avanzado como el de Japón. Asimismo, relegar a los adultos mayores a un rol de pasividad económica y asistencialismo devela una preocupante miopía estructural. Las sociedades avanzadas reconocen que la experiencia acumulada y el capital cognitivo de este segmento de la población constituyen una ventaja competitiva de alto valor.

La República Dominicana debe transitar hacia un modelo que aproveche el conocimiento de sus técnicos e intelectuales retirados. En lugar de promover el ostracismo laboral absoluto, las instituciones públicas y privadas deben formalizar canales de mentoría, consultoría estratégica y resolución de conflictos comunitarios. El cese del esfuerzo físico exigente no tiene por qué traducirse en el cese de la relevancia social y productiva del individuo.

La reestructuración del sistema de pensiones dominicano hacia un modelo de salario garantizado, respaldado subsidiariamente por el Estado mediante ingresos fiscales eficientes, es un desafío complejo pero ineludible. La transición hacia una sociedad verdaderamente próspera requiere que el crecimiento económico se traduzca en una red de protección social robusta. Solo mediante el equilibrio entre la viabilidad técnica de los impuestos y la voluntad política de redistribución, el país podrá saldar su deuda histórica con la clase trabajadora y garantizar un porvenir de dignidad.

En resumen, para lograr una vejez digna en la República Dominicana, se deben abordar tres ejes clave:

1. Deber estatal ante el fallo del sistema: El modelo actual de capitalización individual es incapaz de proveer retiros dignos. El Estado tiene la obligación moral y legal de proteger al trabajador en su etapa de mayor vulnerabilidad biológica y psicológica.
2. Salario completo e ITBIS: Se propone una reforma previsional donde cada jubilado reciba el 100% de su último salario. El Estado cubrirá el déficit utilizando la recaudación del ITBIS y los impuestos a las nóminas, transformando este tributo histórico en un retorno directo de bienestar.
3. Rol social activo: La vejez no es una carga, sino una ventaja competitiva de conocimiento. Deben crearse canales formales para integrar la experiencia y sabiduría de los adultos mayores en mentorías y consultorías estratégicas, garantizando su continua relevancia social.