El cooperativismo bajo la sombra del gran capital

En este mes de octubre, mientras celebramos el Mes del Cooperativismo y aplaudimos el impacto de la economía solidaria en el desarrollo nacional, entre bastidores se libra una batalla silenciosa que podría cambiar para siempre el mapa financiero de la República Dominicana. Bajo la atractiva bandera de la «modernización y la seguridad sistémica», el Poder Ejecutivo, empujado por el Banco Central y los organismos internacionales, insiste en un proyecto de ley que busca trasladar la regulación de las cooperativas de ahorro y crédito abiertas a la Junta Monetaria y a la Superintendencia de Bancos.

A simple vista, prometer mayor supervisión suena responsable. Sin embargo, cuando se analiza el trasfondo técnico y social, queda en evidencia un interés cuasi oculto: homogeneizar el sistema para eliminar las ventajas comparativas de la economía solidaria, pavimentando el camino para que el gran capital bancario termine concentrando, aún más, el ahorro nacional.

Los promotores de la «receta bancaria» suelen justificar su intervención alegando que el sector cooperativo opera en una especie de limbo salvaje. Nada más alejado de la realidad. En materia de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, las cooperativas dominicanas están sometidas rigurosamente a la ley 155-17 y bajo la lupa de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), aplicando los mismos controles de cumplimiento que cualquier banco múltiple.

Asimismo, mientras los bancos dependen de un encaje legal inmovilizado en el Banco Central, las cooperativas de ahorro y crédito sostienen por ley reservas generales de un 15% o más de sus excedentes netos. Este es colchón de solvencia interno, financiado por los propios socios, que ha demostrado una resiliencia histórica envidiable. Si revisamos la historia financiera del país, los grandes fraudes y quiebras sistémicas que han puesto a temblar la estabilidad nacional no han nacido en las asambleas cooperativas; han surgido en las oficinas de la banca comercial regulada.

El verdadero nudo del conflicto no es técnico, es territorial y económico. Cuando un banco tradicional abre una sucursal en un pueblo del interior, opera como un canal de succión: capta el ahorro de los comunitarios y lo traslada a su sede central en Santo Domingo o Santiago para financiar torres de lujo, grandes corporaciones o compra de títulos del Estado. El porcentaje de crédito que regresa a ese pueblo es mínimo.

La cooperativa, por el contrario, defiende el principio de la territorialidad. El dinero captado en el pueblo se queda en el pueblo. Se transforma en el microcrédito para el agricultor, el préstamo para el colmado, el salón de belleza, la vivienda del vecino y en inversión social directa (becas, salud, obras comunitarias).

Si la Superintendencia de Bancos asume el control, aplicará las métricas de Basilea. Obligar a una cooperativa a exigir a un productor informal del campo los mismos requisitos burocráticos y garantías que pide un banco comercial, provocaría una exclusión financiera masiva. Al no poder colocar los créditos localmente bajo esas reglas asfixiantes, las cooperativas se verán forzadas a sacar el dinero de sus comunidades para invertirlo en la capital, destruyendo el círculo virtuoso de la economía local.

El peligro de desnaturalización llega al extremo de amenazar la soberanía de los asociados. En una cooperativa, la Asamblea General de Socios rige democráticamente el destino de sus excedentes en base al principio de «un socio, un voto». Pero la lógica de la Superintendencia de Bancos no es social, es de riesgo. Bajo el nuevo esquema, el regulador bancario tendrá la facultad de vetar directivos elegidos democráticamente si no cumple con perfiles corporativos rígidos y, peor aún, podrá congelar la distribución de excedentes para obligar a la institución a acumular reservas bancarias. Esto despoja al asociado de su beneficio legítimo y hiere de muerte la esencia de la ayuda mutua.

El cooperativismo no le teme a la fiscalización; le teme a la asfixia intencionada. El argumento de que el IDECOOP necesita una reforma es totalmente válido. Históricamente, la institución ha sido tratada como un botín electoral, una cuota política propensa al clientelismo y al descuido técnico. Pero la solución no es destruir el modelo mudándolo a la acera de la banca de lucro.

La verdadera defensa del interés de los asociados exige un pacto político y social en el Congreso Nacional para Aprobar la transformación del IDECOOP en una Superintendencia de Cooperativas Autónoma, financieramente independiente del presupuesto estatal y blindada por una carrera administrativa técnica, donde los supervisores entren por concurso y no por favoritismo partidario. Establecer una regulación especializada y proporcional, que supervise con rigor digital y en tiempo real a las grandes instituciones, pero midiendo el riesgo bajo naturaleza solidaria y no bajo regla del máximo beneficio corporativo.

En este mes del cooperativismo, defender a las cooperativas es defender la descentralización de la riqueza y el único escudo financiero que tienen las provincias frente a la voracidad del gran capital. La regulación debe de servir para proteger al socio, jamás para entregar su esfuerzo al banquero.