En la República Dominicana el término Compliance dejó de ser un concepto importado que sonaba bien en conferencias. Hoy forma parte del vocabulario regular de instituciones públicas y privadas que han entendido que, sin controles reales, no hay gestión que se sostenga.

No se trata de llenar carpetas ni de repetir discursos; se trata de asumir la transparencia como método de trabajo.

La Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo impulsó ese cambio. Desde su aprobación, instituciones privadas, empresas, despachos profesionales, cooperativas y organismos públicos tuvieron que revisar la forma en que documentaban sus operaciones: ¿cómo evalúan riesgos?, ¿qué controles tienen activos y cuáles existen solo en papel?

Muchos descubrieron que cumplir la ley implica mucho más que declararlo.

Mientras ese ajuste avanzaba en el ámbito privado, ya en el sector público se habia consolidado otro pilar fundamental. En el año 2011, la Contraloría General de la República formalizó las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI), incorporando orden, reglas mínimas y una visión de control inspirada en estándares COSO[1]en la Administracion Publica.

Hoy, el Compliance y las NOBACI persiguen objetivos similares: anticipar riesgos, reducir improvisaciones y fortalecer la capacidad institucional para rendir cuentas. Esta coincidencia abre la puerta a algo que el país ha esperado por años: una articulación coherente entre los modelos de compliance que observan integridad, etica, calidad, desarrollo del talento humano, transparencia y evaluacion de resultados, que hoy coexisten en los sectores público y privado.

En este punto entran tambien las normas ISO[2], un conjunto de estándares internacionales creados para asegurar criterios uniformes en la gestión organizacional.

En República Dominicana, varias instituciones han avanzado de manera notable en este proceso. El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) obtuvo las primeras certificaciones internacionales: ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO37001:2016, ISO23001:2019 y la ISO37301:2021. Estos modelos aportan calidad, seguridad, continuidad, antisoborno y cumplimiento regulatorio.

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) también logró certificaciones muy importantes: ISO37001 (antisoborno) e ISO37301 (cumplimiento), fortaleciendo la transparencia de sus procesos. A esto se suma un elemento clave: la DGII registra un 100 % de implementación de las NOBACI, demostrando que ambas estructuras pueden convivir y potenciarse mutuamente.

La Unidad de Analisis Financiero (UAF) aplica normas ISO como la ISO9001:2015 (gestión de la calidad) y la ISO31000 (gestión de riesgos) mejorando asi la administración de sus procesos. En adicion a esto, está certificada tambien NORDOM[3] ISO9001, coincidiendo tambien con normativas internacionales como las 40 Recomendaciones del GAFI[4].

El Ministerio de Hacienda, por su parte, ha incorporado normas ISO en áreas estratégicas, principalmente ISO37001, ISO37301, con el fin de reforzar la transparencia y el cumplimiento especialmente en lo relativo a los procesos de contrataciones públicas.

Otro caso destacable es el del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), que ha implementado ISO9001 (calidad) e ISO27001 (seguridad de la información), además de renovar certificaciones como la ISO9001:2008. Esenciales para garantizar la trazabilidad, el resguardo de datos y la correcta acreditación ante entidades de evaluación en sectores altamente sensibles como la certificación digital.

Estos logros no son trofeos; significan disciplina, esfuerzo y un nivel de madurez institucional que muy pocas veces es reconocido, los cuales coinciden tambien de manera sustancial, con las exigencias de la Ley 155-17 y con los principios del Compliance, además de armonizar con estándares de buenas prácticas de origen local o internacional.

Sin embargo, las normas, leyes y certificaciones no operan solas. Requieren dirección, exigencia y una cultura organizacional que premie el buen trabajo y no la improvisación.

Por eso es que insisto, que el país tiene una oportunidad excepcional para articular de manera concluyente, amplia y constante estos esfuerzos, creando una cultura de cumplimiento bien planificada, sobre la base de objetivos claros y fuertes niveles de supervisión; tomando en consideracion que hoy contamos con un marco regulatorio sólido, una presión local e internacional que reclama por mayor transparencia, y un sector privado que ya entiende que el Compliance es un activo reputacional.

Si el Estado decide integrar de manera formal el Public Compliance, expandiendolo hacia toda la administracion publica de manera transversal, coordinándolo con las NOBACI, las Normas ISO, no sería un ejercicio teórico ni tampoco una utopía, sería una mejora posible, oportuna y sostenible para una administración pública que todavía lucha por recuperar la confianza de su ciudadanía.

[1] Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)

[2] International Organization for Standardization (ISO)

[3] Normas Dominicanas (NORDOM)

[4] Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

Fausto Fernández

Abogado de profesión y oficio, labora en BIAGGI, S.R.L.como Abogado Asociado y Oficial de Cumplimiento. Miembro activo de la World Compliance Association (WCA) y del Colegio de Abogados de la República Dominicana.

Ver más