El acceso a las playas y el turismo: no desaprendamos lo aprendido

Es por todos conocida la célebre frase del reconocido filósofo y escritor español George Santayana, escrita en su libro La vida de la razón: “Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo.” Esta reflexión nos recuerda que debemos estudiar y aprender de los errores y aciertos del pasado para evitar reincidir en los mismos problemas.

En los últimos días, cada vez que leo en los medios de comunicación, especialmente en las redes sociales, el debate relativo al derecho que tenemos los dominicanos al uso de nuestras playas —derecho consagrado en el artículo 15 de la Constitución de la República—  tengo la impresión de estar reviviendo una discusión que, en su momento y en varias oportunidades, ocupó la atención del país hace ya más de veinte años.

Educar al dominicano ha sido siempre una tarea compleja, sobre todo porque adolecemos de políticas públicas capaces de garantizar un sistema educativo con, al menos, los niveles básicos de calidad que requiere cualquier nación para su adecuado desarrollo.

Sin embargo, el turismo, uno de los principales pilares de la economía nacional, ha logrado, a pesar de las limitaciones de nuestro sistema educativo, desarrollarse bajo altos estándares internacionales, permitiéndonos afirmar que nuestro país constituye hoy un verdadero caso de éxito a nivel mundial.

El crecimiento del sector turístico ha traído consigo el desarrollo de numerosas comunidades del interior del país y ha sido el resultado de muchos años de trabajo de líderes tanto del sector público como del privado, quienes, con visión y coherencia, comprendieron la importancia de conducir con prudencia cada uno de los pasos necesarios para garantizar el crecimiento y la estabilidad de esta industria.

El conflicto en torno al uso de las playas por parte de los dominicanos, quienes con toda razón reclamamos nuestros espacios, lo vivimos en diversas ocasiones desde los años noventa, justo cuando comenzó el boom de los grandes hoteles en Punta Cana. Posteriormente, en 2005, cuando se implementó el exitoso y visionario Programa de Regeneración de Playas, volvimos a experimentar fuertes controversias en las que la población reclamaba, al igual que hoy, su derecho a utilizarlas. La diferencia es que entonces no existían tantas redes sociales. Aun así, se produjeron importantes enfrentamientos en las principales playas del país, especialmente en Puerto Plata, Punta Cana y Juan Dolio.

A medida que crecía la inversión extranjera y se instalaban grandes cadenas hoteleras, los dominicanos fuimos comprendiendo la importancia estratégica del turismo y, de manera casi imperceptible, permitimos que esta actividad se desarrollara de forma ordenada y sostenible. Lo hicimos porque comprobamos que su éxito se traducía en beneficios para todos. Miles de dominicanos trabajamos en esta industria y entendemos que debemos protegerla.

Cuando se presentó el Programa de Regeneración de Playas, el mayor desafío estaba representado por los vendedores ambulantes, quienes entendían, que durante años la playa había sido su lugar de trabajo y que la llegada de grandes inversionistas amenazaba su principal fuente de sustento. Por ello, el mayor reto con el que tuvimos que trabajar —y me incluyo— fue concienciar tanto a esos vendedores como a muchos ciudadanos sobre la importancia de ofrecer al turista no solo playas limpias y organizadas, sino también una imagen de seguridad y orden.

Con ese propósito se trabajó junto a sociólogos, líderes comunitarios y representantes regionales, quienes contribuyeron a que muchos ciudadanos comprendieran por qué era necesario apoyar una adecuada organización de las playas.

Poco a poco se lograron importantes avances. Personalmente, tuve la oportunidad de viajar con un grupo de vendedores ambulantes de la playa de Juan Dolio hasta Puerto Plata, cuya regeneración ya había concluido, para que conocieran de primera mano la transformación alcanzada y la manera en que entendíamos que ese cambio también podía beneficiarlos.

En aquella época, las encuestas de satisfacción realizadas a los turistas reflejaban una queja constante: el sentimiento de asedio provocado por la insistencia y, en ocasiones, la agresividad de algunos vendedores al ofrecer sus productos y servicios. Era la época en que veíamos a nuestros vecinos haitianos elaborando trenzas para los visitantes o vendiendo pinturas; a artesanos ofreciendo collares de caracoles y a mis amigos de la Asociación de Lambiceros intentando convencer a los turistas de degustar un exquisito lambí.

Como parte del Programa de Regeneración de Playas, se promovió, de común acuerdo con el sector privado, la creación de mercados artesanales dentro de los hoteles de la zona. De esta manera, los vendedores continuaban teniendo la oportunidad de comercializar sus productos en espacios organizados y previamente coordinados con los establecimientos hoteleros.

En cuanto al acceso de los dominicanos, y en cumplimiento de las disposiciones constitucionales, se construyeron en muchos casos pasos públicos que facilitaban la entrada a las playas. Dichos accesos implicaban, naturalmente, ciertas regulaciones orientadas a preservar el orden, la seguridad y el respeto tanto al derecho colectivo de disfrute como a la inversión privada. Durante muchos años, este tema parecía haber quedado superado.

Los hoteleros y desarrolladores de proyectos inmobiliarios invierten cada año importantes recursos en la limpieza, seguridad y mantenimiento de esas playas. Es precisamente por ello que los propietarios de viviendas y apartamentos dentro de estos complejos pagan elevadas cuotas mensuales de mantenimiento. Si el Estado asumiera plenamente la administración y conservación de las playas, entonces estaría en mejores condiciones de ofrecer servicios adecuados para el disfrute masivo de la población.

En este momento, lo correcto sería que el Gobierno, a través del Ministerio de Turismo y en coordinación con las demás instituciones competentes, elaborara un reglamento nacional para el uso de las playas y realizara las inversiones necesarias para garantizar su mantenimiento, limpieza, seguridad y adecuado ordenamiento.

Sería conveniente, además, tomar como referencia países como España, donde miles de kilómetros de costa reciben cada año a millones de personas bajo un marco normativo claramente establecido. España posee cerca de 10,000 kilómetros de litoral y el uso de estos espacios está regulado mediante normas nacionales, autonómicas y municipales.

En términos generales, las actividades en las playas españolas se encuentran reguladas por la Ley de Costas de 1988. Esta legislación establece, entre otros aspectos, la prohibición del estacionamiento y circulación no autorizada de vehículos sobre la playa, además regula temas como el consumo de tabaco, la disposición de residuos, el uso de sombrillas, la presencia de mascotas, los baños públicos o incluso la posibilidad de acampar, dependiendo de cada comunidad autónoma.

Con el ritmo de crecimiento que experimenta nuestro turismo, el país debería aspirar no solo a mantener todas sus playas limpias y organizadas, sino también a incorporar herramientas técnicas que permitan gestionar adecuadamente la capacidad de carga turística y, específicamente, la de las playas. Esta metodología combina criterios científicos y de gestión para determinar el número máximo de personas que pueden utilizar simultáneamente un espacio costero sin afectar los ecosistemas, deteriorar la experiencia del visitante ni sobrecargar los servicios disponibles.

Ahora que, a mi juicio, se ha destapado innecesariamente una caja de Pandora cuyas repercusiones podrían generar efectos indeseables tanto para nuestros inversionistas como para los propios dominicanos, considero oportuno explicar nuevamente aquello que pensábamos ya habíamos aprendido: la enorme importancia que tiene el turismo para nuestro país y la perfecta posibilidad de compartir, con respeto y educación, un mismo espacio.

Estoy convencida de que, una vez se establezcan las regulaciones necesarias para el uso de nuestras playas y se impulse una amplia campaña de educación y concienciación ciudadana, los dominicanos comprenderemos la importancia de disfrutar responsablemente de estos espacios, así podremos seguir disfrutando del extraordinario patrimonio natural que hemos heredado y, al mismo tiempo, preservar la actividad turística como uno de los principales motores del desarrollo económico y social de nuestro país.