El 2026, año de los derechos de los estudiantes

La educación preuniversitaria de la República Dominicana, en estos tiempos, le pone atención especial a la educación moral y cívica, al programa STEM (Ingeniería, lengua, matemáticas y tecnologías), a la lectura y a la escritura. Sin duda, estos programas son pertinentes y pueden ayudar a un mayor fortalecimiento de los aprendizajes de estudiantes y docentes. En las instituciones de educación superior, se trabaja la asignatura que aborda la Constitución de la República Dominicana. La profundización sobre la Constitución es un proceso que acentúa la educación ciudadana y que permite un conocimiento fundamentado de los principios, valores y regulaciones que rigen la vida del país. Este conocimiento habilita a los estudiantes y a los formadores con referentes políticos, democráticos, sociales y jurídicos para un ejercicio ciudadano informado y con sentido.

Los estudiantes dominicanos, desde hace varias décadas soportan huelgas frecuentes, promovidas por la Asociación Dominicana de profesores (ADP). El procedimiento utilizado ordinariamente -ante las huelgas- es que los estudiantes se marchan a sus casas. Abandonan los centros educativos sin un plan de contingencia que les permita aprovechar el tiempo en sus respectivos hogares. Esta realidad permite que los estudiantes participen pasivamente de las huelgas. Además, genera un retroceso en todo lo relativo a gestión eficiente del tiempo y de la planificación personal. Esta realidad no debería continuar reproduciéndose como algo que forma parte de la rutina de los centros educativos, de sus actores y de las comunidades. Estas últimas, como espectadoras, tienen más agilidad para el silencio.

La pasividad de las comunidades para impulsar la formación participativa desde el hogar y para defender los derechos de los estudiantes ante las huelgas recurrentes, las convierten en cómplices. Esta complicidad se evidencia en la indiferencia mientras se violentan los derechos de los estudiantes a las clases calendarizadas en el año escolar. Para superar la pérdida constante de las clases; las tensiones entre la ADP y  el centro educativo y otra diversidad de actores de la sociedad, se necesita la participación, particularmente, de organizaciones sociales comprometidas con el aprendizaje y el bienestar estudiantil. Por las razones expuestas y otras que pueden ser agregadas, se propone que el año 2026, sea declarado por las autoridades educativas como un año enfocado en los derechos de los estudiantes. Estos necesitan entender el alcance y las implicaciones de la participación en el aula, en el centro educativo y en la comunidad.

En la medida en que los estudiantes tengan conciencia de sus derechos y de sus responsabilidades, su capacidad crítica se robustecerá y aprenderán a reconocer esos derechos, a ejercitarlos y a defenderlos. Para que la defensa no tenga un carácter reactivo, los estudiantes han de recibir una formación sólida que les permita reflexionar la importancia de fortalecer su compromiso con acción sistemática y efectiva, en favor del cumplimiento de los derechos académicos y sociales que tienen como estudiantes. Al mismo tiempo, han de asumir con la responsabilidad debida las acciones y tareas que requieren su colaboración. De esta forma, los procesos del aula, del centro educativo y de la comunidad de procedencia, pueden beneficiarse de sus aprendizajes en la perspectiva de derechos y de responsabilidades.

Es necesario dar pasos para que el 2026 no sea un año más para la pérdida de clases. Para avanzar en una dirección transformadora de la situación actual, la formación en la perspectiva de derechos y de responsabilidades de los estudiantes se debe trabajar en todos los niveles del sistema educativo. Hacerlo constituirá un impulso excepcional; pues los estudiantes, a su vez, se pueden convertir en agentes multiplicadores, en las aulas, en los centros educativos y en el seno de sus familias. Las comunidades podrán contar con un estudiantado comprometido con los derechos de todos y con el fortalecimiento de la responsabilidad personal y colectiva.

El trabajo intensivo en la perspectiva de derechos no resiste demora. Esta formación es, además, un apoyo decisivo a los procesos que procuran la no violencia y el trabajo colaborativo. Se han de desarrollar acciones para que la ADP se convierta en aliada natural y estratégica en el campo de los derechos de los estudiantes y de las familias. El año en curso ha de establecer una ruptura radical con la contemplación y el lamento por las pérdidas de clases. Se ha de involucrar activamente a todos los estudiantes en el proceso formativo que proponemos. Los docentes demandan, al mismo tiempo, formación y discernimiento en la perspectiva ética y en la corresponsabilidad laboral y social.

El Ministerio de Educación Superior ha de incluir esta propuesta en su carpeta de prioridades. Tomar esta decisión podría reducir y hasta eliminar la cultura de las huelgas de los docentes  asociados a la organización magisterial mayoritaria del país. La voz y los derechos de los estudiantes han de ser tenidos en cuenta algún día.