La historia de los pueblos demuestra que la libertad y la democracia no se sostienen únicamente mediante normas jurídicas, instituciones formales o estructuras de poder. Su verdadera estabilidad descansa en la formación moral de los ciudadanos y, de manera especial, de quienes ejercen funciones públicas. Sin una ética compartida que oriente la conducta individual y colectiva, las leyes carecen de contenido y la democracia corre el riesgo de convertirse en un simple procedimiento sin sustancia. En este horizonte de reflexión se inscriben los pensamientos de dos pilares del pensamiento emancipador: Juan Pablo Duarte y José Martí, de quienes conmemoramos sus 213 y 173 años de su natalicio, cuyas concepciones éticas y cívicas siguen ofreciendo claves fundamentales para la construcción de sociedades justas.
Juan Pablo Duarte concibió la independencia dominicana no solo como un acto político de separación, sino como un proyecto moral de nación. Para el Padre de la Patria, la República debía edificarse sobre la soberanía popular, el imperio de la ley y, de manera inseparable, la virtud cívica de sus ciudadanos. Duarte entendía que la libertad sin responsabilidad degenera en anarquía y que la democracia sin conciencia moral se transforma en una ficción manipulable. Su ideario advertía que los derechos solo pueden sostenerse cuando van acompañados de deberes, y que la participación política exige una ciudadanía formada en el respeto, la honestidad y el compromiso con el bien común.
La experiencia de La Trinitaria confirma esta visión. Más allá de su carácter conspirativo y revolucionario, fue también una auténtica escuela de valores. La disciplina, el sacrificio personal, la lealtad a la causa y la conducta moral intachable eran condiciones indispensables para formar parte del proyecto independentista. Duarte comprendió que no podía nacer una República libre de hombres y mujeres carentes de virtud, y que la educación cívica era un pilar tan necesario como la lucha política misma. Nos legó la idea de una nación libre, soberana y fundada en principios éticos.
José Martí, desde el contexto cubano y latinoamericano, profundizó una visión ética similar, aunque con énfasis en la educación como acto de liberación, conceptualizando lo que hoy conocemos como la ética de la política. Su pensamiento humanista situó la dignidad humana en el centro de toda acción social y gubernamental. Para Martí, educar era emancipar, y la libertad auténtica solo podía alcanzarse a través de una formación integral como fundamento de la libertad, la educación y la vida.
Martí advirtió que las repúblicas podían fracasar no por falta de leyes, sino por ausencia de virtud pública. De ahí su énfasis en la educación moral y cívica como instrumento de transformación social. La ética, en su pensamiento, no era un adorno del poder, sino su fundamento esencial; sin ella, la justicia social se vuelve imposible y la democracia pierde legitimidad.
Ambos pensadores coincidieron en que no hay patria ni república posible sin ciudadanos éticamente formados. El elemento común entre Duarte y Martí es la ética como fundamento de la libertad, la educación y la vida republicana. Ambos entendían que la política sin valores degenera y que la nación se construye, ante todo, desde la conciencia moral de los ciudadanos.
En este marco histórico y doctrinal, la iniciativa de promover la enseñanza de la moral, la cívica y la ética desde el Estado adquiere un profundo significado simbólico y práctico. En el contexto actual, la apuesta del presidente Luis Abinader de fortalecer la educación moral, cívica y ética ciudadana puede leerse como una continuidad de ese legado. La llamada “aula de ética”, puede interpretarse como una relectura actual del legado de Duarte y Martí, adaptada a los desafíos del siglo XXI. No se trata únicamente de una política educativa, sino de un reconocimiento de que la crisis institucional, la corrupción y la apatía ciudadana tienen raíces éticas que deben ser abordadas desde la formación, recordándonos que no hay desarrollo posible sin ciudadanos éticamente formados.
La enseñanza de valores cívicos y éticos contribuye a formar ciudadanos críticos, conscientes de sus derechos y deberes, y comprometidos con la vida democrática. Asimismo, interpela a los gobernantes, recordándoles que el ejercicio del poder implica una responsabilidad moral frente a la sociedad. Duarte y Martí dialogan así con el presente, recordándonos que no hay nación posible sin ética, ni democracia duradera sin educación en valores.
El aula ética tiene un impacto decisivo en la formación integral de los niños y niñas, al promover valores como la honestidad, el respeto, la responsabilidad y la solidaridad. Desde la escuela, se convierte en un espacio para formar sujetos responsables, capaces de convivir en diversidad y de asumir la ética como guía de vida.
En el plano democrático y social, el aula ética fortalece la cultura cívica, el respeto a la legalidad y la participación responsable en los asuntos públicos. Contribuye a la prevención de la corrupción, a la convivencia pacífica y al reconocimiento de la dignidad humana como eje de la vida en sociedad. Además, el aula ética no es solo una herramienta educativa, sino una apuesta estratégica por el futuro: allí se siembra la conciencia ciudadana que hace posible una democracia sólida, una patria justa y un Estado verdaderamente al servicio del bien común.
En definitiva, la vigencia de estos pensadores nos convoca a asumir que la construcción democrática es una tarea permanente. La moral pública, la educación cívica y la ética política no son herencias automáticas, sino conquistas diarias que requieren voluntad, coherencia y compromiso. Solo así la libertad deja de ser un ideal abstracto y se convierte en una realidad vivida por todos.
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