En la aviación, la buena comunicación es clave no solo para el buen desenvolvimiento de la operación, sino también para la seguridad operacional.

La semana pasada, en un programa de televisión dominicana, el presidente de la Junta de Aviación Civil (JAC), Héctor Porcella Dumas, presentaba su posición de que “los temas de aviación civil son temas sumamente sensibles, y que debemos mantener eso lo más discreto posible”, argumentando que las opiniones de profesionales aeronáuticos sobre seguridad operacional no deben estar dilucidándose en los medios. El Sr. Porcella hace el símil de la banca, donde, según él, no se debe dar mucha opinión para proteger la economía nacional.

Nos resulta sumamente preocupante que, a más de 6 años de su entrada al sector aeronáutico con la llegada de la administración del presidente Abinader, y habiendo ocupado importantes posiciones de liderazgo en el sector, tanto director del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) como presidente de la JAC, el Sr. Porcella desconozca que su planteamiento va en contra de todos los principios modernos de seguridad operacional.

Y es que precisamente esa falta de comunicación y transparencia ha sido la crítica del Consejo de Capitanes luego del accidente aéreo del pasado 7 de junio en el aeropuerto de La Romana. A casi 5 años de otro accidente, el de la empresa Helidosa en el aeropuerto internacional Joaquín Balaguer del Higüero, en 2021, las autoridades no han publicado los resultados finales de ambas investigaciones, lo que, unido a las declaraciones del Sr. Porcella, nos deja claro que es un problema sistémico a lo largo del sector.

Pero este no es un problema puramente dominicano. En la pasada asamblea general de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), el organismo realizó cambios importantes al anexo 13 sobre investigación de accidentes aéreos, precisamente buscando cambiar esta forma de pensar de funcionarios del sector a nivel global.

En su publicación sobre los cambios, la OACI explica: “El Consejo tomó nota de que las expectativas públicas respecto a la transparencia y la imparcialidad han aumentado, particularmente en accidentes de gran relevancia pública que involucran contextos políticos o de seguridad sensibles, y que las normas internacionales deben evolucionar en consecuencia”. Cabe destacar que esta no es la práctica en todos los países del mundo, sino más bien en los menos democráticos o en vías de desarrollo, donde el gobierno busca regular al máximo la información como forma de control político, en detrimento del desarrollo de la seguridad operacional.

En los EE. UU., por ejemplo, luego de cualquier accidente aéreo de gran envergadura, se realizan no una, sino varias ruedas de prensa al día, en las que participan las agencias federales, los gobiernos estatales y locales, y los organismos de respuesta. Se publican archivos abiertos que contienen desde las entrevistas a funcionarios hasta los datos más específicos de las aeronaves, empresas y las operaciones. De todos estos detalles nacen los grandes cambios que mejoran continuamente la aviación norteamericana.

Si comparamos esto con las acciones de las autoridades dominicanas, luego de este accidente del 8 de junio en La Romana, que impactó a la prensa tanto nacional como internacional, encontramos un panorama muy distinto: las autoridades no han llevado a cabo la primera rueda de prensa para informar al público, y han optado, en su lugar, por quejarse de las críticas de profesionales como el Consejo de Capitanes de los EE. UU. por hacerlas de manera pública.

Y lo peor es que esto no solo aplica a la comunicación de parte del gobierno al público en general, sino también a la comunicación interna dentro del sistema. La seguridad operacional en la aviación se fundamenta en los reportes de desviaciones hechos por los diferentes técnicos del sector, desde pilotos hasta mecánicos y controladores de tránsito aéreo. En el sistema dominicano hemos encontrado que mucha de esa comunicación ha sido afectada por intereses económicos o políticos, y cuando un técnico hace una denuncia de irregularidad, en ocasiones es perseguido o despedido por su empleador sin ninguna protección por parte del gobierno.

La buena comunicación nunca será demasiada, y las opiniones de los profesionales del sector (buenas o malas) deben siempre ser tomadas en cuenta, pues es ese balance de intercambio de opiniones, de manera transparente y pública, el que mejora los sistemas de aviación civil en todo el mundo. Lo contrario es una continuación de una política atrasada y peligrosa que solo aumenta el riesgo operacional de todo el sistema, en momentos en que el gobierno empuja por un crecimiento del sector y una proyección de hub regional al país. Ni la aviación ni la banca deben ser discretas; esas son ideas del pasado que debemos dejar, efectivamente, en el pasado.

Francisco Díaz

Capitán de aerolíneas

Francisco J. Díaz es capitán de Boeing 747 en una aerolínea de los Estados Unidos, con más de 20 años de experiencia. Es egresado de la licenciatura y la maestría en Ciencias Aeronáuticas de la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle, en Daytona Beach, Florida. Además, es presidente y fundador de las organizaciones sin fines de lucro Consejo de Capitanes y la Asociación Dominicana de Aviación General (ADAG). Asimismo, es miembro del consejo asesor de la Asociación de Pilotos Dominicanos en el Exterior (DPA, por sus siglas en inglés).

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