Cuando decimos «sociedad civil», ¿de quién estamos hablando?

Hace unos días, mientras veía un reporte en la televisión, escuché a un ministro elogiar efusivamente “la robusta presencia de la sociedad civil” en un evento oficial. La cámara recorrió de inmediato el salón. La mesa principal y las primeras filas estaban ocupadas, exclusivamente, por los líderes de los principales gremios empresariales del país.

No pensé que el ministro estuviera equivocado. Pensé, más bien, que estaba utilizando una expresión que repetimos con tanta frecuencia que pocas veces nos detenemos a preguntarnos qué significa realmente.

No es la primera vez que presencio esa confusión. Durante el diálogo sobre la crisis haitiana coordiné la representación del sector social y allí aprendí, desde dentro, cuánto pesa la pregunta de quién se sienta en representación de quién. Antes, como representante de Alianza ONG en el Consejo Económico y Social (CES), vi de cerca cómo esa institución distingue con rigor tres sectores organizados: el empresarial, el laboral y el social. Esa experiencia me dejó claro que tenemos un problema de lenguaje que va mucho más allá de una anécdota.

La expresión “sociedad civil” aparece constantemente en los medios de comunicación, en los discursos políticos, en los foros empresariales y en las conversaciones cotidianas. Unas veces se utiliza para referirse a las asociaciones sin fines de lucro, otras para hablar de cualquier organización privada y, en ocasiones, como en el evento que vi en la televisión, como un sinónimo elegante del empresariado.

No se trata de un error deliberado. El concepto tiene distintas acepciones en la literatura académica y en la práctica institucional de diferentes países. Sin embargo, precisamente por esa diversidad, vale la pena detenernos un momento para precisar de qué hablamos cuando hablamos de sociedad civil. No por una precisión académica, sino porque las palabras importan. Cuando confundimos los conceptos, también terminamos confundiendo las funciones que cada actor está llamado a desempeñar en una democracia.

Tradicionalmente dividimos el mapa institucional en dos grandes ámbitos: el sector público y el sector privado. El sector público está integrado por el Estado y todas las instituciones que ejercen funciones públicas. El sector privado, en cambio, comprende todas aquellas organizaciones que existen de manera independiente del Estado.

En ese amplio espacio de organizaciones que actúan fuera del Estado encontramos empresas, universidades privadas, iglesias, cooperativas, asociaciones comunitarias, fundaciones, organizaciones de voluntariado, asociaciones sin fines de lucro (ASFL) y muchas otras iniciativas ciudadanas. Todas forman parte de una sociedad civil entendida en sentido amplio. Sin embargo, precisamente porque persiguen propósitos distintos, algunos sistemas institucionales, como el dominicano a través del Consejo Económico y Social (CES), distinguen entre el sector empresarial, el sector laboral y el sector social, reconociendo que cada uno representa intereses y cumple funciones diferentes.

Pero aquí aparece una de las confusiones más frecuentes: el sector privado no es sinónimo de empresariado.

Las empresas constituyen una parte esencial del sector privado, pero no la única. Comparten ese espacio con una amplia diversidad de organizaciones, entre ellas la que dirijo desde hace más de veinte años y la que presido, Alianza ONG, que agrupa a decenas de estas entidades. Lo que todas tienen en común es su autonomía frente al Estado. Lo que las diferencia es la misión para la cual existen.

Cada actor cumple una función insustituible.

Las empresas crean riqueza, generan empleo y producen bienes y servicios indispensables para el desarrollo. Los gremios empresariales representan legítimamente los intereses de sus afiliados. Los sindicatos defienden los derechos e intereses de los trabajadores. Los colegios profesionales velan por la calidad y el desarrollo de sus respectivas disciplinas.

Las organizaciones sociales, por su parte, orientan su trabajo principalmente hacia causas de interés público: educación, salud, cultura, medio ambiente, derechos humanos, investigación, inclusión social, desarrollo comunitario, voluntariado, cooperación internacional y muchas otras.

Ninguna de estas funciones es más importante que otra. Pero tampoco son intercambiables.

Precisamente por eso conviene distinguir entre representar intereses y promover causas.

Una democracia saludable necesita empresarios que impulsen el crecimiento económico, sindicatos que defiendan condiciones laborales justas, colegios profesionales que eleven los estándares de sus disciplinas y organizaciones sociales capaces de identificar problemas públicos, movilizar ciudadanos, generar innovación social, fortalecer la confianza entre instituciones y comunidades y contribuir al bien común.

Cuando utilizamos la expresión “sociedad civil” para referirnos indistintamente a cualquiera de estos actores, terminamos licuando esa riqueza institucional y esperando de unos lo que corresponde a otros.

Esta reflexión adquiere especial relevancia en la República Dominicana. Como mencioné, el Consejo Económico y Social distingue claramente esos tres sectores organizados, precisamente porque reconoce que cada uno aporta perspectivas distintas al diálogo nacional. Mi paso por esa institución, primero representando a Alianza ONG y luego coordinando el sector social durante el diálogo sobre la crisis haitiana, me convenció de que esa distinción no es un tecnicismo. Determina quién es escuchado cuando el país debate y construye decisiones de largo plazo.

Al mismo tiempo, aquella experiencia deja abierta una conversación igualmente importante. ¿Refleja hoy el sector social toda la diversidad de la sociedad civil dominicana? ¿Están suficientemente representadas las organizaciones comunitarias, las fundaciones del interior del país, la academia, el voluntariado emergente y las múltiples formas de participación ciudadana que existen fuera de los espacios tradicionales?

Responder esas preguntas excede el propósito de este artículo. Merecen un debate mucho más amplio y sereno. Mi intención hoy es más modesta, aunque no menos importante: invitarnos a utilizar con mayor precisión un concepto que ocupa un lugar central en nuestra vida democrática.

Una sociedad fuerte no se construye únicamente desde las oficinas del Estado ni únicamente desde las cámaras de comercio. Necesita también ciudadanos que se organicen libremente para responder a necesidades colectivas, defender causas públicas, generar confianza y fortalecer el tejido social. Esa es la labor que realizan miles de organizaciones en todo el país. Y esa es, también, la razón por la que dedico mis días a esta causa, desde AFS, desde Alianza ONG y, más recientemente, desde la junta directiva global de GivingTuesday.

Comprender el papel de la sociedad civil no es un simple ejercicio terminológico reservado para especialistas. Es reconocer que el desarrollo de nuestro país depende también de miles de organizaciones que, sin formar parte del Estado y sin perseguir el beneficio económico como finalidad principal, trabajan cada día para construir una República Dominicana más educada, más solidaria, más participativa y más libre.

La próxima vez que escuchemos el término “sociedad civil” en un discurso o en una pantalla, haríamos bien en detenernos un momento y observar quiénes están realmente sentados a la mesa. Saber distinguirlos es el primer paso para comprender cómo funciona nuestra democracia y por qué cada actor cumple un papel que ningún otro puede sustituir.