El cambio de administración en Estados Unidos ha generado preocupación en América Latina por diversas razones. Algunas son explícitas y de índole económica —como el aumento de los aranceles— o política, como el endurecimiento de la lucha contra la inmigración ilegal o la reivindicación de derechos sobre el Canal de Panamá. Otras preocupaciones son más implícitas, como el impacto —al menos temporal— de una posible caída del PIB estadounidense o un repunte inflacionario, que podrían afectar el flujo de remesas.
Estas remesas representan el 2.5% del PIB de América Latina, con montos absolutos particularmente altos en países como México, que recibió más de 60 mil millones de dólares en 2023 (equivalente al 4% de su PIB). En varias naciones centroamericanas, las remesas representan alrededor del 20% del PIB; en República Dominicana, alcanzan un 10%. La pandemia de COVID-19 dejó claro el grado de dependencia regional de las remesas respecto a las decisiones tomadas en Washington.
Otro tema espinoso de la nueva administración es la erosión de los derechos individuales, con impactos directos sobre el sistema científico y universitario. Las políticas de admisión universitaria ya habían sido cuestionadas por la Corte Suprema en 2023, cuando en el caso contra Harvard y la Universidad de Carolina del Norte se declaró inconstitucional considerar factores raciales, por violar la Decimocuarta Enmienda.
Desde entonces, las tensiones han escalado: estudiantes han sido expulsados por manifestarse contra un país extranjero, incluso teniendo vínculos familiares con ciudadanos estadounidenses; turistas y científicos han visto denegada su entrada por haber expresado opiniones políticas contrarias al gobierno; y algunas universidades han recibido presiones directas e indirectas.
Es una situación que se debate desde hace meses y que no requeriría mayor atención si no fuera por un efecto colateral de gran envergadura: el creciente malestar está incentivando una incipiente migración de científicos, tanto estadounidenses —que comparan el clima actual con el del macartismo de los años 50, que golpeó a figuras como Oppenheimer o Pauling— como internacionales, cuyas oportunidades de investigación se ven limitadas por restricciones políticas y recortes presupuestarios, también en proyectos de colaboración internacional.
Europa responde: “Elige Europa para la Ciencia”
Mientras tanto, en otras latitudes, esta coyuntura es vista como una ventana de oportunidad. Este lunes, en París, se celebrará una conferencia con el ambicioso y provocador título Choose Europe for Science, que contará con la participación de Emmanuel Macron y Ursula von der Leyen.
Francia lidera esta ofensiva científica. Hace un mes, el presidente Macron lanzó lo que algunos califican como una OPA hostil sobre la ciencia estadounidense, con una declaración de alto impacto: “En Francia, la investigación es una prioridad, la innovación una cultura, y la ciencia un horizonte sin límites”. La respuesta de instituciones como el CNRS y diversas universidades fue inmediata y positiva.
En Italia, el Premio Nobel Giorgio Parisi ha abogado públicamente por iniciativas similares, especialmente orientadas a atraer jóvenes investigadores internacionales.
Es una crisis interesante, aunque sería exagerado pensar que estamos ante una inversión histórica del flujo migratorio de cerebros que, hace un siglo, desplazó el epicentro de la ciencia de Europa a América, impulsado por las dictaduras nazi-fascistas y las leyes raciales.
¿Y América Latina?
¿Qué implicaciones podría tener esta situación para América Latina?
En una escala concreta, nuestro grupo de trabajo —que impulsa un Programa Global de Fuentes de Luz para el Sur Global, con la construcción de un sincrotrón y posiblemente una red de pequeños aceleradores en el Gran Caribe— podría beneficiarse directamente de esta disponibilidad de talento internacional. Contar con expertos de alto nivel sería crucial para la fase inicial del proyecto.
Pero pensemos más allá. Se abre la posibilidad de lanzar programas ambiciosos de retorno de cerebros o de atracción de científicos extranjeros, de un alcance mucho mayor que iniciativas previas como Prometeo en Ecuador, MAGNET en Perú o el programa de ISFODOSU en República Dominicana.
Es una oportunidad histórica para cerrar una brecha que también tiene raíces históricas. Es el momento para que los países latinoamericanos enfrenten con decisión dos limitaciones estructurales: una financiación crónicamente baja —el gasto en I+D apenas alcanza el 0.6% del PIB en promedio regional, con una mediana del 0.4%, y los países de nuestra región debajo de esa mediana— y la escasa presencia de grandes infraestructuras científicas.
La disponibilidad de científicos en el mercado internacional es un hecho. Pero ninguno —o muy pocos— estaría dispuesto a instalarse en un país donde sus ambiciones científicas mueran por inanición institucional.
Está claro que acciones de esta magnitud requieren más que la buena voluntad de un solo Estado. Para eso existen organizaciones como el SICA, el CSUCA o el BCIE. Pero para activarlos, el liderazgo catalizador —incluso de un solo país— puede marcar la diferencia.
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