Condición para la paz social

Tenemos años reclamando la necesidad de que se realice una reforma a la Ley de Seguridad Social, y a pesar de las distintas promesas de nuestras autoridades no se ha materializado, y aunque se designó una comisión bicameral del Congreso Nacional en el cuatrienio pasado, se llamó a consulta y se hicieron vistas públicas en las cuales múltiples sectores y representantes de los distintos actores presentaron sus propuestas, más de cinco años después nada ha sucedido.

Por eso la reciente denuncia del PLD de que «el gobierno discute a puertas cerradas una propuesta de modificación a la Ley 87-01 de Seguridad Social, sin debido consenso», de alguna manera es una muestra de que aparentemente la inercia se vencerá, y aunque oportunamente tendrá que someterse a discusión de todos los sectores, el hecho de que se esté trabajando en una propuesta de reforma es una respuesta a una necesidad impostergable, y aunque todos sabemos que lograr consensos con todos los sectores será prácticamente imposible, como todos fueron consultados, en sus manos está ponderar las distintas propuestas y analizar las evidentes necesidades de modificaciones a la ley para presentar un proyecto que sea sometido a vistas públicas, como no lo fue la modificación que se hizo en el año 2007 mediante la Ley 188-07 para modificar las cotizaciones.

Es innegable que la creación del Sistema de Seguridad Social ha sido la reforma más importante de las últimas décadas, convirtiendo a la población afiliada en titulares de derechos, pero esta conquista social que ha beneficiado a los afiliados y a su entorno familiar viene decreciendo por falta de decisiones, de acciones y de transformaciones; a estos se les hace cada vez más cuesta arriba recibir los beneficios a los que tienen derecho, y mientras los actores del sistema deciden la suerte de los servicios que reciben o los niegan, así como la calidad de estos, los reguladores lucen cada vez más apocopados como si el peso de los intereses los hubiera cruzado de manos.

A pesar de la certidumbre de que la falta de inicio de la atención primaria ha impactado el costo de la salud y los bolsillos de los afiliados con altos copagos, y reducido el objetivo de la prevención de la salud, y que la práctica de tarifas impuestas por las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) generan diferencias cada vez más altas que deben cubrir los afiliados como puedan, o se convierten en cuentas por cobrar de los prestadores sobre todo en situaciones que inician en una emergencia, y de que las pensiones serán insuficientes con proyecciones que giran entre una tasa de reemplazo de menos del 30 % del salario como pensión, a entre el 30 % y el 50 % para el 75 % de los afiliados, y de que el 93,1 % recibiría una pensión inferior al 60 %, más la falta de cobertura de salud en el momento en que más se necesita; durante años irresponsablemente nada se ha hecho.

Y mientras la reforma se ha pospuesto, es innegable el crecimiento de los actores del sistema: las Administradoras de Fondos de Pensiones, que cobran una comisión fija del 0,90 % anual sobre el patrimonio administrado que expertos señalan como alta; las ARS, aunque denuncian pérdidas, sus representantes siguen exhibiendo una bonanza inocultable, y los prestadores de salud, clínicas, laboratorios, farmacias han crecido exponencialmente gracias a la existencia de una población afiliada, como también es evidente que se está generando el caldo de cultivo de una crisis social, con ejemplos ya en la región.

Las contundentes declaraciones que acaba de dar el papa León XIV deberían abrir los ojos de muchos que parecen estar ciegos: «La salud no puede ser un lujo para unos pocos, sino que es una condición esencial para la paz social. La cobertura sanitaria universal no es solo un objetivo técnico que hay que alcanzar, sino, ante todo, un imperativo moral para las sociedades que quieren definirse como justas». Ojalá que finalmente el gobierno se decida a impulsar una reforma a la seguridad social que siente las bases para construir una sociedad más justa, en la que prime el derecho a la salud y las pensiones de las personas, y no los intereses de los poderosos actores que administran los recursos, los cuales tienen todo el derecho a lucrarse justamente, pero haciendo conciencia de que todos perdemos si generamos las bases de profundas crisis, y todos ganamos si apostamos a mayor justicia para mantener la paz social.