Compras públicas y MIPYMES: desmontando una narrativa equivocada

Históricamente ha sido objeto de debate y se repite con frecuencia una afirmación que, a fuerza de repetirse, ha terminado convirtiéndose en una verdad aparente: que las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), no tienen acceso real a las contrataciones públicas. Sin embargo, cuando examinamos tanto el marco normativo como los datos disponibles en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECP), esa afirmación no resiste a un análisis más profundo.

Lo que realmente subsiste no es la falta de acceso, sino una narrativa desactualizada que ha puesto al margen las transformaciones institucionales que ha experimentado el sistema de compras públicas en la última década.

Un marco legal inclusivo

El nuevo marco normativo, integrado por la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas y su Reglamento de Aplicación núm. 52-26, constituye no solo un instrumento orientado a fomentar la transparencia y mitigar la corrupción en el mercado público, sino también una herramienta clave para fortalecer la política económica y el desarrollo productivo del país.

Entre sus disposiciones esenciales se encuentra el incremento del porcentaje mínimo de contrataciones dirigidas a MIPYMES, que pasa de un 20% a un 30% del total de las compras públicas. Adicionalmente, se establece que un 10% de dicho porcentaje esté reservado para MIPYMES lideradas por mujeres.

Con estas disposiciones, el legislador reconoce que las contrataciones públicas no son únicamente un mecanismo de adquisición de bienes y servicios, sino también una herramienta estratégica para el fortalecimiento del tejido empresarial.

De igual forma, la ley introduce medidas orientadas a contrarrestar estos obstáculos, especialmente en materia de financiamiento. En este sentido, se prevén anticipos de hasta un 30% del monto total del contrato, lo que contribuye a mejorar su capacidad operativa y a reducir barreras vinculadas a la liquidez para la ejecución contractual.

Asimismo, para fines de pago, estas empresas pueden recibir desembolsos aun cuando mantengan obligaciones pendientes de carácter fiscal o con la seguridad social, debiendo destinar los recursos percibidos a la regularización de dicha situación.

Dicho de otro modo, el desafío del acceso no solo ha sido reconocido por el legislador, sino también abordado mediante medidas concretas.

Los datos no respaldan el mito

En los últimos años, la inserción de las MIPYMES en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECP) ha incrementado de manera sostenida.

En determinados períodos, más del 33% del monto de las compras públicas ha sido adjudicado a empresas de este segmento. Incluso, en años recientes, las adjudicaciones a MIPYMES han representado alrededor del 41% del total contratado por el Estado, superando ampliamente las cuotas mínimas establecidas por la normativa.

A esto se suma el incremento en el número de proveedores registrados, que asciende a 16,417 empresas, incluyendo una participación significativa de MIPYMES y empresas lideradas por mujeres.

Estos datos evidencian que el acceso ha sido ampliado. En este contexto, cabe preguntarse: ¿es realmente el acceso el principal desafío? La respuesta parece ser negativa.

¿Por qué persiste la percepción?

Porque se suele confundir dos problemas distintos: El acceso al sistema y, la capacidad empresarial para competir dentro del sistema.

El sistema de compras públicas en nuestro país está estructurado bajo principios como la libre concurrencia, la transparencia y la igualdad de oportunidades. Esto significa que las reglas del procedimiento están diseñadas para permitir la participación de cualquier proveedor que cumpla con los requisitos establecidos.

El verdadero desafío radica en que muchas MIPYMES enfrentan dificultades relacionadas con la preparación de ofertas técnicas sólidas, el cumplimiento adecuado de los requisitos administrativos, la planificación financiera necesaria para ejecutar contratos públicos y el conocimiento del funcionamiento del sistema de compras.

En otras palabras, el obstáculo no siempre es la puerta de entrada, sino la capacidad para competir dentro del mercado público.

De la queja estructural al fortalecimiento empresarial

En lugar de insistir en la idea de que el sistema está cerrado, el debate debería centrarse en cómo fortalecer las capacidades empresariales de las MIPYMES para participar de forma más efectiva.

Esto implica promover programas de capacitación en contratación pública como los desarrollados por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), asistencia técnica para la preparación de ofertas, acceso a financiamiento para la ejecución contractual y un mayor conocimiento del funcionamiento del mercado público.

Las compras públicas representan uno de los mercados más relevantes de la economía dominicana. Convertir este mercado en un verdadero motor de desarrollo para las MIPYMES no depende únicamente de la normativa (que ya dispone de herramientas suficientes), sino de la capacidad del ecosistema empresarial para aprovecharlas.

En definitiva, el sistema de contrataciones públicas ha avanzado significativamente hacia un modelo más inclusivo para las MIPYMES. Persistir en la narrativa de un sistema cerrado no solo desconoce estos avances, sino que también desvía la atención de los desafíos reales.

El reto de los próximos años no será abrir más puertas (porque estas ya existen), sino fortalecer las capacidades empresariales para atravesarlas con éxito. Solo así las compras públicas podrán consolidarse plenamente como una herramienta efectiva de desarrollo económico, competitividad y crecimiento para el empresariado dominicano.