¿Cómo fue el siglo XVIII en Santo Domingo?

La descripción  de Moreau de Saint-Méry

Para escribir su obra monumental Descripción topográfica y política de la parte española de la isla de Santo Domingo (1796),  Médéric-Louis-Elie Moreau de Saint-Méry, hombre del Siglo de las Luces, formado como abogado en la Universidad de Paris, se baso  en las memorias y las montañas de documentos producida por la administración española, y desde luego  en las obras de Antonio Sánchez Valverde  y en  su fuente más citada entre los juristas que  fue Juan de Solórzano Pereira, autor de De Indiarum iure, y  en la Recopilación de leyes de Indias (1681), obras estas  que Moreau utilizó casi textualmente para describir la estructura legal y administrativa de la colonia española.  En la Descripción  de la parte española de la isla de Santo Domingo no aparece una colonia en el sentido moderno del término, ni un país orientado a la explotación sistemática de sus recursos, sino un territorio incorporado a la maquinaria general del Imperio español como pieza administrativa y política, subordinada sin reservas al poder central de la monarquía. Santo Domingo no era una empresa económica, sino una posesión histórica; no un centro productor, sino un símbolo de precedencia y continuidad imperial. Muchas de  las informaciones de su obra enciclopédica fueron obtenidas durante su estancia en Saint Domingue: vivió 11 años en la colonia francesa, de 1772 a 1783, donde ejerció como abogado y además fue consejero en el Consejo Superior de Saint Domingue en Cap  Francais. hallándose allí pudo comparar de visu et auditas las diferencias entre las dos colonias que compartían la isla Española

El gobierno de la isla descansaba, en última instancia, en el Consejo de Indias, creado en 1524, organismo supremo que concentraba en sí todas las funciones del poder: legislaba, juzgaba, administraba, nombraba y vigilaba. Moreau subraya con asombro la vastedad de este cuerpo, compuesto de presidentes, consejeros, fiscales, secretarios e historiadores oficiales, cuya autoridad se extendía a todo lo relativo a las Indias sin admitir contrapeso alguno. En sus manos estaba el nombramiento de virreyes, gobernadores, obispos y funcionarios; de él emanaba la norma y a él volvía la responsabilidad. Ningún poder local podía afirmarse frente a esta centralización absoluta.

Santo Domingo, primera capital ultramarina de España, conservaba todavía el rango administrativo que le había dado origen. Al frente de la colonia se hallaba el presidente-gobernador y capitán general, delegado directo del rey, cuya autoridad se ejercía en lo militar y en lo político, pero cuidadosamente limitada en lo civil por la presencia de la Real Audiencia y Chancillería, establecida desde 1509. Este tribunal, compuesto por cuatro oidores, un fiscal, un alguacil mayor y un canciller, conocía de las apelaciones y asumía el gobierno civil en caso de ausencia o muerte del presidente. Era, a la vez, órgano judicial y garantía de la continuidad institucional.

Todo el sistema estaba concebido para impedir que el funcionario se transformara en colono. Los oidores tenían prohibido comerciar, poseer bienes o establecer vínculos sociales que comprometieran su imparcialidad. El presidente debía rendir informes anuales al Consejo de Indias sobre las vacantes y la conducta de los oficiales, sin poder conferir cargos permanentes. No podía intervenir en causas civiles, no podía casarse dentro de su jurisdicción ni poseer más de cuatro esclavos. Cualquier infracción acarreaba la destitución inmediata. La Corona intentaba, por medio de esta severidad normativa, preservar la “pureza” del mando y evitar que la distancia favoreciera la corrupción.

La Real Audiencia ejercía la justicia con un rigor casi ritual. Las audiencias eran diarias; las causas se registraban minuciosamente; las sentencias se firmaban por todos los jueces, incluso por los disidentes; los debates se consignaban en actas separadas. Secretarios, relatores, fiscales y alguaciles completaban un aparato administrativo sometido a examen constante y privado de todo incentivo material. El gobierno se ejercía por la forma y no por el impulso; por el procedimiento y no por la iniciativa.

El orden eclesiástico estaba igualmente sometido al patronato real. El rey nombraba arzobispos y canónigos; ningún documento pontificio podía circular sin el visto bueno del Consejo de Indias. Los diezmos, recaudados en nombre del monarca, sostenían el culto y el clero. Las Leyes de Indias, compiladas desde 1681, regían con fuerza de código y se aplicaban junto con las de Castilla. La vida civil y la religiosa se confundían bajo una misma autoridad tutelar.

Desde el punto de vista económico, Moreau juzga que la parte española constituía una carga para la metrópoli. La producción local era exigua; el comercio, limitado por la política de puerto cerrado; la administración y la defensa se sostenían gracias a los subsidios enviados desde España. La prosperidad del siglo XVI había desaparecido con la emigración hacia México y el Perú, y en su lugar pervivía  una economía de mera subsistencia. La colonia se mantenía no por su utilidad, sino por la tradición y el orgullo histórico.

El resultado era una estructura rígida, gobernada desde lejos, sin vida económica propia ni evolución social perceptible. Todo estaba reglamentado: el número de funcionarios, el orden de los despachos, la hora de las audiencias. La metrópoli gobernaba  cada detalle; la isla obedecía con lentitud. Por eso Moreau concluye que la parte española de Santo Domingo era “un peso muerto para la madre patria”: una posesión sostenida más por la memoria que por el rendimiento.

El ejercicio del poder colonial

El manejo del poder en la parte española de Santo Domingo respondía a una lógica de vigilancia permanente. Ninguna autoridad era autónoma; todas dependían del Consejo de Indias. El gobernador y capitán general, presidente de la Audiencia, reunía las funciones ejecutivas y militares, pero estaba rodeado de limitaciones destinadas a aislarlo de los intereses locales. Su conducta era juzgada al término de su mandato mediante el juicio de residencia, investigación exhaustiva que examinaba su fidelidad a las leyes, su manejo de los fondos y su trato con los súbditos. Este procedimiento constituía el principal instrumento de control del poder colonial.

El fiscal del rey actuaba como acusador público y defensor del interés real. Vigilaba la legalidad, supervisaba las rentas y denunciaba los abusos. Rendía cuentas directamente al Consejo de Indias, convirtiéndose en el ojo permanente de la Corona.

La Audiencia, en ausencia del gobernador, asumía el mando civil. Los cabildos y alcaldes, aunque representaban la vida local, estaban estrictamente subordinados. Ninguna decisión municipal tenía fuerza sin aprobación superior. La población —blancos pobres, mulatos, negros libres y esclavos— vivía bajo un régimen de obediencia vertical, donde toda autoridad descendía del rey.

Este sistema, perfecto en su jerarquía, resultaba ineficaz en la práctica. La distancia retardaba las decisiones; el exceso de trámites paralizaba la acción. El poder se ejercía más como freno que como estímulo. El temor al Consejo y al juicio de residencia pesaba más que la necesidad de gobernar. Así se formó una colonia inmóvil, habituada a la tutela perpetua y privada de iniciativa.

El dominio económico de Saint Domingue

La isla de La Española, dividida entre el dinamismo francés y la quietud española, ofrecía en el siglo XVIII un estudio de contrastes que Moreau de Saint-Méry retrató con precisión de cronista y agudeza de analista. Mientras Saint-Domingue bullía con el ritmo frenético del capitalismo colonial —sus 500,000 esclavos alimentaban una máquina exportadora de azúcar, café y algodón, sus puertos abarrotados de 750 barcos anuales llegados de la metrópoli, que empleaba a 80 mil marinos y una infraestructura comercial que la vinculaba al mundo atlántico—, Santo Domingo parecía un vestigio de otro tiempo. Aquí, el hato ganadero, extenso y casi autosuficiente, era el eje de una economía raquítica: cueros, carne seca y sebo como únicos productos de intercambio, un comercio legal reducido a dos puertos (Santo Domingo y Montecristi) y una dependencia absoluta del Situado mexicano, que llegaba con años de retraso. El azúcar, antaño símbolo de opulencia, había desaparecido; los ingenios yacían en ruinas, y la colonia, incapaz de generar riqueza, sobrevivía como reserva natural de su vecina francesa: le vendía ganado, cuero, carnes, caballo  y mulas a cambio de azúcar, aguardiente y herramientas, todo en el limbo del contrabando tolerado.

Para dar una idea del poderío de la colonia francesa en 1789, se produjo la entrada de 684 embarcaciones procedentes de los Estados Unidos cargadas con harina y manufacturas. Durante ese mismo periodo prerrevolucionario, se producía un intercambio sin precedentes con el comercio europeo. En cuanto a la infraestructura portuaria, la parte francesa contaba con ocho puertos libres abiertos al comercio con los Estados Unidos desde 1784.

Pero el contraste no era solo económico. En Saint-Domingue, el prejuicio racial erigía barreras infranqueables, y la esclavitud masiva sostenía un sistema de castas que estallaría en violencia revolucionaria. En cambio, en Santo Domingo, Moreau observó —quizás con cierta idealización— una sociedad donde el color de la piel pesaba menos que el talento o la riqueza. Las leyes que restringían a los libertos habían caído en desuso; un hombre de color, si tenía fortuna o modales, podía aspirar al tratamiento de "Don" y ocupar empleos de importancia. Los mestizos, con rasgos africanos diluidos bajo una identidad social fluida, movían los hilos de una convivencia que el erudito martiniqueño presentó como modelo de estabilidad. Eso sí: esa aparente armonía se sostenía sobre una ruralización extrema, donde monteros y conuqueros —negros libertos, mulatos— vivían en autarquía, al margen del gobierno y de las jerarquías, como un recordatorio de que la libertad, en la pobreza, era también una forma de esclavitud.

Moreau, con su mirada ilustrada, comprendió lo que otros ignoraban: la riqueza de Saint-Domingue se alimentaba de la debilidad de Santo Domingo, y convertir los hatos en plantaciones sería una empresa tan costosa como inútil. Mejor era dejar que los españoles, en su quietud, siguieran siendo lo que eran: el espejo de un sistema que, en su rigidez, había condenado a la colonia a ser sombra de lo que pudo ser. Su obra, como  en un friso romano, captura esa fisonomía del siglo XVIII: dos mitades de una isla unidas por el contrabando y separadas por el destino.

En la parte francesa (Saint-Domingue), el comercio fue sumamente intenso,

Por el contrario, la parte española (Santo Domingo) sufrió una marginación secular de los circuitos comerciales metropolitanos al ser excluida de la "Carrera de Indias" por los intereses monopolísticos de Sevilla. Como consecuencia de esta exclusión, la colonia tenía una relación casi nula con España y solo contaba con un único comerciante de la "Carrera de Indias" residente en Santo Domingo. En términos de puertos, el comercio legal en la parte española se concentraba principalmente en dos puertos: el de Montecristi, que recibía los navíos del sistema de correos, y el de Santo Domingo, para los llamados "navíos sueltos". Otros puntos estratégicos, como el puerto de Puerto Plata, permanecieron cerrados al comercio legal y regular hasta el año 1813.

En resumidas cuentas, la venta de ganado, cuero, y sobre todo el tabaco, cultivado  en el Cibao, constituía el producto agrícola más difundido, aunque su comercio estaba limitado por el monopolio real. El dinero escaseaba; la circulación metálica era mínima. El contrabando con Curazao, Saint-Thomas y, sobre todo, con la parte francesa, era la única fuente de efectivo.

Así, concluye Moreau, la frontera no fue un límite sino un canal oculto. Entre el capitalismo colonial francés y el régimen señorial español se formó una complementariedad asimétrica: la riqueza de uno absorbía la energía del otro. La parte española de Santo Domingo quedó reducida a reserva natural de una colonia más rica, expresión económica de un sistema político que, por su rigidez, había inmovilizado la vida.

La escasez de esclavos, por falta de capital, debilitó la economía colonial. La pobreza llevó a una esclavitud rentista, donde los esclavos trabajaban por su cuenta y pagaban una renta a sus amos. La ruralización dominicana surgió con la migración de familias blancas y la decadencia urbana, formando un campesinado autónomo (negros libertos y manumisos) que vivía al margen del sistema colonial, en una economía de subsistencia.

La colonia dependía del Situado (subsidio de México), que llegaba con retraso, y su supervivencia económica dependía de la prosperidad de Saint-Domingue, su principal mercado para el ganado. Las revoluciones agravaron esta situación.. Al recorrer las páginas de la obra de Moreau de Saint Mery se nos echa de ver como en un friso romano, en toda su menudencia, la fisonomía  del siglo XVIII de los dominicanos.

Referencias bibliográficas

• Moreau de Saint-Méry, M. L. É. (1796). Description topographique et politique de la partie espagnole de l’isle Saint-Domingue (2 vols.). Chez l’auteur.
• • Moreau de Saint-Méry, M. L. É. (1797-1798). Description topographique, physique, civile, politique et historique de la partie française de l’isle Saint-Domingue (2 vols.). Chez l’auteur.