La cuestión de si la política debe tener una dimensión moral es uno de los dilemas más persistentes del pensamiento humano. Lejos de ser esferas excluyentes, ambas coexisten en una tensión dialéctica irreductible: mientras la política organiza la vida en común a través del poder, la moral actúa como instancia de legitimación ante el ideal de justicia. Como señalaba Aristóteles en su Política, el Estado no existe simplemente para asegurar la vida, sino para garantizar una «vida buena»; por tanto, la política es, por esencia, una extensión de la ética aplicada al bienestar colectivo.
Históricamente, esta visión ha sido desafiada por el realismo político de cuño maquiavélico. En El Príncipe, Maquiavelo sentenció que el gobernante debe «aprender a poder no ser bueno» si las necesidades del Estado así lo requieren. Si bien el pragmatismo es inherente al cargo, reducir la política a una técnica despojada de valores provoca una fractura ontológica. Al sacrificar principios en nombre de una supuesta eficiencia, se deshumaniza el cuerpo social y se reduce al ciudadano a lo que Immanuel Kant denunció como la instrumentalización del ser humano: un simple medio para un fin y no un fin en sí mismo.
Frente a esta deriva, la tradición normativa sostiene que los derechos humanos no son accesorios del poder, sino límites infranqueables a su arbitrariedad. Sin un fundamento ético sólido, la política se desnaturaliza; deja de ser el arte de la convivencia para convertirse en una tecnología de opresión. En este contexto, la corrupción y la tiranía no son meros errores administrativos, sino fuerzas que disuelven el contrato social y anulan el verdadero capital de las naciones: la confianza.
La síntesis más adecuada para nuestra época acaso es la «ética de la responsabilidad» (Verantwortungsethik), propuesta por Max Weber. Según esta, el político moderno debe responder por las consecuencias previsibles de sus actos, operando en un equilibrio donde la política sea moral en sus fines —justicia y libertad— y responsable en sus medios. En las sociedades pluralistas actuales, la legitimidad no solo emana del voto, sino también del respeto irrestricto a la dignidad humana. Una política sin moral es solo fuerza bruta; una moral sin política es impotencia estéril.
Este debate teórico encontró una manifestación tangible el pasado 3 de enero de 2026. La captura de Nicolás Maduro y su traslado a Estados Unidos en la operación militar «Absolute Resolve» personifica la resolución por la fuerza de esta tensión histórica. Desde una perspectiva idealista, su reclusión en una prisión federal de Nueva York, donde se le acusa de narcoterrorismo y conspiración, se interpreta como la victoria de la justicia sobre la impunidad. Esta detención demuestra que el poder no es un mandato absoluto, sino una responsabilidad sujeta al contrato social. En última instancia, este traslado trasciende lo meramente procesal, ya que reafirma que los derechos fundamentales constituyen un límite infranqueable para cualquier gobernante.
No obstante, el carácter unilateral de la intervención reaviva el dilema weberiano sobre los medios. El despliegue militar de una potencia con histórica vocación expansiva despierta suspicacias, ya que se percibe tras la retórica de liberación los vestigios de la Doctrina Monroe y un interés pragmático por los recursos naturales, en este caso, energéticos. Así, mientras los realistas celebran la eliminación de un obstáculo para la estabilidad regional, los globalistas cuestionan la legitimidad y la arbitrariedad del método y advierten de que el uso discrecional de la fuerza podría erosionar los cimientos del derecho internacional y la soberanía nacional.
En este nuevo contexto, la legitimidad de la transición venezolana depende de que el proceso judicial de Manhattan se lleve a cabo con estricto rigor técnico y de que el vacío de poder en Caracas se cubra con una institucionalidad pluralista. Dicha reconstrucción debe trascender tanto el ejercicio de la fuerza como la preeminencia de intereses externos sobre la autonomía nacional. La comparecencia de Maduro ante los tribunales traslada la discusión sobre la moralidad política del ámbito teórico al de los hechos procesales. En adelante, el sistema de justicia tiene el imperativo de ratificar su integridad, garantizando que el fin de la restauración democrática sea coherente desde el punto de vista técnico y ético con los principios que motivaron la intervención.
En conclusión, la operación «Absolute Resolve» se perfila como el escenario en el que se evaluará la solidez del orden liberal contemporáneo. Su éxito histórico no se medirá por la eficacia táctica de la fuerza, sino por la capacidad de convertir un acto de poder en un precedente de legalidad universal. Solo si el ejercicio de la autoridad se subordina efectivamente a la ética de la responsabilidad, la política podrá dejar de ser un mecanismo de dominio y consolidarse como el instrumento de salvaguarda de la dignidad humana que la comunidad internacional exige.
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