Durante mucho tiempo hemos hablado de la necesidad de que las instituciones públicas sean más transparentes, más abiertas y más cercanas. Hemos insistido en la importancia del acceso a la información, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Y, por supuesto, todo eso sigue siendo fundamental. Pero, desde la experiencia de trabajar en comunicación gubernamental durante muchos años, cada vez estoy más convencida de que nuestro mayor reto no termina cuando logramos publicar la información. Ahí, apenas comienza.
Una institución puede hacer enormes esfuerzos por abrir sus datos, simplificar sus contenidos, crear plataformas, habilitar espacios de consulta, producir materiales educativos y poner información valiosa al alcance de todos. Puede hablar de transparencia, de participación y de control social, puede incluso diseñar herramientas específicamente pensadas para que la ciudadanía entienda mejor cómo funciona el Estado. Y aun así, encontrarse con una pregunta incómoda, ¿La gente realmente quiere saber?. Y no lo planteo como un reproche, lo pongo sobre la mesa como una reflexión.
Desde las instituciones públicas solemos medir nuestro compromiso con la transparencia por la cantidad de información que ponemos a disposición, y eso es importante, pero la transparencia no debería ser entendida únicamente como el acto de publicar. La información pública cumple verdaderamente su propósito cuando alguien la busca, la comprende, la cuestiona y la utiliza.
Cuando una persona entiende que el presupuesto público, por ejemplo, no es un documento lejano, lleno de números imposibles de descifrar, sino una herramienta que impacta directamente su vida. Cuando se pregunta cuánto se invierte en educación, salud, seguridad o infraestructura. Cuando quiere saber cuáles son las prioridades del Estado y cómo se utilizan los recursos que todos contribuimos a financiar. Ahí es cuando comienza el verdadero ejercicio de ciudadanía.
Y quizás ese sea uno de nuestros grandes desafíos: no solo hacer que la información sea accesible, sino lograr que sea relevante y atractiva para la gente. Porque tenemos una ciudadanía acostumbrada a reclamar transparencia —y está en todo su derecho—, pero todavía necesitamos avanzar hacia una ciudadanía que también ejerza activamente su derecho a informarse,
que no espere únicamente a que surja un escándalo para interesarse en los asuntos públicos y que no se acerque a los datos del Estado solamente cuando hay indignación.
Participar también es preguntar, es leer, informarse, comparar, exigir explicaciones. Y, sobre todo, es comprender que lo público nos pertenece a todos.
En comunicación gubernamental tenemos una responsabilidad enorme, dejar atrás el lenguaje excesivamente técnico y burocrático; aprender a contar mejor, a traducir, a explicar y así conectar las grandes cifras con las historias cotidianas.
Podemos hacer la información más sencilla, más visual, más cercana. Podemos crear campañas, plataformas, contenidos educativos y espacios de participación. Podemos abrir puertas, pero alguien tiene que querer entrar y esa es, quizás, la parte más compleja de todo este proceso.
Construir ciudadanía no depende únicamente del Estado, es una tarea compartida. Requiere instituciones comprometidas con abrirse, sí, pero también ciudadanos conscientes de que la democracia no se ejerce únicamente el día que vamos a votar.
Mientras sigamos viendo lo público como algo ajeno, será muy difícil construir una verdadera cultura de participación y control social. Tal vez el reto de la comunicación gubernamental no sea únicamente llegar a más personas, sino lograr que más personas quieran involucrarse.
Y, sobre todo, hay que lograr que cada ciudadano entienda una verdad sencilla, pero poderosa, que lo público también es suyo. Quizás, precisamente ahí, en lograr que la gente lo sienta así, esté el verdadero reto de la comunicación gubernamental.
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