Cedulación e inclusión: saldando la deuda democrática con las personas con discapacidad

El innovador proyecto de renovación y entrega de la nueva cédula de identidad y electoral impulsado por la Junta Central Electoral suele abordarse —con razón— desde la óptica de la modernización tecnológica y la ciberseguridad documental. Sin embargo, hay una dimensión que no puede quedar relegada: la inclusión efectiva de las personas con discapacidad.

No se trata de un gesto de buena voluntad institucional, sino de una obligación jurídica y democrática claramente establecida en el ordenamiento nacional y en los compromisos internacionales asumidos por el Estado dominicano. Además, esta mirada guarda coherencia con el Pilar núm. 6 del Plan Estratégico Institucional 2024-2028 de la JCE, orientado al compromiso con la equidad, la inclusión y la participación democrática mediante políticas transversales y formación cívico-electoral.

La cédula de identidad y electoral no es un simple documento administrativo. Es el instrumento que habilita el ejercicio de derechos fundamentales: votar, trabajar formalmente, estudiar, acceder a servicios de salud, seguridad social y programas públicos. Cuando una persona enfrenta barreras para obtenerla, su ciudadanía queda, en los hechos, incompleta.

En este punto, el marco legal dominicano es inequívoco. La Constitución de la República establece en su artículo 39 el derecho a la igualdad y la prohibición de toda forma de discriminación, mientras que el artículo 58 reconoce expresamente los derechos de las personas con discapacidad y el deber del Estado de garantizar su inclusión social en condiciones de dignidad.

A ello se suma la Ley núm. 5-13 sobre Discapacidad, que impone a los poderes públicos la obligación de asegurar la accesibilidad universal, los ajustes razonables y un trato digno en todos los servicios ofrecidos a la ciudadanía. Esta ley no concibe la inclusión como una concesión, sino como un derecho exigible frente al Estado. En materia de identidad y participación política, tanto la Ley núm. 4-23, Orgánica de los Actos del Estado Civil, como la Ley núm. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, colocan la identificación como base del ejercicio de los derechos civiles y políticos. Un proceso de cedulación que no contemple adecuadamente a las personas con discapacidad entra en tensión directa con el espíritu y la letra de estas normas.

A nivel internacional, el país es signatario de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, que reconoce en su artículo 9 el derecho a la accesibilidad y en su artículo 29 la participación plena y efectiva en la vida política y pública. Este tratado tiene jerarquía constitucional conforme al artículo 74 de nuestra Carta Magna, lo que obliga al Estado a adoptar medidas concretas para eliminar barreras físicas, comunicacionales, tecnológicas y actitudinales. A ello se suma el sistema interamericano de derechos humanos, que refuerza el principio de igualdad ante la ley y la prohibición de la discriminación.

Uno de los errores más persistentes en las políticas públicas es confundir igualdad con uniformidad. Aplicar las mismas reglas a personas que parten de condiciones distintas no garantiza justicia. Para una persona con discapacidad, una oficina sin accesos adecuados, la ausencia de intérpretes de lengua de señas o procedimientos innecesariamente complejos no son simples inconvenientes: son barreras que anulan derechos. La igualdad real exige ajustes razonables, diseño universal y personal debidamente capacitado. Exige, en definitiva, que el Estado se adapte a la ciudadanía y no lo contrario.

Desde esta perspectiva, la relación entre cedulación, voto y democracia es indisoluble. La cédula es el documento sin el cual no es posible la habilitación del derecho al voto. Cuando una persona no puede obtenerla en condiciones accesibles, se produce una exclusión democrática silenciosa que afecta la legitimidad del sistema político. Hemos sido testigo de los esfuerzos de la mesa de inclusión de la JCE, que convoca de manera periódica a las instituciones que aglutinan los colectivos de personas con discapacidades diferenciadas, para consensuar acciones que permitan establecer el protocolo de Actuación, que fungirá de instrumento técnico que establece los lineamientos y procedimientos para la atención, documentación y cedulación de personas con discapacidad, garantizando un trato digno, accesible y con enfoque de derechos.

Una democracia que aspire a ser sólida no puede permitirse dejar fuera a las personas con discapacidad por barreras evitables. Garantizar una cedulación inclusiva fortalece el padrón electoral, reduce la abstención involuntaria y amplía la representación real de la sociedad. El nuevo proyecto de cedulación coloca así a la Junta Central Electoral ante una oportunidad histórica: demostrar que la modernización institucional puede ir de la mano con los derechos humanos.

Como sociedad, solemos medir el progreso por la tecnología que incorporamos, indispensable sin duda en esta cuarta revolución industrial. Sin embargo, el verdadero avance democrático se mide por a quiénes incluimos. Una cédula verdaderamente moderna no es solo la que incorpora mayores elementos de seguridad, sino la que puede ser obtenida por todos, sin humillaciones ni obstáculos. Si este proceso logra colocar a las personas con discapacidad en el centro, no solo estaremos renovando un documento de identidad. Estaremos honrando la Constitución, cumpliendo nuestros compromisos internacionales y fortaleciendo la calidad de la democracia que decimos defender. Esa es la cédula de identidad y electoral que vale la pena construir y que puede quedar como impronta de la gestión del Pleno en el período 2024-2028.

Asimismo, una cedulación inclusiva envía un mensaje poderoso sobre el tipo de democracia que aspiramos a consolidar. Reconoce a las personas con discapacidad no como sujetos pasivos de protección, sino como ciudadanos plenos, con derechos, deberes y capacidad de incidencia en la vida pública. Incorporar esta mirada en el proceso fortalece la confianza institucional, legitima la acción del Estado y contribuye a desmontar prácticas históricas de exclusión normalizada. La inclusión, en este contexto, deja de ser un discurso y se convierte en una política pública concreta. Y cuando eso ocurre, la democracia deja de ser una promesa abstracta para convertirse en una experiencia vivida.