Señores Antonio y Maribel Espaillat:
La tragedia del Jet Set no es un expediente que quepa en los anaqueles fríos de un tribunal, ni una controversia técnica que pueda disolverse en el ajedrez de la litigación procesal. Es, de manera incuestionable, la noche más oscura de la memoria colectiva dominicana. Frente al abismo insondable de doscientas treinta y seis vidas truncadas, centenares de cuerpos mutilados y miles de familias condenadas a un duelo perpetuo, el ritual del formalismo judicial resulta estrecho, lejano y, por momentos, una afrenta intolerable a la dignidad nacional.
Como ciudadano y hombre de derecho, me dirijo a ustedes no desde la trinchera del encono, sino desde la severidad que impone el imperativo de la paz social. Nadie les disputa el derecho constitucional a defenderse; el debido proceso es una garantía sagrada en un Estado de derecho. Sin embargo, la historia nos ha enseñado —desde las cumbres éticas de las epístolas de Séneca hasta el clamor de Martin Luther King desde la prisión— que existen momentos en los que la ley positiva debe rendirse ante la ley moral, y donde la estrategia de los abogados debe callar para dar paso a la voz de la conciencia humana.
Un juicio de esta naturaleza, alimentado por recursos, incidentes dilatorios, excepciones de incompetencia y debates bizantinos, puede prolongarse durante años en los pasillos de nuestros palacios de justicia. Para sus consultores técnicos, cada reenvío y cada objeción es una jugada legítima del sistema; para las víctimas y para el país, cada elemento de juicio cuestionado, cada prueba aportada que se pretende desnaturalizar constituye una daga más clavada en el corazón de una sociedad ensangrentada. Intentar ganar tiempo no es ganar razón; es ensañarse en la crueldad de prolongar el tormento de quienes ya lo han perdido todo.
Evocar aquí el espíritu del “Yo acuso” de Zola no es un ejercicio de pirotecnia literaria; es una advertencia rigurosa sobre el destino del honor. Si la defensa de ustedes persiste en el desgaste, en el laberinto del procedimiento o en el amparo de portillos formales para eludir la sustancia de los hechos, no obtendrán una victoria jurídica; lo que cosecharán será una condena moral inapelable ante el tribunal de la historia dominicana. El silencio y la evasión técnica se interpretarán, de manera inequívoca, como la complicidad de la soberbia frente a la catástrofe.
Por ello, si en el fondo de sus conciencias queda un reducto de humanidad y respeto por esta tierra, deben valorar de inmediato una solución consensuada con el Ministerio Público que implique la asunción total, íntegra e irrevocable de las consecuencias penales y civiles que correspondan, aceptando sin ambages la sanción máxima prevista por nuestro ordenamiento jurídico para la dimensión de los hechos acontecidos.
Deponer las armas del litigio y reconocer las faltas de cara a la nación no sería, bajo ninguna circunstancia, un acto de debilidad o una capitulación cobarde. Sería, por el contrario, una manifestación excepcional de responsabilidad civil y grandeza moral ante una tragedia que desbordó todos los límites de lo humano.
La historia jurídica de las naciones está repleta de hombres y mujeres que ganaron pleitos formales, pero perdieron su derecho a caminar con la frente en alto entre sus conciudadanos. Son mucho más escasos y, por ende, memorables, aquellos que entendieron que la salud de la República y la reparación moral de un pueblo exigen un sacrificio mayor que la vanidad de una absolución procesal.
La República Dominicana necesita justicia, pero también reclama, con carácter de urgencia, serenidad, verdad y ejemplos de asunción de culpa que detengan este desangramiento emocional. Las heridas que dejó el Jet Set jamás cerrarán del todo, pero el reconocimiento explícito de sus faltas y el cierre inmediato del calvario judicial serán el único bálsamo capaz de devolver un hálito de paz a las víctimas, a sus familias y a la conciencia de la nación.
La decisión de seguir siendo una daga o de permitir el inicio de la sanación colectiva está en sus manos.
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