Capital de los trabajadores eclipsados y colapsados

Los trabajadores/as tienen una suerte fallida con los capitales o bienes que les reportan garantía social o seguridad económica, sobre todo si dichos recursos están bajo usufructo del poder político o se invierten en las políticas públicas, utilidad que sirve a muchos, pero no así a estos, cuyos patrimonios terminan colapsando con el tiempo.

Ni siquiera en aquellas cuestiones que se realizan con fines sociales con sus dineros, los trabajadores han tenido el acceso y disfrute de protección y seguridad social, a pesar de ser los   dueños directos de esos capitales.

Veamos el historial

Cuando existía el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) como emporio azucarero, denominado popularmente la columna vertebral de la economía dominicana, las sucesivas administraciones gubernamentales dieron utilidad política a los dineros de los afiliados del Instituto Dominicano de Seguridad Social (IDSS) provenientes de las cotizaciones del emporio en cuestión. A partir de esa práctica el IDSS se volvió un organismo recaudador de fondos de los esquilmados salarios de los afiliados, pero sus servicios fueron cada vez peores y ni siquiera pudo asegurarle a la mayoría una pensión mínima, porque se volvió un barril sin fondos por la política clientelista y la corrupción de la época.

De ahí que también se creó en paralelo el plan de pensiones y jubilaciones del CEA complementario al IDSS, cuyo fin no fue más que otra forma de extraerles más dineros de los salarios a los trabajadores y que al final dicho fondo de capital corrió la misma suerte que los del IDSS.

Al privatizarse el CEA junto a todas las empresas públicas se creó la ley 124-01 que creo  “ el Fondo Patrimonial para el Desarrollo (FONPER), el cual  en su párrafo único del artículo 1  describe  que:

¨” el FONPER  estará constituido por todas las acciones que posee el Estado Dominicano en las empresas capitalizadas; por los recursos generados por cualquiera otra de las modalidades establecidas en la Ley General de Reforma de la Empresa Pública, No. 141-97, así como por los beneficios y dividendos que éstos produzcan, que no sean objeto de reinversión “.

  Y el art.5 de dicha ley   dice que de:  “ los fondos percibidos, una vez sean deducidos los gastos operacionales del FONPER y las deudas atrasadas y prestaciones a los trabajadores cesanteados en las empresas públicas capitalizadas, serán utilizados de la siguiente manera: Parrafo1: “ Un veinte por ciento (20%) de los ingresos se destinará durante los primeros cinco años a programas y proyectos de desarrollo que beneficien exclusivamente a las comunidades de las zonas del país relacionadas directamente con las empresas reformadas, a título de donación”.

Como todos conocemos ya, FONPER fue  manejado como un feudo de los diferentes directores y no hubo pago de las prestaciones laborales a los trabajadores cesanteados por la privatización en su totalidad, incluyendo los de CORDE. Los trabajadores  no gozaron sus comunidades de inversión en desarrollo, por el contrario, el dinero se usó con criterios políticos de sus administradores y se invirtió en comunidades  que no tenían empresas privatizadas como por ejemplo en  San Juan, Santiago (que yo recuerde solo tenía la Tabacalera),  pero tampoco se cumplió con los trabajadores, especialmente con las deudas del IDSS y del plan de pensiones del CEA  y no  conozco inversiones con fondos de FONPER en San Pedro de Macorís, Boca Chica, San Luis, Haina, Monte Plata Montellano, Villa Altagracia, Duquesa y Hato Nuevo.

¿Cuál es la debida compensación a los aportes financieros del trabajador?

Hoy cientos de estos trabajadores deambulan por los bateyes y calles envejecidos y enfermos (suerte que algunos han recibido pensiones reparadoras por el actual gobierno), otros han fallecido en las peores condiciones sin una pensión porque el dinero colapso entre la utilidad administrativa clientelista que le daba el gobierno de turno y la corrupción predominante del momento. El Banco de los trabajadores es otra fuente de capital que se disolvió entre corrupción y apropiación política de los fondos y a los trabajadores solo les quedo un mal recuerdo.

Ahora a modo de reflexión, me voy a referir al presente, reconociendo que la coyuntura, actores, las razones y practicas no son las mismas del pasado, es el caso de IDOPPRIL, entidad que representa el seguro para prevenir y proteger de riesgos laborales a los trabajadores y que juega un papel preponderante en la salud y seguridad laboral.

Es una entidad tripartita que acumula miles de millones de pesos para proteger a los trabajadores y que sirvió como paragua por razones reales de urgencias financieras, para amortiguar el déficit económico que genero la pandemia en materia de empleo y protección social, lo que fue muy oportuno contar con el capital del IDOPRRIL para la sostenilidad económica y social en la alta parálisis parcial en la productividad que provoco esta calamidad mundial.

La crisis del hoyo financiero que se produjo en SENASA, (creo que es el único llevado a la justicia de todos los casos) se está saldando con los fondos de IDOPPRIL, lo que no quiere decir que tendrá la misma suerte que las anteriores instituciones comentadas en este artículo,  pues de parte de la jefatura del Estado ha habido actitud política de resguardo de los bienes de las instituciones públicas, por lo que  estamos a las expectativas del proceso de este caso,  porque al fin y al cabo será con el capital resguardo a la salud y riesgo de los trabajadores, con el que se pretende corregir el hoyo financiero creado.

Los fondos de pensiones privados captan el dinero de los trabajadores mediante capitalización individual y los mismos son invertidos en materia de financiamiento   a través de la alianza publica/privada en diferentes ramas de las actividades económicas especialmente en el sector de la construcción, siendo uno de los sectores más beneficiados.

Sin embargo, no tenemos informaciones de que los programas que realiza la parte publica para personas vulnerables incluye a los trabajadores y trabajadoras, tan vulnerables en nuestra economía como los que son intervenidos por otras razones de precariedades sociales.

Sin oponernos a la facilitación de viviendas a personas con limitaciones sociales y económicas me pregunto ¿dónde están los programas con las debidas   facilidades de acceso a viviendas de los dueños del patrimonio con los que se construyen esas edificaciones suntuarias o comunitarias, si son hechas con el dinero de los trabajadores?  Pero parece que ignorar   su participación en los planes del Ministerio de Viviendas, es parte de la visión que ha predominado, a pesar de que su capital es el que proporciona la base fundamental de sostenibilidad de esos programas sociales y también de edificaciones para servicios públicos o negocios privados en general que contribuyen al crecimiento económico del país.

Y es que pareciera que en materia financiera para los trabajadores no se puede definir planes de protección segura. Ni siquiera las políticas sociales que por sus aportes de capitales favorecen a terceros. No basta que hayan perdido su poder adquisitivo frente a la canasta familiar, de que haya sectores privados que quieran modificar en perjuicio la cesantía laboral, que paguen un 45% de sus bolsillos en salud adicional a la seguridad social. No, es que tienen límites hasta para soñar debajo de un techo seguro, porque así se diseñó la política pública en nuestro país. ¿Cuál es la debida compensación a los aportes financieros del trabajador? si ni siquiera el bono para vivienda alcanzan.

La respuesta que extraigo de todo esto es que a los trabajadores los tienen eclipsados en que el trabajador es solo para trabajar y que sus capitales son una extracción para que otros se puedan aprovechar.  Tan sencillamente.