Brasil: ganar y perder también obligan

En las elecciones hay que aprender a ganar y también a perder. Ganar implica cumplir. Perder exige seguir trabajando por quienes dieron su respaldo. Las urnas deciden quién gobernará, pero las responsabilidades con los ciudadanos continúan para todos.

La elección brasileña del pasado domingo pone ambas obligaciones a prueba. La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva recibió felicitaciones más allá de las fronteras y de las afinidades ideológicas. El respaldo recibido lo compromete ahora a responder a las expectativas que llevaron a millones de personas a votar.

Brasil, con más de 214 millones de habitantes y la mayor economía de América Latina, es el gigante sudamericano. Sus decisiones repercuten en el comercio, la energía y los alimentos de la región. Gobernarlo exige convertir su capacidad económica en oportunidades de empleo, mejores servicios públicos y condiciones de vida más seguras.

La atención que despierta Lula responde tanto al peso de Brasil como a su trayectoria. Antes de ganar la Presidencia en 2002, perdió las elecciones de 1989, 1994 y 1998. Durante esos años continuó su actividad política y el Partido de los Trabajadores amplió su presencia institucional.

Superar aquellas derrotas exigía algo más que volver a presentar su candidatura: organizar, escuchar, revisar propuestas y construir acuerdos. Los votos obtenidos conservan valor aunque no alcancen para conquistar el gobierno.

También exigía aprender. Repetir una campaña sin examinar sus errores convierte la perseverancia en una rutina. Los ciudadanos que apoyan un proyecto merecen que sus dirigentes se pregunten por qué no lograron convencer a otros y qué necesitan cambiar para representar mejor sus aspiraciones.

Lula ganó esta elección en segunda vuelta después de terminar segundo en la primera. En un balotaje, una misma candidatura reúne apoyos por razones distintas: afinidad, confianza en propuestas concretas o rechazo a la otra opción. El vencedor tiene que reconocer esa diversidad al gobernar.

Una victoria ajustada concede autoridad para ejercer el poder, pero exige apertura al gobernar. Escuchar a otros sectores, incorporar propuestas útiles y dar espacio a voces que no pertenecen al partido vencedor son responsabilidades de un gobierno que debe responder al país entero. El apoyo recibido en las urnas no puede interpretarse como aprobación de todas las decisiones que vendrán.

Ahora Lula enfrenta las obligaciones de su victoria. Pasada la elección, los ciudadanos volverán al trabajo, a las cuentas pendientes y a esperar los servicios que necesitan. Allí se medirá lo prometido. Cumplir exigirá decidir qué atender primero y con qué recursos. Si una promesa tropieza con obstáculos, habrá que dar la cara y explicar qué ocurrió, qué se intentó y qué alternativa se ofrece.

Quienes votaron por otro candidato seguirán necesitando empleo, atención médica, seguridad y oportunidades para sus hijos. Su voto no reduce su derecho a recibir respuestas del gobierno.

Para los derrotados, la responsabilidad adopta otra forma. Una oposición tiene que fiscalizar, estudiar las decisiones públicas, denunciar irregularidades con pruebas y presentar alternativas. También debe reconocer una medida acertada cuando beneficia a la población. Su utilidad se mide durante todo el mandato.

La primera prueba es cómo se responde al resultado. Flávio Bolsonaro rechazó el desenlace y anunció que pedirá anular la elección. Tiene derecho a acudir a la justicia electoral, que deberá examinar los argumentos y las pruebas si presenta una impugnación. Pero representar a quienes lo respaldaron también exige distinguir entre una irregularidad demostrable y la frustración de perder. La confianza recibida obliga a defender sus derechos sin alimentar acusaciones que no puedan sostenerse.

Perder tampoco justifica desaparecer hasta la próxima campaña. Quienes confiaron en una candidatura conservan sus problemas al día siguiente. Necesitan dirigentes que sigan defendiendo sus planteamientos, acompañando sus comunidades y trabajando desde los espacios que les correspondan.

Para América Latina, estas obligaciones merecen atención más allá de cualquier simpatía por Lula. Los partidos construyen relaciones con ciudadanos que esperan representación antes, durante y después de las elecciones. Esa relación se debilita cuando el gobierno confunde la victoria con aprobación ilimitada o cuando la oposición reserva su esfuerzo para la siguiente búsqueda de votos.

Las celebraciones terminan y las derrotas se asimilan. El trabajo por los ciudadanos tiene que continuar.