Atrapado entre la consolidación fiscal y la equidad tributaria (2)

En la primera entrega señalábamos que la propuesta fiscal del Gobierno contiene medidas concretas para aumentar la recaudación y fortalecer la consolidación fiscal. Sin embargo, la cuestión decisiva no consiste únicamente en cuánto se recauda, sino en quién termina soportando efectivamente la carga tributaria y quién recibe los beneficios derivados del gasto público financiado con esos recursos.

Aquí aparece uno de los aspectos más problemáticos de la propuesta. El Gobierno anuncia una mayor equidad tributaria y sostiene que los contribuyentes de mayor capacidad económica realizarán una proporción mayor del esfuerzo fiscal. Para respaldar esa afirmación menciona medidas como la sobretasa temporal sobre grandes contribuyentes, nuevos tramos para ingresos personales elevados y determinados alivios dirigidos a segmentos empresariales de menor escala.

Sin embargo, una cosa es afirmar que determinados grupos aportarán más y otra muy distinta demostrar que el resultado agregado incrementará efectivamente la progresividad del sistema tributario. La información disponible no permite verificar si el conjunto de las medidas producirá un sistema más equitativo que el vigente ni identificar con suficiente precisión sobre cuáles grupos recaerá efectivamente la carga tributaria adicional.

La cuestión decisiva es cuánto aportará cada grupo al total de la recaudación esperada. La propuesta no presenta una desagregación pública que permita conocer qué porcentaje de los RD$40,000 a RD$50,000 millones estimados provendrá de contribuyentes de mayores ingresos, qué parte descansará en instrumentos de incidencia distributiva incierta y qué proporción corresponderá a mejoras administrativas o controles contra la evasión.

Sin esa información resulta imposible determinar si la mayor carga recaerá efectivamente sobre los contribuyentes de mayor capacidad contributiva o si terminará distribuyéndose de manera distinta a la anunciada. La ausencia de desagregaciones limita, por tanto, la posibilidad de verificar el alcance real de la equidad que la propuesta promete alcanzar.

La lectura se vuelve más nebulosa cuando se examina la evasión tributaria. La propuesta incorpora herramientas de control y fiscalización orientadas a mejorar la trazabilidad, fortalecer retenciones y ampliar mecanismos de supervisión. Sin embargo, la cuestión fundamental no es si existen medidas contra la evasión, sino si poseen la magnitud suficiente para modificar un fenómeno estructural. Según un estudio oficial en el país, la evasión tributaria supera en 55 % en el Impuesto sobre la Renta (ISR) y 43 % en el ITBIS.

La evasión no solo reduce ingresos públicos; también afecta la equidad, pues desplaza parte de la carga tributaria hacia quienes cumplen. Por ello, combatirla constituye simultáneamente un objetivo recaudatorio y una condición necesaria para avanzar hacia una mayor justicia tributaria.

Pero aquí aparece una tensión adicional: la propuesta incorpora una nueva amnistía de deuda tributaria. Considerada de forma aislada, una amnistía puede justificarse como mecanismo excepcional de regularización. Sin embargo, cuando estos mecanismos se repiten, dejan de ser excepcionales y pasan a formar parte de las expectativas de los contribuyentes. Entre 2007 y 2021 fueron aprobadas cuatro amnistías tributarias generales. El resultado es una señal ambigua: mientras el Estado anuncia un fortalecimiento del combate contra la evasión, mantiene mecanismos que pueden debilitar los incentivos al cumplimiento oportuno.

La pregunta resulta inevitable: ¿cómo se fortalece la cultura de cumplimiento cuando el sistema continúa transmitiendo expectativas periódicas de regularización mediante amnistías? La moral tributaria no se construye únicamente mediante fiscalización; también depende de reglas previsibles, sanciones creíbles y de que quienes cumplen no resulten tratados de manera menos favorable que quienes incumplen.

La discusión sobre equidad tampoco puede limitarse al lado de los ingresos. La equidad fiscal depende tanto de quién paga impuestos como de la forma en que se utilizan los recursos recaudados. La propuesta sostiene que los recursos adicionales permitirán sostener la protección social, preservar la estabilidad económica y mantener la inversión pública. Sin embargo, no identifica con precisión qué programas serán fortalecidos, qué poblaciones serán beneficiadas ni qué proporción del nuevo recaudo se destinará a gasto social.

Sin esa conexión entre ingresos y gasto, la equidad fiscal permanece incompleta. La consolidación fiscal aparece respaldada por mecanismos relativamente identificables de recaudación. La equidad tributaria, en cambio, continúa formulada principalmente como una aspiración performativa.

La propuesta anuncia resultados distributivos deseables, pero no identifica metas cuantificadas, indicadores de cumplimiento, cronogramas de ejecución ni estimaciones que permitan verificar cómo se distribuirá efectivamente la carga tributaria adicional o quiénes serán los principales beneficiarios del gasto asociado.

Esa brecha entre objetivos declarados y resultados demostrables mantiene abierto el debate fiscal dominicano. Por ello, la discusión no debería concluir preguntando únicamente cuánto se recauda, sino interrogándose sobre algo más importante: quién termina pagando realmente, quién resulta efectivamente beneficiado y si el resultado final contribuye o no a construir un sistema fiscal más justo.