Antes que una crisis migratoria nos sorprenda

Las fronteras terrestres sometidas a presión migratoria se han convertido en una de las nuevas realidades estratégicas del siglo XXI.

Así lo demuestran, con características propias, la frontera entre Marruecos y España en Ceuta, la frontera entre Haití y la República Dominicana y la frontera sur de los Estados Unidos.

Durante décadas, los estrategas militares enseñaban que quien dominaba los grandes estrechos marítimos controlaba buena parte del comercio mundial. Gibraltar, Suez, Ormuz, Malaca y Panamá aparecían en todos los mapas de geopolítica como puntos decisivos para el equilibrio internacional.

Esa realidad continúa siendo válida, pero hoy se suma otra dimensión estratégica: las fronteras terrestres sometidas a intensas presiones migratorias.

Lo ocurrido en Ceuta demuestra que la inmigración irregular ha dejado de ser únicamente un fenómeno social o humanitario. En determinadas circunstancias, puede convertirse en un instrumento de política exterior y en un mecanismo de coerción entre Estados.

La historia ofrece numerosos ejemplos de países que han utilizado los movimientos de población para alcanzar objetivos políticos.

Sin embargo, hoy esa práctica forma parte de lo que los especialistas denominan guerra híbrida: una combinación de presión económica, campañas de desinformación, ciberataques, sabotaje de infraestructuras críticas, coerción diplomática y utilización de flujos migratorios para desestabilizar al adversario sin recurrir formalmente a la guerra.

La reciente crisis de Ceuta constituye una advertencia para todas las naciones. Miles de personas fueron utilizadas como instrumento de presión política en medio de un complejo conflicto que involucra a Marruecos, España, Argelia, la Unión Europea, Israel y los Estados Unidos.

Los migrantes fueron las víctimas visibles. La verdadera confrontación se desarrolló entre los gobiernos.

La República Dominicana no debe contemplar ese episodio como si se tratara de un problema lejano.

Nuestra realidad geográfica, histórica y política nos obliga a extraer enseñanzas antes de que una situación semejante pueda sorprendernos.

Compartimos la isla con un Estado que atraviesa una de las crisis más profundas de su historia contemporánea. Haití enfrenta el colapso de gran parte de sus instituciones, la expansión de las bandas armadas, el deterioro de la economía, una grave emergencia humanitaria y un desplazamiento constante de población.

Ese drama golpea, en primer lugar, al pueblo haitiano. Pero sus consecuencias trascienden inevitablemente las fronteras de Haití y alcanzan a toda la región, comenzando por la República Dominicana.

Nuestro país ha recibido durante años una intensa presión migratoria procedente del vecino Estado.

Esa realidad exige sensibilidad humana, pero también una visión estratégica.

Ningún Estado puede ignorar indefinidamente un flujo migratorio irregular de grandes dimensiones sin afectar su gobernabilidad, la capacidad de sus servicios públicos, su mercado laboral, su sistema educativo, su infraestructura sanitaria y, en determinadas circunstancias, su propia seguridad nacional.

Por ello, la defensa de la frontera dominico-haitiana no debe interpretarse como una política contra Haití, sino como una responsabilidad fundamental del Estado dominicano.

Defender una frontera nunca debe confundirse con rechazar la dignidad de las personas.

Los migrantes no son enemigos. En su inmensa mayoría son seres humanos que escapan de la violencia, de la pobreza o de la desesperanza.

Precisamente por esa vulnerabilidad pueden convertirse en instrumentos involuntarios de intereses políticos, económicos o criminales que los sobrepasan.

La experiencia de Ceuta demuestra hasta qué punto los movimientos migratorios pueden ser utilizados para presionar a otro Estado.

También los Estados Unidos enfrentaron una situación de enorme presión en su frontera sur durante la administración del presidente Joe Biden.

La llegada de millones de inmigrantes irregulares convirtió la cuestión migratoria en uno de los principales temas del debate nacional y generó profundas discusiones sobre seguridad, capacidad institucional y soberanía.

Fue precisamente sobre ese diagnóstico que el presidente Donald Trump construyó su política migratoria.

Su principio fue sencillo: un Estado que pierde el control efectivo de sus fronteras comienza también a debilitar uno de los fundamentos esenciales de su soberanía.

A partir de esa convicción impulsó un reforzamiento del control fronterizo, una aplicación más estricta de la legislación migratoria y medidas destinadas a reducir la inmigración irregular.

Más recientemente, la decisión de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para determinados grupos de nacionales extranjeros volvió a situar la política migratoria en el centro del debate estadounidense. Independientemente de las opiniones que esa decisión suscite, refleja una constante de la visión del presidente Donald Trump: ningún Estado puede sostener una política migratoria al margen de su capacidad para controlar sus fronteras y hacer cumplir la ley.

La República Dominicana debe observar estas experiencias con serenidad y sin apasionamientos ideológicos.

Nuestra realidad no es la de los Estados Unidos ni la de España. Tampoco la de Marruecos.

Pero el principio estratégico es semejante.

Todo Estado soberano tiene el derecho y la obligación de decidir quién entra en su territorio, bajo qué condiciones puede permanecer y cómo hacer cumplir sus leyes migratorias respetando siempre la Constitución, el derecho internacional y la dignidad de la persona humana.

Sería un grave error esperar a que una crisis de grandes proporciones nos obligue a improvisar respuestas.

Las naciones prudentes no esperan a que el incendio llegue a sus puertas para construir los bomberos.

Preparan sus instituciones antes de que aparezca la emergencia.

La República Dominicana necesita fortalecer permanentemente el control de su frontera terrestre, modernizar los sistemas de identificación migratoria, combatir las redes de tráfico de personas, coordinar mejor la acción de las instituciones responsables y mantener una política exterior activa que continúe promoviendo una mayor implicación de la comunidad internacional en la recuperación de Haití.

La solución definitiva no se encuentra únicamente en la frontera.

También depende de que Haití pueda reconstruir sus instituciones, recuperar la seguridad, reactivar su economía y ofrecer esperanza a su propia población.

Mientras ello no ocurra, la presión migratoria continuará siendo uno de los mayores desafíos estratégicos para nuestro país.

Por esa razón, la política migratoria dominicana debe descansar sobre cuatro pilares inseparables: firmeza en la defensa de la soberanía, estricto respeto a los derechos humanos, cooperación internacional para la estabilización de Haití y planificación permanente para evitar que una crisis inesperada nos encuentre sin capacidad de respuesta.

La gran lección de Ceuta, de la frontera sur de los Estados Unidos y de la propia realidad dominico-haitiana es la misma: la soberanía no se improvisa cuando estalla una crisis; se fortalece antes de que la crisis llegue.

La República Dominicana todavía está a tiempo de actuar con visión estratégica. No para cerrar las puertas a la solidaridad, sino para impedir que la improvisación sustituya a la política de Estado.

Porque las naciones responsables no esperan a que una crisis migratoria las sorprenda.

Se preparan con anticipación.

Protegen sus fronteras con firmeza, respetan la dignidad humana y actúan con la serenidad que exige la verdadera diplomacia.

La firmeza sin diplomacia conduce al conflicto.

La diplomacia sin firmeza termina convirtiéndose en debilidad.

El verdadero desafío consiste en mantener ambas unidas al servicio permanente de la Nación.