Anatomía sociológica de la fractura espacial en la República Dominicana

Análisis sociológico y de economía política sobre la supresión de la Ley 345-22 (Regiones Únicas de Desarrollo) mediante la Ley 45-25, en la República Dominicana

El reordenamiento jurídico-institucional del aparato estatal en la República Dominicana ha cristalizado, durante el último lustro, una de las rupturas paradigmáticas más severas en la historia de su gobernabilidad democrática. Este quiebre se escenifica en la colisión estructural entre la Ley Orgánica Núm. 345-22 de Regiones Únicas de Planificación, concebida originalmente como un instrumento para democratizar el territorio, y la Ley Núm. 45-25, normativa que dictaminó la liquidación del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) para fusionar sus funciones bajo la égida del nuevo Ministerio de Hacienda y Economía (MHE).

Desde la sociología política, esta transición trasciende la mera retórica de la optimización burocrática orientada a la reducción del gasto administrativo; constituye un viraje profundo en la geocultura del Estado. Utilizando las categorías de Antonio Gramsci (1932), asistimos a la reconfiguración del "bloque histórico" en el poder. Este cambio de doctrina quedó evidenciado por la salida de la administración pública, en la esfera de mando, de economistas de corte académico y social-desarrollista, tales como Miguel Ceara Hatton y Pável Isa Contreras, quienes sostenían que la economía debía subordinarse al desarrollo orgánico allí donde habita la ciudadanía.

Su desplazamiento y la consecuente entronización de perfiles de estricta ortodoxia fiduciaria, representados por figuras de racionalidad tecnocrática como Magín Díaz al frente de la reestructuración, sellaron el triunfo de una gubernamentalidad fundamentada en la métrica contable.

Para comprender la magnitud de esta mutación, resulta analíticamente imperativo recurrir al sociólogo francés Pierre Bourdieu (1998) y su concepción sobre la división del Estado entre su "mano izquierda" (los ministerios sociales y de planificación, garantes de la cohesión) y su "mano derecha" (los ministerios financieros y el banco central, garantes de la disciplina mercantil). La promulgación de la Ley 45-25 representa, en términos bourdieusianos, la amputación definitiva de la mano izquierda del Estado dominicano.

Esta dinámica obedece a la lógica del sistema-mundo analizada por Immanuel Wallerstein (1974), donde los Estados semiperiféricos operan bajo la asfixiante presión de las instituciones financieras internacionales. En un contexto macroeconómico donde el servicio de la deuda pública devora más del 53 por ciento del incremento del gasto gubernamental, el gobierno priorizó su legitimidad ante el capital transnacional. Al suprimir un ministerio de planificación, frecuentemente percibido por los centros financieros globales como un generador de presión de gasto, la "élite del poder", tal como la conceptualiza C. Wright Mills (1956), impuso la eficiencia contable sobre la deliberación democrática para asegurar el grado de inversión ante las agencias calificadoras de riesgo.

Esta reestructuración altera directamente la producción del espacio, concepto fundacional del filósofo Henri Lefebvre (1974), quien postula que el territorio es una construcción política y social producida por las intervenciones del Estado y las necesidades de acumulación. La Ley 345-22 operaba como un "espacio concebido" democratizador que buscaba otorgar a las Oficinas Regionales de Planificación (ORP) la capacidad de incidir en el presupuesto nacional. No obstante, asumiendo la premisa de Nicos Poulantzas (1978) de que el Estado es la condensación material de una relación de fuerzas, la Ley 45-25 materializó la hegemonía del bloque financiero mediante una desarticulación funcional sistemática.

Lejos de derogar la norma anterior explícitamente, el centralismo la vació de poder a través de la fragmentación de sus competencias: Las funciones económicas y presupuestarias fueron absorbidas por la tesorería de Hacienda, mientras que el ordenamiento territorial y la cooperación internacional fueron cercenados y transferidos al Ministerio de la Presidencia. Al desconectar el ordenamiento espacial del control de los recursos financieros, las regiones únicas quedaron reducidas a estructuras administrativas desprovistas de apalancamiento real, confirmando que el criterio de caja coyuntural aplastó al criterio de planificación estructural.

Este desmantelamiento institucional opera bajo lo que el geógrafo Neil Brenner (2004) denomina "reescalamiento estatal". El Estado, presionado por los mercados globales, reconfigura sus escalas de intervención mediante una selectividad estratégica, en términos de Bob Jessop (2002), de carácter estrictamente fiscal-financiero. Se produce un reescalamiento hacia arriba para dialogar con el capital transnacional, y una letal descentralización sin recursos hacia las provincias periféricas.

Esta marginación genera asimetrías profundas en las geometrías del poder y en la división espacial del trabajo, categorías desarrolladas por la teórica británica Doreen Massey (1984). El capital concentra las funciones de mando y las finanzas en la metrópoli, mientras relega a la periferia a labores extractivas y de baja cualificación.

La evidencia empírica oficial dominicana certifica esta hiperconcentración anómala.

De acuerdo con el Informe Territorial de Coyuntura publicado en agosto de 2025 por el Viceministerio de Análisis Económico y Social del Ministerio de Hacienda y Economía, de un acumulado de 6.2 billones de pesos dominicanos en operaciones comerciales, la Región metropolitana de Ozama concentró el 75.9 por ciento de toda la actividad fiscal transaccional del país, dejando al vasto macrorregión del Sur con apenas un 3.8 por ciento. Como correlato, el mismo documento oficial señala que mientras el núcleo integrado de Cibao Norte creció a un ritmo real del 6.4 por ciento interanual, las periferias agrarias como El Valle y Cibao Noroeste quedaron hundidas en un estancamiento del 2.5 por ciento y 2.8 por ciento, respectivamente.

Esta desposesión territorial queda nítidamente ilustrada en la casuística del Cibao Noroeste, configurando un escenario que los teóricos del desarrollo regional Celso Furtado y Sergio Boisier (2001) identificarían como un modelo de extracción insostenible. Esta demarcación fronteriza concentra entre el 90 y el 95 por ciento de la producción de banano orgánico de exportación del país, generando divisas netas por un valor de 175 a 190 millones de dólares estadounidenses anuales y sosteniendo más de 80,000 empleos directos e indirectos, según se desprende de los análisis de flujos de exportación correspondientes al año 2024.

Pese a inyectar esta inmensa liquidez a la economía nacional, el Estado le devolvió a la región un presupuesto de capital de apenas 4,026 millones de pesos, lo que representa un ínfimo 4.14 por ciento de la inversión de competitividad. Sin la autonomía financiera regional para retener y reinvertir el excedente económico, el crecimiento territorial asume una forma puramente extractiva.

La justificación teórica de esta asimetría distributiva se encuentra en el concepto de "fijación espacial" aportado por el geógrafo David Harvey (2001), complementado por la teoría de la "acumulación por desposesión". El sistema capitalista requiere desinvertir deliberadamente en zonas rurales para facilitar la revalorización de los centros urbanos, originando lo que Neil Smith (1984) definió como el desarrollo geográfico desigual y la apertura de brechas de renta.

Al suprimir los filtros de cohesión socio-ecológica que exigía la derogada arquitectura de planificación, la inversión pública estatal quedó liberada para canalizar el capital hacia enclaves de alta rentabilidad corporativa, priorizando las Alianzas Público-Privadas.

Los datos contenidos en el 13er. Informe Anual de Avance en la Implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 al 2024, publicado por el Ministerio de Hacienda en 2026, documentan que la Región Ozama absorbió de forma aislada el 38.15 por ciento de toda la inversión pública de capital para la competitividad durante dicho año. El epítome de esta fijación espacial fue la construcción de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, un megaproyecto metropolitano que acaparó el 31.06 por ciento de la inversión de capital acumulada del Estado dominicano en el cuatrienio 2021-2024.

La consecuencia ineludible de esta retirada estatal de las provincias es el colapso de las condiciones materiales de existencia, fenómeno advertido por Manuel Castells (1977) al señalar que la paz social depende de la provisión estatal del consumo colectivo, entendido como infraestructuras, saneamiento y servicios básicos.

El sociólogo Loïc Wacquant (2009) define esta dinámica como la consolidación de un "Estado centauro": una entidad gubernamental de rostro liberal e intervencionista en la cúspide para proteger al gran capital metropolitano, pero ausente o punitiva en las capas inferiores y periféricas, generando territorios de marginalidad avanzada.

En la República Dominicana, la incapacidad de proveer dicho consumo en la periferia está estructuralmente vinculada a la inercia del sector energético, cuyas pérdidas técnicas persisten en un 37.64 por ciento, forzando un subsidio eléctrico que devoró 1,690.59 millones de dólares estadounidenses en 2024. Para evitar la desestabilización en la metrópoli, el Estado consume el presupuesto de capital provincializado, empujando a las poblaciones rurales hacia la precariedad absoluta.

Los datos recopilados por el Banco Central de la República Dominicana en las Estadísticas de Ocupados Netos y Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo, correspondientes al primer trimestre de 2026, evidencian que la brecha regional de desocupación ampliada escaló a un 16.98 por ciento, mientras la tasa de informalidad laboral nacional se mantiene crónicamente estancada en el 54.1 por ciento. De los 118,631 nuevos empleos netos generados interanualmente, el sector informal asimiló un 82.7 por ciento, equivalente a 98,127 puestos de trabajo carentes de seguridad social.

El perfil de esta fractura socioeconómica fue pormenorizado en el Informe de Informalidad Laboral Sectorial emitido por la Oficina Nacional de Estadística en el año 2026, cuyos hallazgos fueron difundidos en la prensa económica nacional. El documento indica que el 49.6 por ciento del mercado recae en la informalidad empresarial, aglomerada en ramas de baja base tecnológica características de la periferia abandonada: comercio (27.1 por ciento), construcción (15.6 por ciento) y agricultura y ganadería (13.6 por ciento). Además, la exclusión se fundamenta en una severa brecha de capital humano: mientras el 41.3 por ciento del sector formal posee educación universitaria, esta condición apenas alcanza al 11.9 por ciento de los trabajadores informales.

En definitiva, la metamorfosis del Estado dominicano, cristalizada en la anulación fáctica de la Ley 345-22 a favor de la arquitectura de la Ley 45-25, incuba profundas patologías de gobernabilidad. Por un lado, se consolida la "mutilación de la historicidad" teorizada por Alain Touraine (1973), dado que, al someter la visión estratégica a la inmediatez contable mensual, la sociedad pierde la capacidad de guiar conscientemente su futuro estructural ante crisis sistémicas.

Por otro lado, la mercantilización incontrolada del espacio geográfico bajo lógicas de estricto retorno financiero desatará forzosamente el "doble movimiento" descrito por Karl Polanyi (1944): un contramovimiento ineludible de autoprotección social por parte de las poblaciones excluidas. Emerge así la paradoja fiduciaria definitiva del modelo institucional vigente: en su obsesión por alcanzar el grado de inversión y exhibir solvencia macroeconómica ante los centros globales, el gobierno estrangula la inversión productiva periférica, incubando una espiral de desocupación y fragmentación comunitaria que, en el largo plazo, terminará por elevar el riesgo soberano, minando la misma resiliencia financiera que el centralismo tecnocrático pretendió sacralizar a expensas de la equidad territorial.