AFP y ARS: Culto entronizado

La Coalición por una Seguridad Social Digna propone en República Dominicana un modelo robusto que entierra el dogma de la capitalización individual (modelo en el que cada trabajador ahorra para su propia pensión), pues mientras gran parte de América Latina sufre pensiones indignas, en el país se lucha por un sistema público, solidario y universal.

En efecto, durante más de dos décadas, América Latina ha sido un laboratorio del fracaso previsional. El modelo de capitalización individual (modelo en el que cada trabajador ahorra para su propia pensión) —vendido como modelo eficiente y responsable— ha producido resultados dramáticos: en Chile, el 80 % de los adultos mayores pensionados reciben una pensión inferior al salario mínimo; en Colombia, el 60 % de los adultos mayores no logra cubrir sus necesidades básicas. Lo que se prometió como solución eficaz terminó siendo un mecanismo de exclusión social y castigo a la vejez.

Las rentabilidades (ganancias que producen las inversiones de los fondos de pensión) del modelo previsional, lejos de beneficiar a los trabajadores, se convierten en cargas. Las comisiones devoran hasta el 25 % de los ahorros de cada trabajador, y los fondos se exponen a la incertidumbre de los mercados financieros. La seguridad prometida se transforma en incertidumbre disfrazada de técnica.

En República Dominicana, la Ley 87-01 ha consolidado este modelo bajo un barniz de legalidad, pero en la práctica dicha ley no es un instrumento de justicia, sino un diseño orientado a privilegiar las ganancias de AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones, entidades privadas que gestionan cuentas individuales de jubilación) y ARS, subordinando la dignidad humana a la lógica de la rentabilidad. Este esquema ha sido entronizado como si fuera dogma inamovible, creando una fe rancia donde la eficiencia del mercado se impone sobre la empatía social.

Frente a esta realidad, la Coalición plantea una reforma profunda con tres pilares esenciales: universalidad, solidaridad y dignidad. Primero, propone eliminar las ARS (Aseguradoras de Riesgos de Salud, que administran seguros médicos privados) y sus planes básicos que excluyen servicios y tratamientos esenciales, sustituyéndolas por un Seguro Nacional de Salud público, sin copagos ni discriminación por edad o condición, garantizando una cobertura efectiva e igualitaria.

En segundo lugar, plantea sustituir el sistema de pensiones por capitalización individual por un Instituto Dominicano de Pensiones, capaz de ofrecer pensiones mínimas que cubran la canasta básica y se ajusten por inflación. Este nuevo modelo estaría financiado tripartitamente por trabajadores, empleadores y el Estado, sin topes salariales, con el fin de asegurar una base justa y sostenible para todos los afiliados.

El tercer eje incluye protecciones históricamente negadas: un seguro de desempleo con cobertura de hasta seis meses, pensiones por discapacidad y sobrevivencia que no sean simbólicas y un sistema transparente de herencia de fondos acumulados (derecho de los familiares a recibir el ahorro del afiliado fallecido) en caso de fallecimiento.

Los defensores del modelo vigente repiten como mantras: “El sistema es insostenible sin capitalización”, “Las AFP son eficientes”, “La capitalización fomenta la formalidad”. Sin embargo, los datos los contradicen. En Uruguay, con un sistema mixto, el 90 % de los adultos mayores accede a pensiones dignas con tasas de reemplazo superiores al 70%.  En cambio, en República Dominicana, las poblaciones de adultos mayores reciben tasas de remplazo inferiores al 40%, claramente insuficientes para cubrir siquiera medicamentos básicos.

Aspirina, alcohol y algodón: eso es lo que ofrece el modelo capitalizador a millones de trabajadores. En este contexto, las preguntas son inevitables: ¿a quién sirve realmente este sistema? ¿A quién protege? ¿Por qué sostenerlo?

La propuesta de la Coalición no representa un salto al vacío, sino una transición estructurada y responsable. Los fondos acumulados podrán transferirse al sistema público o mantenerse como ahorro voluntario. La gestión se plantea con un tripartismo real, con participación equitativa de trabajadores, empleadores y el Estado, eliminando los privilegios de las élites financieras. Los recursos serían invertidos en infraestructura, salud, vivienda y desarrollo nacional, no en la especulación privada (uso del fondo en inversiones de alto riesgo con fines lucrativos).

El “culto entronizado” a la capitalización individual se tambalea frente a la evidencia. Lo que se presenta como técnica neutral es ideología; lo que se defiende como libertad de elección es negocio para unos pocos.

Puede señalarse que la propuesta presentada por la Coalición no es perfecta, pero, a diferencia del modelo actual —que, además de ser imperfecto, constituye una afrenta a la dignidad de cotizantes en el sistema—, ofrece un horizonte ético claro: salud sin trampas, pensiones dignas, protección real y gestión democrática (administración con participación del Estado, empleadores y trabajadores). Un sistema donde la salud no es negocio, la vejez no es azar y la dignidad no es un privilegio, sino un derecho inalienable.

En las calles dominicanas resuena con fuerza: “¡Fondos hay, lo que falta es vergüenza!”. La batalla por una seguridad social justa ya no es técnica: es ética. Y el momento es ahora.