El sistema de pensiones dominicano, administrado por las AFP, se encuentra en el centro de un debate nacional. Para millones de trabajadores, las promesas de seguridad en la vejez se han transformado en frustración e incertidumbre. Mientras los beneficios para las empresas del sector crecen año tras año, los afiliados ven proyectadas pensiones insuficientes para cubrir sus necesidades básicas.
El negocio de las AFP constituye uno de los negocios más rentables del país. Su esquema de comisiones asegura ingresos estables sin importar los resultados, convirtiendo el ahorro de los trabajadores en la base de un negocio privado altamente lucrativo. La paradoja es evidente, las pensiones que reciben los beneficiarios apenas alcanzan entre un 20% y un 30% de su último salario, condenando a muchos a la precariedad.
El cálculo de las pensiones con una fórmula injusta, parte del dinero acumulado en la cuenta individual y de una proyección de vida futura, pero además se “ajusta al rendimiento esperado”, es decir, se descuenta que el dinero seguirá generando intereses después de la jubilación. En teoría, este mecanismo busca alargar el capital; en la práctica, reduce la pensión mensual y transfiere al trabajador el riesgo de que esos rendimientos no se cumplan. Así, tras décadas de cotización, miles de dominicanos terminan recibiendo una pensión que no cubre ni la mitad de sus necesidades básicas.
Un sistema justo debería garantizar una pensión mínima vinculada al costo de vida, revisar las tablas actuariales y exigir que las AFP asuman responsabilidad si el rendimiento real no alcanza lo prometido.
El sistema cuenta con un regulador, la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), bajo la supervisión del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS). Su rol debería ser proteger al afiliado, garantizar la transparencia de las inversiones y velar por que las AFP cumplan su función social. Sin embargo, en la práctica, el regulador se ha limitado a ser un árbitro pasivo, más preocupado por la estabilidad financiera del sistema que por la dignidad del pensionado.
No basta con publicar informes técnicos, la SIPEN y el CNSS deben asumir un papel activo en la defensa del trabajador, supervisando de forma estricta las comisiones, revisando las tablas de cálculo y proponiendo reformas que aseguren pensiones justas.
El sistema requiere una reforma integral, no simples parches. es buscar propuestas como son, comisiones justas y ligadas al rendimiento, no a un cobro automático, pensiones mínimas garantizadas, financiadas con apoyo estatal cuando el ahorro sea insuficiente, transparencia total en las inversiones, para que el trabajador conozca dónde y cómo se gestiona su dinero, inclusión de los trabajadores informales, que hoy representan más de la mitad de la fuerza laboral, un regulador más activo, que actúe como verdadero defensor del afiliado.
El debate sobre las AFP no puede seguir girando únicamente en torno a las ganancias privadas y las pensiones insuficientes. El verdadero punto neurálgico está en la responsabilidad del regulador. Si la Superintendencia de Pensiones y el Consejo Nacional de Seguridad Social no asumen con firmeza su papel de guardianes del interés público, el sistema seguirá siendo visto como un negocio disfrazado de seguridad social.
La sociedad dominicana merece un sistema de pensiones que asegure dignidad en la vejez, no migajas tras décadas de trabajo. Es hora de que el regulador actúe, no como notario de los beneficios de las AFP, sino como garante de justicia social. Porque si no se corrige ahora, lo que tendremos mañana no será un sistema de pensiones, sino una fábrica de frustraciones.
El sistema de pensiones debe dejar de ser visto como un negocio privado con fachada social. Su esencia es, o debería ser garantizar dignidad en la vejez. Si no actuamos hoy, mañana tendremos a millones de dominicanos enfrentando una vejez marcada por la carencia, pese a haber cotizado durante toda una vida de trabajo.
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