¿A quién beneficia?

El domingo pasado, RD Debate reunió a siete participantes para discutir la política migratoria dominicana. Entre ellos estaba Guadalupe Valdez, exdiputada e integrante del Colectivo Migración y Derechos Humanos, quien recordó que el derecho del Estado a controlar sus fronteras no lo exime de respetar las garantías constitucionales.

Se habló de deportaciones, seguridad fronteriza, contratación de trabajadores indocumentados y corrupción. Hubo posiciones encontradas, pero también coincidencias sobre la necesidad de combatir las redes que facilitan la migración irregular.

Al terminar el programa me quedó una pregunta: ¿quiénes se benefician de la situación que vivimos entre República Dominicana y Haití?

El debate público se concentra en los problemas asociados a la presencia haitiana. Mucho menos se habla de los intereses dominicanos vinculados al país vecino.

En 2025, República Dominicana exportó a Haití mercancías por más de 1,200 millones de dólares, un incremento de aproximadamente un 34 % respecto al año anterior. Mientras el país vecino atraviesa una crisis devastadora, constituye uno de nuestros principales mercados de exportación. Resulta paradójico que un país al que presentamos tan frecuentemente como una carga sea, al mismo tiempo, un mercado tan importante para nuestros productos.

Hay también experiencias productivas como CODEVI, el parque industrial instalado en Juana Méndez, frente a Dajabón, por iniciativa de empresarios dominicanos. Aprovechando acuerdos comerciales favorables a las exportaciones textiles, ha creado miles de empleos en territorio haitiano, ofreciendo oportunidades de trabajo sin necesidad de emigrar.

Pasemos a los trabajadores haitianos. Un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas estimó que, en 2017, las personas nacidas en Haití aportaban el 7.41 % del valor agregado de la economía dominicana. Un estudio del Instituto Nacional de Migración publicado en 2025 señala que, en la etapa inicial de las obras de construcción, los trabajadores haitianos pueden representar entre el 70 % y el 90 % del personal, según los casos estudiados. Su presencia es también considerable en la agricultura.

Estos trabajadores contribuyen a producir una parte importante de nuestra riqueza. Sin embargo, muchos trabajan sin contratos escritos, sin seguridad social y con escasas posibilidades de reclamar sus derechos. Su situación migratoria permite que algunos empleadores reduzcan costos y eludan obligaciones laborales.

Sería interesante calcular cuánto se ahorran quienes contratan trabajadores sin reconocerles sus derechos.

A estos intereses se suman otros, abiertamente criminales. Hace unos días, Diario Libre dio a conocer detalles de informes de expertos de Naciones Unidas sobre el tráfico de armas hacia Haití. Entre las municiones vinculadas a la banda 400 Mawozo se encontraron cartuchos con las siglas del Ejército dominicano y otros con marcas compatibles con municiones policiales cuyo desvío había sido investigado anteriormente.

Una investigación previa había revelado un faltante de más de 900,000 artículos, principalmente municiones, en depósitos de nuestra Policía Nacional.

¿Quién desvía esas municiones? ¿Quién facilita su circulación? ¿Qué ha ocurrido con las investigaciones y las responsabilidades?

Gran parte de las armas que alimentan la violencia haitiana procede de circuitos internacionales, particularmente de Estados Unidos. Pero estos hallazgos obligan también a examinar las responsabilidades de este lado de la frontera.

Existen, además, redes que cobran a los haitianos por entrar irregularmente a República Dominicana, con complicidades de funcionarios que han sido objeto de investigaciones Un mismo trabajador puede pagar para entrar, trabajar en condiciones precarias, ser deportado y volver a pagar para regresar a su lugar de trabajo. Y el ciclo puede repetirse varias veces.

Claro, no hablamos de negocios comparables. Un exportador que vende legalmente sus mercancías a Haití no tiene nada que ver con un traficante de armas o de personas. Pero todos estos ejemplos muestran la diversidad de intereses dominicanos vinculados al país vecino.

Los problemas de la migración irregular existen y  el Estaddo debe regularlos.  Sin embargo, se trata de reconocer que esta realidad no puede explicarse mirando solamente a quienes llegan. Mientras discutimos cómo impedir que los haitianos entren, hablamos mucho menos de quienes necesitan que entren.

¿Y si el discurso de odio contra los haitianos sirviera también para desviar la atención de quienes organizan y se benefician del tráfico de migrantes?