A propósito de 'La democracia del favor'

Hace varios meses el senador Antonio Taveras Guzmán puso a circular su libro “La democracia del favor”, una obra que desnuda con claridad, sencillez, pero, a la vez, con profundidad, el entramado clientelista que caracteriza la relación entre la ciudadanía y el sistema político dominicano.

Más allá de su contenido, esta obra tiene un valor añadido: el autor es un funcionario público en funciones, senador de la República desde el 2020, el cual nos aporta, de manera crítica y autocrítica, sus vivencias y experiencias relacionadas sobre el tema en cuestión.

Este escueto comentario tiene como objetivo saludar la publicación de este trabajo destacando lo que nos parece son algunos elementos fundamentales de la temática que aborda.

Veamos.

La democracia de baja intensidad. Uno de los puntos de partida del autor es la afirmación de que el clientelismo se origina en una relación social entre personas carenciadas y un Estado que no garantiza derechos: “…una democracia donde los ciudadanos votan desde la necesidad y no desde la libertad es una democracia de baja intensidad…”

El argumento que enlaza crecimiento económico, una mayoría de la población que no se beneficia de aquel y un Estado que perpetúa esta situación estableciendo una relación particularista con los ciudadanos para beneficiar a unos pocos, está en el centro de las reflexiones de la obra.

La representación segmentada. En este sentido, unas de las consecuencia de este estado de cosas es la manera desigual en que las personas se relacionan con el Estado y los partidos: para unos se hacen valer los favores, para otros se les garantizan derechos: “….esto es ciudadanos que participan formalmente en el mismo sistema democrático pero que experimentan formas radicalmente distintas de relacionarse con el poder político en función de su posición en la escala social.”

La política como salvavidas. En este contexto, unas de las consecuencias más notorias es que la política y las relaciones que alimenta ya no se enfocan en garantizar la participación igualitaria de la gente en los asuntos públicos y la búsqueda de derechos universales, sino que se una relación particular entre quienes otorgan favores y quienes lo reciben: “Cuando la vida se vive al día, la política deja de ser horizonte y se convierte en herramienta. Y cuando la política se convierte en herramienta para sobrevivir, el derecho se vuelve frágil y el favor se vuelve costumbre.”

El clientelismo tiene su historia. La modalidad clientelista de hoy es heredera de otras formas históricas del mismo problema, lo cual implica que este problema fue heredado y adaptado a las condiciones de hoy: “Estas prácticas se consolidaron tras la caída de la dictadura de Trujillo en 1961, y fueron institucionalizadas por los gobiernos posteriores como mecanismos para captar y distribuir recursos estatales para fines particulares…”

El clientelismo y el Estado. La imbricación entre el Estado y el clientelismo es tal que se entiende a este como una forma de gobernar, mediante la cual se reproducen sistemas de patronazgo: “El clientelismo se convierte en un patrón estructural de gestión del Estado y la gobernanza.”

La consolidación de la reacción clientelista. El clientelismo se convierte en costumbre permanente, ya no es un fenómeno episódico, se irradia en toda la sociedad e impregna los más diversos ámbitos: “El clientelismo produce su propio ecosistema de reproducción, quienes ocupan cargos públicos dependen de los partidos para conservarlos, y los partidos dependen de esas redes para reproducirse electoralmente.”

El clientelismo como cultura. Como consecuencia de lo anterior, el autor plantea que el clientelismo se ha normalizado como una relación política entre ciudadanos y el sistema político. En este sentido, nos habla de este fenómeno como cultura: “El clientelismo, entendido como habitus político, moldea expectativas, comportamientos y formas de participación, tanto de quienes demandan favores como de quienes los ofrecen.”

Los tipos de democracia. Un aspecto fundamental es la distinción entre democracia real y democracia formal. En este última, tenemos elecciones cada cuatro años e instituciones formalmente establecidas, pero en la primera, además de todo esto, la gente participa y tiene la posibilidad de incidir realmente en la definición de las políticas públicas: “Cuando la participación está mediada por la necesidad, la desigualdad y la dependencia política, la democracia se reduce a un procedimiento y pierde su dimensión sustantiva.”

La organización ciudadana como garantía de una plena democracia. Frente a la debilidad de los contrapesos institucionales y la vulnerabilidad de de las instituciones modeladas a imagen y semejanzas de las elites política y económicas, el autor concluye en la necesidad de que la ciudadanía se empodere y asuma un control y vigilancia desde la sociedad; refiriéndose a las experiencias de la movilización social por el 4% para la educación,  Marcha Verde y la Plaza de la Bandera, entiende que: “…..demostraron que la ciudadanía organizada puede movilizarse masivamente para garantizar derechos y ejercer control efectivo sobre el poder político.”

Finalmente, el autor se pregunta: ¿Por dónde se sale?, y plantea cuatro condiciones: un Estado que funcione para todos, la transparencia en las actividades estatales, la universalización de los derechos y los servicios públicos, y la reconstrucción de la ciudadanía como sujeto político. Esta última condición es la que puede hacer posible las anteriores y constituye el fundamento de cualquier cambio real en el país. Como señala el autor: “El clientelismo es, entre otras cosas, una forma de desmovilizar demanda ciudadana: convierte a los votantes en clientes, fragmenta la acción colectiva y sustituye el derecho exigible por el favor agradecido. Revertir eso no es solo una tarea institucional. Es una tarea de reconstrucción de la ciudadanía como sujeto político” [negritas mías].

Si el clientelismo se reproduce también mediante la dependencia social y la debilidad de la acción colectiva, su superación requiere construir una ciudadanía capaz de organizarse para defender derechos e incidir en las decisiones públicas. Solo se podría avanzar hacia una relación con el Estado que no dependa de la posibilidad de obtener un favor, sino que se sustente en el ejercicio efectivo de los derechos ciudadanos.