La llegada de Keiko Fujimori a la Presidencia abre una nueva etapa en la que la seguridad de Perú vuelve a convertirse en el eje ordenador del poder, con una receta conocida para los peruanos: estados de emergencia, participación de las Fuerzas Armadas en tareas de orden interno y un Ejecutivo dispuesto a ampliar sus facultades frente a una criminalidad que ha erosionado la confianza ciudadana en las instituciones.
No sería correcto interpretar el fenómeno exclusivamente como un giro ideológico hacia la derecha. Sería más preciso entenderlo como una transformación de las prioridades ciudadanas y esta es la lucha contra la delincuencia, y no solamente en Perú.
La decisión de Fujimori de sacar al Ejército a la calle se inscribe en una corriente que atraviesa América Latina: "militarización para la seguridad".
Desde El Salvador hasta Chile, pasando por Ecuador y por lo que le espera a Colombia, los gobiernos han recurrido al despliegue militar para enfrentar organizaciones criminales cada vez más sofisticadas, con resultados que dividen a especialistas, organismos internacionales y electorados.
En el caso de Perú, donde el triunfo electoral de Keiko Fujimori se decidió por un diminuto puñado de votos, no se trata únicamente del contenido de lo decidido por su primera mujer presidenta, sino el peso histórico de su apellido.
Tres décadas después de que la gestión de Alberto Fujimori descansara en el combate al terrorismo mediante regímenes de excepción, es su hija quien devuelve a las Fuerzas Armadas el protagonismo en la seguridad ciudadana, pero ahora bajo el argumento de enfrentar el crimen organizado, las extorsiones y el avance de las economías ilegales.
El regreso de una doctrina conocida
La inseguridad se convirtió en Perú y otras naciones en el principal asunto de campaña electoral. El aumento de las extorsiones, los asesinatos por encargo, el fortalecimiento de redes vinculadas al narcotráfico y la percepción de que la Policía ha sido rebasada terminaron desplazando el debate económico y los de otra índole, y alimentaron una demanda social de respuestas inmediatas.
Keiko Fujimori presentó un programa de seguridad sustentado en la ampliación de los estados de emergencia, el despliegue permanente de las Fuerzas Armadas en las zonas consideradas críticas, la construcción de centros penitenciarios de máxima seguridad y reformas legales destinadas a endurecer el combate contra las organizaciones criminales.
La propuesta reproduce una narrativa que se ha vuelto familiar en distintos países latinoamericanos: cuando las instituciones civiles parecen incapaces de contener la violencia, el Estado recurre al componente militar como mecanismo de recuperación del control territorial.
Sin embargo, la experiencia peruana convierte ese debate en algo más complejo, debido a que ya vivió en la década de 1990 un largo y oscuro período en el que la excepcionalidad dejó de ser temporal para convertirse en un mecanismo habitual de gobierno.
El antecedente del primer fujimorismo
Durante la administración de Alberto Fujimori, que derivó en dictadura (1990-2000), amplias regiones del país permanecieron durante años bajo estados de emergencia que trasladaron a las Fuerzas Armadas funciones tradicionalmente reservadas a las autoridades civiles.
Perú enfrentaba entonces la ofensiva armada de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), dos organizaciones insurgentes que habían puesto en jaque al Estado. La estrategia militar permitió debilitar decisivamente a esos grupos y capturar o matar a sus líderes, y a decenas de guerrilleros o sospechosos de serlo, pero a costa de barbaridades contra los derechos humanos.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación documentó miles de asesinatos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y violaciones de derechos humanos. Tantos episodios (Barrios Altos y La Cantuta, entre ellos) que quedaron incorporados a la memoria institucional peruana como ejemplos de lo que sucede cuando los militares operan sin controles y bajo un marco excepcional prolongado.
¿De haber triunfado Sendero Luminoso y/o el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), cómo haría frente Perú al fenómeno actual de la criminalidad? Pregunta retórica.
El espejo regional: de San Salvador a Quito
El caso más citado a la hora de evaluar la lucha regional contra el crimen organizado es El Salvador, bajo la presidencia de Nayib Bukele, cuyo régimen de excepción decretado en marzo de 2022 transformó el combate contra las pandillas en el principal eje de la administración pública.
La suspensión de determinadas garantías procesales, las detenciones masivas y la ampliación del papel de las fuerzas de seguridad redujeron drásticamente los homicidios y modificaron la percepción ciudadana sobre la capacidad del Estado para controlar el territorio.
El éxito político del modelo salvadoreño trascendió rápidamente las fronteras nacionales. Para amplios sectores -en justicia no solo conservadores- de América Latina, Bukele pasó de ser un presidente centroamericano a convertirse en un referente regional capaz de demostrar que la seguridad podía recuperarse.
Sin embargo, organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos cuestionan el alcance del régimen de excepción, denuncian detenciones arbitrarias y advierten sobre los efectos que una prolongada suspensión de garantías puede tener sobre el Estado de derecho.
La misma discusión se reprodujo en Ecuador. Tras la escalada de violencia asociada al narcotráfico y la irrupción pública de organizaciones criminales con capacidad para desafiar al Estado, el presidente Daniel Noboa recurrió al despliegue militar y declaró la existencia de un conflicto armado interno.
Las Fuerzas Armadas asumieron un papel central en el control de cárceles, puertos, carreteras y zonas consideradas estratégicas para el crimen organizado.
Aunque la intervención permitió recuperar parcialmente la iniciativa estatal frente a algunas estructuras criminales, se evidenció "lo de leyfs" (ecuatorianismo equivalente a certeza): la militarización no elimina las causas estructurales del delito, de la violencia.
La corrupción institucional, la penetración del narcotráfico en las economías y los partidos locales, el control territorial de las bandas y las debilidades del sistema judicial continúan condicionando la evolución del fenómeno criminal.
Perú parece dispuesto a recorrer un camino similar.
Con diferencias institucionales y contextos históricos propios, estos países comparten un diagnóstico: la inseguridad dejó de ser un problema exclusivamente policial para convertirse en un asunto de seguridad nacional. Y cuando un gobierno redefine el problema de esa manera, el Ejército deja de ser un actor excepcional para convertirse en parte de la respuesta cotidiana del Estado.
Seguridad nuevo lenguaje político, legitimidad electoral
Ningún otro dirigente peruano habría podido anunciar un mayor protagonismo de las Fuerzas Armadas sin que el país evocara inmediatamente los años noventa. El apellido Fujimori convierte cualquier debate sobre seguridad en una conversación inevitablemente histórica.
La llegada de Keiko Fujimori también confirma otra transformación que atraviesa la política latinoamericana: la seguridad se ha convertido en el principal eje de legitimidad electoral.
Durante buena parte de las últimas décadas, las campañas presidenciales estuvieron dominadas por debates económicos, programas sociales o reformas institucionales. Hoy, en numerosos países, el orden público ocupa ese lugar.
La demanda ciudadana de mayor seguridad ha desplazado otras prioridades y ha abierto espacio para propuestas que hace apenas algunos años habrían generado mayores resistencias políticas.
No se trata únicamente de una respuesta frente al crecimiento del crimen organizado. También refleja una modificación en las expectativas del electorado.
En sociedades donde la violencia altera la vida cotidiana, buena parte de los ciudadanos parece dispuesta a respaldar gobiernos que prometen resultados inmediatos, incluso, como en el caso adicional de Chile, si ello implica ampliar temporalmente las atribuciones del Ejecutivo o fortalecer el protagonismo militar tan repudiado en el pasado.
Ese cambio explica, en parte, por qué modelos que anteriormente habrían sido considerados excepcionales hoy forman parte del debate político ordinario.
Un patrón regional más amplio
El regreso del fujimorismo coincide, además, con otro fenómeno que atraviesa distintos sistemas políticos: la creciente capacidad de varios dirigentes para alcanzar o conservar el poder pese a procesos judiciales de alta visibilidad en su contra.
Keiko Fujimori estuvo detenida en el pasado de manera preventiva, por supuestos aportes financieros ilegales, lavado de activos y organización criminal. Pasó por el penal de mujeres de Chorrillos en dos oportunidades: octubre 2018 – noviembre 2019 y enero 2020 – mayo 2020.
Las investigaciones penales, las acusaciones de corrupción o las controversias judiciales ya no producen necesariamente el efecto político que durante años se consideró inevitable. En numerosos casos, los propios líderes convierten esos procesos en parte de su narrativa electoral, presentándolos como evidencia de persecución política o de enfrentamientos con las élites tradicionales infiltradas.
Entonces, más allá del prontuario que acompañó su carrera política, el resultado electoral, por más estrecho que fuera, muestra que una porción significativa de la sociedad peruana decidió priorizar la promesa de recuperar el control del orden público.
En este escenario, la seguridad dejó de ser únicamente una política pública para convertirse en un proyecto político capaz de reorganizar el debate democrático.
Es decir, otra diferencia con los años noventa es que esta vez Perú no actúa en solitario. El recurso a las Fuerzas Armadas ya no constituye una excepción, sino una tendencia que gana espacio en distintos gobiernos y encuentra respaldo en electorados cansados de convivir con la violencia.
¿Qué instituciones democráticas permanecerán en pie cuando la excepcionalidad deje de presentarse como una respuesta temporal y comience a consolidarse como una forma permanente de gobernar?, ¿hasta dónde puede llegar un gobierno democrático cuando la demanda ciudadana de seguridad comienza a justificar medidas extraordinarias?
La experiencia del primer fujimorismo convirtió a ese país andino en uno de los laboratorios más estudiados de América Latina sobre el uso de estados de emergencia, la ampliación de las facultades presidenciales y la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de control interno. lo que dejó un legado de graves violaciones a los derechos humanos.
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