El Salvador y Haití deben transparentar operación militar y garantizar derechos humanos

Amnistía Internacional instó este lunes a los gobiernos de El Salvador y Haití a publicar el acuerdo que ampara el despliegue de unos 2.000 militares salvadoreños en territorio haitiano y a garantizar que sus operaciones contra las pandillas respeten los derechos humanos.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, envió esas tropas como parte de un operativo de búsqueda de cuatro soldados de su país presuntamente secuestrados tras un atentado de pandilleros en Puerto Príncipe el pasado 18 de octubre.

Los militares desaparecieron al ser atacado el vehículo blindado en el que regresaban a su base. Pertenecen a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF por sus siglas en inglés), una misión internacional apoyada por la ONU.

Antes del atentado, El Salvador tenía asignados unos 200 efectivos a la GSF.

Ambos gobiernos "deben garantizar que todas las operaciones de las fuerzas salvadoreñas en Haití respeten el derecho internacional de los derechos humanos", señaló Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en un comunicado.

Analistas y críticos de Bukele señalan opacidad en el despliegue y han puesto en duda que su objetivo sea únicamente el rescate de los cuatro soldados.

Bukele afirmó inicialmente que el propósito era llevar esos militares a casa, pero en mensajes posteriores ha dejado entrever el objetivo más amplio de acabar con las pandillas haitianas, como lo hizo en su país.

"Sin temor a represalias"

Amnistía también pidió a ambos gobiernos explicar cómo supervisan a las tropas, qué reglas rigen el uso de la fuerza y ante quién deben rendir cuentas. Además, reclamó mecanismos para que la población pueda denunciar posibles abusos "sin temor a represalias".

Su llamado se produce después de que el portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, aclarara que la gran mayoría de los militares salvadoreños en Haití no forman parte de la fuerza multinacional, por lo que están fuera del mandato de la ONU y sus mecanismos de seguimiento.

Amnistía advirtió que las operaciones de seguridad pueden aumentar los riesgos para comunidades que ya enfrentan una "crisis humanitaria". Igualmente, solicitó esclarecer el paradero de los cuatro salvadoreños.

La organización asegura que el gobierno de Bukele ha cometido abusos en su popular guerra contra las pandillas salvadoreñas, que podrían constituir "crímenes de lesa humanidad".

Confirmada muerte del jefe criminal Mathias Sainthil y de otros pandilleros

La Policía Nacional de Haití (PNH) confirmó la muerte, ocurrida el pasado viernes, de Mathias Sainthil, jefe de una de las bandas armadas de Puerto Príncipe, tras ser herido en un ataque con drones en el que también cayeron otros miembros de las pandillas que siembran el terror en el país.

La operación, que se llevó a cabo el jueves por la noche en la comuna de Cité Soleil, "con el apoyo de diversas fuerzas de seguridad desplegadas sobre el terreno para combatir a las bandas terroristas, causó heridas graves y mortales a varios miembros de grupos criminales", señaló este lunes la PNH en un comunicado.

"Durante esta ofensiva (…) Mathias Sainthil líder de la banda de Boston, recibió varios impactos de bala y sufrió heridas de gravedad. Posteriormente, falleció en la tarde del viernes 6 de noviembre", agregó la información.

La muerte de un poderoso jefe de las bandas armadas fue divulgada el viernes por el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, quien dijo que "la lucha por liberar el país del yugo de los bandidos continúa con determinación", pero no dio el nombre del abatido, que fue revelado por medios locales y ahora confirmado por la Policía.

"Este cabecilla estaba implicado en numerosos actos delictivos graves, entre ellos asesinatos, masacres contra la población civil, secuestros, robos, violaciones, violencia sexual, destrucción de viviendas y tráfico de armas", indicó la Policía haitiana sobre Mathias Sainthil.

Según el comunicado, "la PNH y las distintas fuerzas de seguridad desplegadas para localizar a estos delincuentes seguirán ejerciendo presión sobre los grupos criminales", con el fin de "reducir su capacidad para sembrar el caos, al tiempo que se recupera el control en zonas que actualmente se encuentran bajo su influencia".
Ofensiva con apoyo internacional

Las bandas armadas, que controlan la mayor parte de Puerto Príncipe, son combatidas por la PNH y por la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), cuya creación fue autorizada en septiembre de 2025 por el Consejo de Seguridad de la ONU.

A esa campaña se sumó el mes pasado un contingente de más de 2.000 solados de El Salvador, enviados por el presidente de ese país, Nayib Bukele, con el pretexto de ayudar en la búsqueda de cuatro militares de esa nacionalidad que hacían parte de la GSF y que están desaparecidos desde el 18 de octubre, tras ser emboscados por bandas armadas en la zona de Santo, en el distrito capitalino de Croix-des-Bouquets.

Fils-Aimé dijo la semana pasada que su Gobierno tiene como objetivo "acabar con el dominio de las pandillas y restaurar la autoridad del Estado" con el apoyo de El Salvador y de la GSF, pero no está claro si la tropa salvadoreña actúa por su cuenta o en coordinación con la PNH y la Fuerza de Supresión de Pandillas.

El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, afirmó el viernes, en una entrevista con EFE en Madrid, que Fils-Aimé viajará a El Salvador a mediados de este mes para discutir el futuro del contingente del país centroamericano desplegado en Haití, sobre cuyo retorno no hay todavía una fecha fijada.