El Gobierno interino de Delcy Rodríguez y una delegación opositora encabezada por la exdiputada Dinorah Figuera instalaron este jueves en Caracas una mesa de diálogo auspiciada por Estados Unidos, en un proceso que pretende establecer una hoja de ruta hacia una transición política.
También abordar, al mismo tiempo, las consecuencias de los terremotos del 24 de junio, cuyo balance oficial de fallecidos asciende a 6.125.
La apertura de las conversaciones ocurre en un escenario especialmente complejo: siete meses después de la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense y con Washington ejerciendo una influencia decisiva sobre el nuevo escenario político venezolano.
Las conversaciones también se producen sin la participación de María Corina Machado, principal figura de la oposición y Premio Nobel de la Paz.
Una negociación que busca pasar de los acuerdos a los resultados
Las delegaciones se reunieron presencialmente en la base aérea La Carlota, en Caracas, después de que el pasado fin de semana Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y principal negociador del chavismo, y Figuera iniciaran los contactos mediante una conversación telefónica.
Figuera, quien encabezó el grupo parlamentario opositor de la Asamblea Nacional elegida en 2015, sostuvo que el proceso debe conducir a la democratización y a la reinstitucionalización del país.
El sector opositor que representa planteó un esquema de tres fases centrado en la estabilización, la recuperación económica y la reconciliación política. Entre sus objetivos figura la ampliación de las libertades políticas, el fortalecimiento institucional y una eventual transición pacífica.
La delegación también considera prioritarios cambios en el Consejo Nacional Electoral (CNE), actualmente bajo control del chavismo, así como una recomposición del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y garantías para el ejercicio de los derechos civiles y políticos.
El papel de Washington
Estados Unidos respaldó públicamente el inicio de las conversaciones y calificó el proceso como una oportunidad para avanzar hacia la reconciliación y una mayor estabilidad política.
La Administración de Donald Trump ha planteado para Venezuela una estrategia dividida en tres etapas: estabilización, recuperación económica y reconciliación política.
Ese respaldo convierte a Washington en un actor central de una negociación que formalmente se desarrolla entre venezolanos, pero que tiene como telón de fondo la intervención estadounidense que modificó el escenario político del país a comienzos de año.
El nuevo proceso también genera expectativas dentro de sectores opositores. Juan Pablo Guanipa, dirigente cercano a Machado, sostuvo que esta vez existe un garante que podría contribuir a que el chavismo cumpla los compromisos que eventualmente sean acordados.
Entre las demandas que planteó figuran la liberación de los presos políticos, la renovación de los poderes públicos y un cronograma electoral que contemple elecciones presidenciales.
La ausencia de María Corina Machado marca las conversaciones
Uno de los elementos políticos más relevantes del proceso es la ausencia de Machado, quien ha mantenido una posición central dentro de la oposición venezolana.
El nuevo diálogo se desarrolla, por tanto, entre el gobierno interino de Rodríguez y un sector opositor vinculado con la Asamblea Nacional de 2015, pero no constituye una negociación que reúna a todas las corrientes contrarias al chavismo.
La exclusión de Machado introduce una interrogante sobre la representatividad de los acuerdos que puedan alcanzarse. Figuera representa a un sector opositor con reconocimiento institucional derivado de la Asamblea Nacional elegida en 2015, pero el movimiento opositor venezolano permanece políticamente fragmentado.
Al mismo tiempo, sectores de la izquierda venezolana rechazan el creciente papel de Estados Unidos en la política nacional y cuestionan que Washington actúe como garante de un proceso que pretende definir el futuro político del país.
Los presos políticos llegan a la mesa de negociación
La situación de los detenidos por razones políticas se convirtió en una de las primeras presiones sobre la delegación opositora.
Familiares de presos políticos solicitaron a Figuera que la liberación de sus parientes sea incorporada a las conversaciones. Algunas de esas familias mantienen desde hace semanas una vigilia próxima a la embajada de Estados Unidos en Caracas.
La exigencia adquirió mayor fuerza este jueves tras conocerse la muerte de José Breijo, venezolano-uruguayo de 71 años que se encontraba bajo arresto domiciliario después de haber permanecido más de dos años detenido.
La muerte de José Breijo
La líder opositora María Corina Machado responsabilizó al Gobierno venezolano por la muerte de Breijo y denunció las condiciones que, según su organización, marcaron su encarcelamiento.
El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela afirmó que Breijo fue detenido en 2023 bajo una acusación de terrorismo y que durante su permanencia en el Centro Penitenciario de Tocuyito sufrió un grave deterioro físico.
Según ese comité, perdió más de 50 kilos y desarrolló problemas respiratorios severos. También denunció que, después de recibir arresto domiciliario y regresar a su vivienda en Caracas, encontró el apartamento prácticamente vacío.
Breijo había denunciado en mayo que un funcionario del Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES) había ocupado y desvalijado su vivienda durante el tiempo en que permaneció detenido.
La Defensoría del Pueblo informó entonces de su traslado a un centro de salud para recibir atención por distintas dolencias.
La organización opositora reclamó una investigación independiente sobre su muerte.
El desastre natural añade otra dimensión a la negociación
El diálogo político se produce además mientras Venezuela enfrenta las consecuencias de los terremotos del 24 de junio.
El balance oficial presentado por Jorge Rodríguez elevó a 6.125 las personas fallecidas, mientras continúan las labores de reconstrucción y remoción de escombros. Informaciones recientes también han señalado cuestionamientos de familiares y organizaciones sobre el manejo de personas desaparecidas y de los cuerpos recuperados tras la catástrofe.
La emergencia humanitaria constituye uno de los pocos asuntos capaces de colocar en el mismo espacio de negociación a actores políticos enfrentados durante años. La discusión, sin embargo, trasciende la asistencia inmediata: la reconstrucción implica recursos, instituciones, distribución de ayuda y mecanismos de supervisión, todos ellos asuntos vinculados con la disputa por el control del Estado.
Un diálogo con expectativas, pero también con obstáculos
El inicio de las conversaciones no supone todavía un acuerdo sobre la transición venezolana. El desafío inmediato será determinar si las partes consiguen transformar los compromisos generales sobre democratización, libertades y reconciliación en decisiones verificables.
La composición de la mesa, la ausencia de Machado, la influencia de Estados Unidos, la situación de los presos políticos y la necesidad de atender una emergencia que ha dejado miles de muertos constituyen algunos de los principales factores que pueden condicionar el proceso.
El respaldo de Washington ofrece a la negociación un mecanismo externo de presión que anteriores intentos de diálogo no tuvieron en las mismas condiciones. Pero también puede convertirse en una fuente de resistencia entre sectores que consideran inaceptable una transición condicionada por Estados Unidos.
El resultado dependerá, por tanto, menos de las declaraciones iniciales que de la capacidad de las delegaciones para alcanzar acuerdos sobre instituciones electorales, justicia, derechos políticos, presos y calendario electoral.
La actual etapa de la crisis venezolana comenzó después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero de 2026. Tras su ausencia, Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina, en un proceso que abrió una nueva disputa sobre la legitimidad y el futuro institucional del país.
La instalación de esta mesa constituye uno de los primeros intentos formales de encauzar políticamente ese nuevo escenario y abre una discusión distinta a la que dominó la política venezolana durante el gobierno de Maduro: ya no se trata únicamente de negociar una salida electoral con el mandatario, sino de definir las instituciones y las reglas de una eventual transición.
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