El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó al Gobierno de Estados Unidos de atacar el pasado 16 de septiembre un navío pesquero colombiano en aguas territoriales del país andino y urgió a la Fiscalía de la Nación a actuar. Esto, el mismo día en que Donald Trump anunció en la red Truth Social que los dos sobrevivientes del más reciente ataque estadounidense en el Caribe (16 de octubre) fueron enviados a sus países de origen, para su “detención y enjuiciamiento”, entre ellos, un colombiano.
Gustavo Petro pone en tela de jucio nuevamente las operaciones navales de Estados Unidos contra supuestas “narcolanchas” venezolanas en el Caribe.
Este sábado, 18 de octubre, el mandatario colombiano acusó al Ejecutivo de Donald Trump de violar la soberanía colombiana el pasado 16 de septiembre, atacando supuestamente un navío pesquero averiado que no trasladaba estupefacientes al país norteamericano. El suceso no se habría dado en aguas internacionales, reclama el presidente. Y habría matado a un pescador del Caribe colombiano.
El mandatario precisó que la embarcación bombardeada "tenía un motor arriba en señal de daño y estaba apagada, presumiblemente estaba en aguas colombianas, y quien estaba allí era un pescador de toda la vida: Alejandro Carranza, que no ha vuelto a su casa".
Las denuncias del mandatario colombiano llegaron pocas horas después de que el mismo Petro anunciara, también en X, que uno de los sobrevivientes al ataque estadounidense, el 16 de octubre, a otro supuesto “narcosubmarino”, fuera repatriado.
Petro aseguró que el connacional "será procesado de acuerdo a las leyes", sin ofrecer más detalles sobre la identidad o los antecedentes del hombre.
Los dos sobrevivientes del ataque militar estadounidense, supuestamente cargado de drogas, fueron enviados a sus países de origen, Colombia y Ecuador, y no procesados por el país que efectuó su detención, según informó el presidente Donald Trump en una publicación en la red Truth Social.
Trump aseguró que había sido “un honor” para él “destruir un SUBMARINO DE TRANSPORTE DE DROGAS”, que según fuentes de inteligencia que trabajaron en la acción hubiera podido causar la muerte de 25.000 personas, por las drogas que transportaba en su interior.
El presidente se refirió a los hombres como “terroristas”, pero en lugar de acciones legales para procesarlos en el marco de un supuesto "conflicto armado" contra los carteles de la droga, anunció el envío a sus países de origen “para su detención y enjuiciamiento”, una decisión que arroja dudas sobre la consistencia de las acciones en el Caribe.
Trump confirmó que la operación del 16 de octubre, la sexta que lleva a cabo desde que comenzó su despliegue militar en aguas internacionales frente a Venezuela, dejó dos tripulantes muertos, lo que eleva a 29 la cantidad de personas que han perdido la vida en ataques desde aviones o helicópteros contra embarcaciones señaladas de transportar fentanilo y otras drogas.
Se desconoce la nacionalidad de las víctimas, y la Casa Blanca no ha respondido a la solicitud de comentarios al respecto por parte de la agencia Reuters.
Recientemente, familiares de dos de los fallecidos trinitenses en los ataques pidieron que se aclararan las circunstancias de su muerte, y una organización de pescadores de Trinidad y Tobago, que está a 11 km del Golfo de Paria en Venezuela, denunció que "la gente está aterrorizada por el riesgo de ser asesinada en el mar", lo que ha afectado la actividad pesquera y el transporte marítimo en general.
¿”Narcoterroristas” o procesados inconvenientes?
La operación de la Administración Trump en el Caribe ha despertado la preocupación de expertos en derecho internacional, que se preguntan si el mandatario conservador no está sobrepasando las leyes de la guerra en su supuesta ofensiva contra los carteles del narcotráfico.
También ha levantado dudas entre legisladores tanto republicanos como demócratas, que sienten que no han sido suficientemente informados y buscan determinar si una intervención de esta naturaleza no debería ser autorizada por el Congreso, que tiene facultades exclusivas para declarar la guerra, según la Constitución estadounidense.
Sin embargo, la mayoría republicana del Senado respaldó recientemente las acciones de Trump, en una medida que le permite eludir de momento la necesidad de pedir la autorización del Congreso para continuar con los ataques.
Aún debe sortear una consulta parlamentaria para autorizarlo a ejecutar ofensivas directas contra Venezuela, luego de que Trump amenazara con incursiones terrestres y confirmara que dio el visto bueno para una operación encubierta de la CIA en ese país.
Expertos en derecho internacional creen que la decisión de repatriar a los dos detenidos busca eludir la necesidad de establecer el estatus legal de estes, además de eludir la necesidad de dar explicaciones sobre la implicación de efectivos militares en una operación antidrogas, que es de naturaleza civil.
Estados Unidos ha desplegado varios miles de militares en aguas del Caribe, que incluye el uso de destructores de misiles guiados, aviones de combate F-35 y un submarino nuclear.
Trump ha invocado una figura legal usada en su momento por George W. Bush para justificar la guerra contra el terrorismo después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, que le permitió detener a combatientes y usar fuerza letal para reducir a sus líderes.
El recurso le permite tratar a presuntos narcotraficantes como si fueran soldados enemigos en una guerra convencional, pero no desvía los cuestionamientos de expertos que creen que sus acciones exceden los límites que le impone el derecho internacional.
Venezuela ha negado la versión de que el gobierno de Nicolás Maduro lidera las operaciones de narcotráfico en el Caribe, como ha afirmado reiteradamente Trump, y el 16 de octubre el embajador de este país ante la ONU, Samuel Moncada, acusó a Estados Unidos de pretender "imponer un golpe de Estado" y pidió al Consejo de Seguridad investigar los ataques en el Caribe.
Con Reuters, AP y EFE
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