Una jueza federal de EE. UU. frenó de emergencia un plan de deportación impulsado por el Gobierno de Donald Trump, que pretendía expulsar en cuestión de horas a una decena de niños guatemaltecos que llegaron al país solos. Según medios, pese a la orden judicial, algunos menores ya habían sido llevados a una aeronave en Harlingen, Texas. Por eso, la jueza exigió que se explique su paradero.
Una jueza federal en Estados Unidos suspendió de manera urgente un plan para deportar a 10 niños guatemaltecos no acompañados en cuestión de horas. La medida, impulsada por el Gobierno de Donald Trump, fue frenada tras una demanda presentada por organizaciones defensoras de migrantes, quienes denunciaron que se trataba de una política ilegal y ejecutada sin transparencia.
La jueza federal de distrito de Columbia, Sparkle Sooknanan, nombrada durante el mandato del demócrata Joe Biden, emitió la orden de emergencia poco después de las 4:00 de la madrugada de este domingo. En su resolución, argumentó que las circunstancias extraordinarias descritas en la denuncia justificaban una intervención inmediata para impedir cambios irreversibles mientras se evalúa el caso.
Una audiencia virtual quedó programada para las 15:00 local de Washington del domingo, aunque después la adelantó para mediodía. En ella, el Gobierno federal decidió avanzar con el operativo pese al bloqueo judicial, según el 'Washington Post'. La decisión representa un nuevo capítulo en el debate sobre los derechos de los menores migrantes y las políticas migratorias que impulsa el presidente Donald Trump.
Pese a la orden judicial de emergencia que suspendió temporalmente las deportaciones, algunos menores guatemaltecos fueron trasladados hacia una aeronave en Harlingen, Texas, según denunció al medio 'Politico' la abogada Laura Smith, quien lidera el caso desde Chicago.
La demanda presentada por el Centro Nacional de Derecho de Inmigración (NILC, por sus siglas en inglés), advierte que el plan de la Administración actual busca deportar a más de 600 niños guatemaltecos sin acompañantes y contraviene la legislación migratoria vigente en Estados Unidos. Según el equipo legal, los menores no acompañados están expresamente exentos de los procesos de deportación acelerada y tienen derecho a protecciones adicionales si buscan asilo.
“Es un momento oscuro y peligroso para este país”: defensores
“Todos los niños no acompañados, independientemente de las circunstancias de su llegada a Estados Unidos, se benefician de un proceso migratorio completo, incluyendo una audiencia sobre solicitudes de amparo ante un juez de inmigración”, señalan los abogados. “Por lo tanto, las acciones de los demandados exponen a los niños a múltiples perjuicios al devolverlos a un país donde temen ser perseguidos y al incumplir sus obligaciones legales de cuidarlos en Estados Unidos”, agregaron.
Desde NILC y otros colectivos de defensa de los Derechos Humanos, el plan ha sido calificado como un ataque frontal contra los niños migrantes.
“Es un momento oscuro y peligroso para este país cuando nuestro Gobierno decide atacar a niños huérfanos de 10 años y les niega su derecho legal más básico de presentar su caso ante un juez de inmigración”, denunció el organismo en un comunicado emitido en la madrugada.
La denuncia se suma a una larga lista de críticas contra las políticas migratorias adoptadas durante la Administración Trump, especialmente aquellas que afectan a menores de edad.
La demanda fue presentada poco después de la 1:00 de la madrugada del domingo, y en menos de media hora los abogados ingresaron también la solicitud de medidas cautelares, de acuerdo con los registros judiciales. Aunque el caso aún no ha sido asignado formalmente, la jueza federal Sparkle Sooknanan actuó en calidad de magistrada de emergencia del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Washington durante la mayor parte del fin de semana festivo del Día del Trabajo, lo que le permitió tomar las primeras decisiones.
Los niños guatemaltecos mencionados en la demanda forman parte de un grupo más amplio de menores no acompañados que permanecen bajo custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés), y que podrían ser devueltos a su país de origen, según reveló 'CNN'.
Aunque el Gobierno de EE. UU. ha descrito la operación como una “repatriación voluntaria”, organizaciones defensoras de los Derechos Humanos y expertos legales han cuestionado si menores de diversas edades tienen la capacidad real de comprender el alcance de esa decisión. El proceso, denuncian, se asemeja más a una deportación forzada que a un retorno consentido.
Según 'CNN', la Administración Trump notificó directamente a los albergues que alojan a estos menores, instruyéndoles a prepararlos para su inminente salida del país.
Hace unos días, el senador demócrata Ron Wyden reveló los planes de expulsión de los niños guatemaltecos en una carta dirigida a Angie Salazar, directora interina de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR). Wyden denunció que estas deportaciones violarían el mandato de protección infantil de dicha oficina y “la obligación largamente establecida de este país con estos niños”.
“Esta acción amenaza con separar a los niños de sus familias, abogados y redes de apoyo, para lanzarlos de nuevo a las mismas condiciones de las que buscan refugio, y hacer desaparecer a niños vulnerables más allá del alcance de la ley y supervisión estadounidense”.
“Los niños no acompañados son algunos de los menores más vulnerables bajo el cuidado del Gobierno”, escribió Wyden. “En muchos casos, estos niños y sus familias han tenido que tomar la impensable decisión de enfrentar peligros y separación en busca de seguridad”. Ni la Casa Blanca ni el Departamento de Salud y Servicios Humanos respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre esta acción de parte de la agencia Associated Press.
Guatemala confirma que estaba preparada para recibirlos
El Gobierno de Guatemala ha confirmado su disposición a recibir a cientos de menores no acompañados de origen guatemalteco que permanecen en centros de detención estadounidenses. Así lo afirmó este viernes el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Martínez, quien aseguró que el país ha comunicado esta voluntad a las autoridades de Estados Unidos.
Uno de los temores más urgentes, según Martínez, es que varios de estos niños y adolescentes podrían alcanzar pronto la mayoría de edad, lo que implicaría su traslado desde centros de acogida infantil a instalaciones para adultos. El número estimado de menores en proceso de retorno supera los 600, una cifra considerablemente mayor a la que había sido anunciada previamente.
El director del Instituto Guatemalteco de Migración, Danilo Rivera, indicó el mes pasado que se esperaba recibir a 341 menores no acompañados. “La idea es traerlos de regreso antes de que cumplan 18 años para que no sean llevados a un centro de detención para adultos”, declaró entonces Rivera, quien además explicó que el retorno sería voluntario y financiado por el Estado guatemalteco.
El presidente Bernardo Arévalo ha defendido el plan asegurando que su Administración tiene una “obligación moral y legal de proteger a la niñez guatemalteca”. Sus declaraciones llegaron días después de la visita de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, a Ciudad de Guatemala, en el marco de una gira centrada en temas migratorios.
Organizaciones defensoras han calificado la medida como un nuevo golpe a los derechos de los niños migrantes. “Estamos indignados ante el renovado ataque de la Administración Trump a los derechos de los menores inmigrantes”, denunció Lindsay Toczylowski, directora ejecutiva de Immigrant Defenders Law Center.
“No nos engaña el intento de disfrazar estas acciones como simples ‘repatriaciones’. Es un nuevo intento calculado para desmantelar lo poco que queda del debido proceso en el sistema migratorio estadounidense”, agregó.
Cuando menores migrantes son interceptados en la frontera entre Estados Unidos y México sin la compañía de padres o tutores, son puestos bajo custodia de la Oficina de Reubicación de Refugiados. En territorio estadounidense, estos niños suelen permanecer en refugios supervisados por el Gobierno o en hogares de acogida, a la espera de ser entregados a un patrocinador —en la mayoría de los casos, un familiar que reside en el país.
Trump busca acabar la protección a niños migrantes bajo custodia federal
Según datos de HHS, Estados Unidos mantenía bajo su custodia a 2.198 menores no acompañados en julio. Aunque el Gobierno no detalla las nacionalidades, organizaciones como Save The Children han documentado que la mayoría de estos niños provienen de Guatemala, Honduras y El Salvador.
Este escenario ha reactivado el debate sobre el Acuerdo Flores, piedra angular de la protección legal para menores migrantes desde 1997. Firmado tras una demanda por maltratos a niños en centros de detención, el acuerdo limita a 72 horas la detención de menores por parte de la Patrulla Fronteriza y garantiza condiciones dignas y seguras.
El acuerdo lleva el nombre de Jenny Flores, una niña salvadoreña cuya demanda judicial en la década de 1980 denunció condiciones inhumanas y maltratos sistemáticos a menores migrantes bajo custodia estadounidense.
La Administración Trump ha intentado en repetidas ocasiones disolver este pacto, al que considera un “régimen intrusivo”. Aunque una moción presentada en 2019 fue revocada por el Tribunal de Apelaciones, el Gobierno volvió a cuestionar su validez en 2020, argumentando que nuevas leyes y reglamentos que supuestamente lo volvían innecesario.
A pesar de su vigencia, la supervisión del Acuerdo Flores ha sido limitada. Se han reportado casos graves como el de una instalación en Texas, donde más de 300 niños fueron retirados tras denuncias de falta de alimentos, agua y saneamiento.
Las protecciones siguen aplicándose a la Patrulla Fronteriza y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), aunque el HHS adoptó nuevos protocolos en 2023 que eliminaron esa supervisión directa. La posible deportación de cientos de niños guatemaltecos, aún bajo custodia, vuelve a poner en tensión este marco legal.
Durante el primer mandato de Donald Trump, se desató una fuerte controversia debido a la implementación de la política de "tolerancia cero" en la frontera con México, que llevó a la separación de casi 2.000 niños de sus padres o tutores cuando intentaban ingresar al país.
Las imágenes de menores llorando y hacinados en centros de detención generaron críticas internacionales y nacionales, por considerar esta medida como una crueldad y un daño psicológico severo para los niños. Aunque Trump firmó una orden ejecutiva para detener la separación masiva, la política migratoria continuó siendo restrictiva para las personas en movimiento.
El año pasado, Estados Unidos reconoció haber perdido el rastro de más de 32.000 menores migrantes no acompañados. Entre 2019 y 2023, más de 448.000 niños y adolescentes que llegaron solos al país fueron puestos bajo custodia y posteriormente liberados por las autoridades federales, según datos del Departamento de Seguridad Nacional. Sin embargo, el organismo admite que perdió contacto con decenas de miles de ellos, lo que los expone a graves riesgos como la trata de personas, la explotación sexual o el trabajo forzoso.
El DHS advirtió además que el número real podría ser aún mayor: al menos 290.000 menores aún no contaban en ese momento con una cita programada ante los tribunales de migración, lo que agrava la incertidumbre sobre su paradero y situación legal.
Con AP, EFE y Reuters
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