Guatemala sorprende como el país del mundo con más asesinatos per cápita de líderes sociales

De pasar de cuatro casos en 2023, a veinte en 2024, Guatemala quintuplicó los asesinatos en contra de las personas defensoras de la tierra y el medioambiente. Varias voces implicadas en este fenómeno hablaron con France 24.

Una llovizna ensombrecía a Ciudad de Guatemala durante el mediodía del sábado 28 de octubre de 2023, cuando Emy Gómez recibió una noticia que la dejó consternada: “Fíjate que asesinaron a tu papá”– le dijo su esposo por teléfono. “A mí se me vino el mundo encima. Por donde mi papá siempre caminaba, a unos pasos de la resistencia que tuvimos en el oriente, cabal ahí lo asesinaron, fueron tres balazos en la espalda”.

Otros tres balazos, y aún otros tres más, resonaron la noche en que su familia velaba su cuerpo. Noé Gómez, un activista ambiental que fungía como autoridad ancestral del Parlamento Xinca -pueblo ancestral de Guatemala- y quien por años les plantó cara a las industrias extractivistas del departamento de Jutiapa, al suroriente del país, se había hecho a sendos enemigos. Su hija Emy estaba mortificada. “Eran amenazas bien serias, nunca supimos quiénes eran, porque en ese momento nosotros no teníamos cámaras, y como vivimos en la carretera Interamericana, pues rapidito se van los carros en lo que uno sale”.

El asesinato de Noé Gómez, a sus 69 años, ocurrió en el marco del estallido social que paralizó a toda Guatemala en octubre de 2023, cuando miles de indígenas y campesinos bloquearon las carreteras exigiendo la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras. La acusaban de propinar un golpe de estado contra el entonces presidente electo, Bernardo Arévalo. Con los ánimos caldeados de las manifestaciones, que impregnaron el ambiente de una atmósfera revolucionaria, los verdugos de Noé Gómez decidieron silenciar su voz para siempre.  

“Nosotros no teníamos otros enemigos más que de la oposición” asegura Emy, de 49 años, en su afán por descifrar quién pudo haber asesinado a su padre. “Realmente uno no sabe específicamente de dónde, pero nosotros sí sabemos”. Entre sus presuntos enemigos hay tres empresas: Jeroglíficos de Guatemala S.A., Minera San Rafael y Alternativa de Energía Renovable S.A, organizaciones señaladas de contaminar con sus desechos industriales los cauces de agua, en una región donde escasea el preciado líquido.

Aunque la lucha conservacionista de Noé logró fallos judiciales contra estas empresas, e incluso alcanzó en septiembre de 2018 la sentencia histórica de la Corte de Constitucionalidad de ‘Consulta al Pueblo Xinca’, su nombre y el de su familia quedaron expuestos. Tras su asesinato, la familia de Emy pidió asilo político en Estados Unidos. Varios pudieron exiliarse, incluyendo a dos de sus hermanos y al presidente del Parlamento Xinca, mientras que ella, quien fue la que llenó toda la documentación, aún no ha conseguido salir del país: “Sigo aquí, escondiéndome. Entonces, así de jodimos estamos aquí, con la boca callada, huyendo. Desaparecen a nuestros familiares y no tenemos derecho a decir nada”.

Leer tambiénLa historia de los arqueólogos que descubrieron ‘Los Abuelos’ y otras dos ciudades mayas de hace 2.800 años

Los indígenas y campesinos: los más amenazados por defender sus territorios

De acuerdo con el más reciente informe de la organización internacional Global Witness, de las 146 personas defensoras de la tierra y el medioambiente que fueron asesinadas en el mundo durante 2024, Colombia sigue punteando la lista como el país más letal, con 48 de los casos.  

En segundo lugar, de manera sorpresiva, se ubica Guatemala. Con una población de más de 17 millones de habitantes -de los cuales los pueblos indígenas constituyen un 44 %-, los 20 asesinatos que le atribuye el informe superan los de otros países de mayor escala como México y Brasil, donde sufren la misma problemática. Así se convierte en el país con la mayor cantidad de asesinatos per cápita de este tipo.

Brenda Guillén, la coordinadora general de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de DD. HH de Guatemala, UDEFEGUA, repara que hay un patrón en dichos asesinatos. “Si tu vez en este registro de 20 personas, notarás que varias de ellas hacían su defensa a través del CCDA, el Comité Campesino del Altiplano, que es una organización (nacional) que por años ha trabajado en el ámbito de la certeza jurídica de sus pueblos, reivindicado esa propiedad ancestral sobre los territorios”.

Sobre el por qué se quintuplicaron los casos de un año para otro (2023-2024), Guillén señala en su respuesta al Ministerio Público de Consuelo Porras, la fiscal que está sancionada en más de 40 países del mundo por favorecer a los corruptos. “Uno de los fenómenos que podría estar implicado es la cooptación del sistema de justicia, es decir: el finquero, la empresa, la mina pueden estar agrediendo, pero en la medida en que exista un Ministerio Público que no está investigando las agresiones, lastimosamente ya no encuentran un costo ni económico, ni político, ni moral, para cometer asesinatos en contra de personas defensoras de DD. HH.”

Leer tambiénNiñas madres en Guatemala: el producto de una violencia sexual sistémica

Según un reciente estudio de UDEFEGUA, del 100 % de las denuncias que se consignan en la fiscalía de Guatemala, el 87 % queda en total impunidad, mientras que el 13 % que logra pasar a los juzgados, apenas alcanza una tasa de justicia de menos del 1 %.

Con total desconfianza sobre el aparato judicial guatemalteco, la única esperanza de los pueblos originarios se afincó en la figura progresista de Bernardo Arévalo. “Nosotros sí teníamos bastante esperanza en este cambio de Gobierno” confiesa Guillén aludiendo a una serie de promesas hechas por Arévalo en sus primeros 90 días de mandato. Una de ellas es la aprobación por decreto de la política pública de protección de personas defensoras de DD. HH, lo cual ayudaría a mitigar el problema. “Sin embargo, hoy por hoy, más de un año y medio después, no se ha cumplido” concluye Guillén, resignada.  

El Comité Campesino del Altiplano, la organización más reprimida en Guatemala

En pleno Aeropuerto Internacional La Aurora, de Ciudad de Guatemala, previo a abordar su vuelo para Johannesburgo, el líder indígena-campesino Leocadio Juracán fue capturado por la policía, y puesto en prisión el pasado 13 de agosto. Se perdió de la conferencia internacional sobre justicia con equidad en Sudáfrica, a la que estaba invitado como representante del CCDA, el Comité Campesino del Altiplano guatemalteco.

Al día siguiente de su detención, el también ex diputado de 56 años, escuchó en una audiencia judicial los cargos con que lo imputaron: usurpación agravada, quema forestal, recolección y comercio de productos forestales y daño al patrimonio de la Nación. Delitos que, según la fiscalía, Juracán habría cometido en el departamento de Izabal, al nororiente del país, donde operaba la Compañía Guatemalteca de Níquel (Mayaniquel), una poderosa empresa minera de capital ruso, señalada de sobornar al Estado, en especial al gobierno de Alejandro Giammattei.

En su opinión como ex diputado (2015-2019), “la corrupción ha jugado un papel sumamente importante, porque a través de ella se han comprado licencias para poder usufructuar y explotar los bienes en los territorios” de los 22 pueblos maya, el pueblo xinca y el pueblo garífuna. No obstante, cuando los pueblos demuestran “intención de defensa del territorio, la situación se vuelve violenta, y ahí es cuando viene la represión y criminalización de grupos mafiosos”, sentencia Juracán.

De acuerdo con este líder social, la persecución en contra del Comité Campesino del Altiplano durante el 2024 contabiliza a “21 compañeros en las cárceles, más de 3.100 dirigentes comunitarios con órdenes de captura, 12 comunidades desplazadas y 12 asesinatos cometidos”. Una de las razones es la firma de un acuerdo agrario que el CCDA firmó con el presidente Arévalo en febrero de 2024, y que les ha permitido batallar jurídicamente para impedir más despojos territoriales por parte de empresas extractivas.

Ahora bajo arresto domiciliario y con una próxima audiencia programada para el 5 de febrero de 2026, el líder indígena aspira salir bien librado pues tiene cómo demostrar que no se encontraba en el lugar de los hechos por los que se le acusa. Sin embargo, teme que, con un aparato de justicia corrupto, su caso pueda ser viciado y sea condenado bajo un proceso espurio. Eso sí, teme aún más, que su voz sea silenciada por completo, como ya les ocurrió a varios de sus compañeros de lucha.

Leer tambiénGuatemala: la encrucijada de las comunidades campesinas por habitar la Selva Maya