El presidente Donald Trump otorgó la custodia de un segundo tramo de tierras federales al Ejército en El Paso, Texas, pocos días después de haber hecho lo propio con la Reserva Roosevelt, lo que convierte a la frontera en una extensa zona militar desde California hasta Texas, pasando por Nuevo México y Arizona. Los migrantes que crucen por este punto pueden ser detenidos por los soldados, una función que hasta ahora era exclusiva de la Patrulla Fronteriza. France 24 estuvo allí. 

El pasado 11 de abril, la Casa Blanca publicó un memorando en el que ordenaba al Departamento del Interior ceder la jurisdicción de sus terrenos en la frontera al Departamento de Defensa con el fin de “contrarrestar la invasión y sellar la frontera sur de Estados Unidos en contra del ingreso ilegal, así como mantener la soberanía, la integridad territorial y la seguridad” del país.

Se trata de la Reserva Roosevelt, una franja de 18 metros de ancho y 1.126 kilómetros de largo, que atraviesa puntos en California, Arizona y Nuevo México.

Esta cesión se suma a un territorio de 440 km2 en este último estado, lo que dio origen al Área de Defensa Aérea de Nuevo México (NMNDA, por sus siglas en inglés). La frontera entre Estados Unidos y México tiene un total de 3.200 kilómetros de longitud.  

Posteriormente, el 2 de mayo, el Ejército anunció la creación del Área de Defensa Aérea de Texas, una franja de 100 kilómetros –en la frontera entre Nuevo México y Texas colindante con el estado mexicano de Chihuahua– otrora punto rojo de la migración.

Unas áreas que según las autoridades eran previamente explotadas por los carteles criminales para el tráfico de armas y de personas y que ahora están desiertas debido a la postura defensiva de Estados Unidos.

En abril, los cruces en la frontera sur disminuyeron en un 95 por ciento, según las cifras oficiales de la Administración Trump: 8.400 arrestos, una sonora caída frente a las 128.000 detenciones del mismo mes de 2024.

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Además, apenas cinco personas fueron autorizadas a ingresar temporalmente para presentar su caso ante los jueces migratorios, según los datos publicados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza el 12 de mayo.

En el epicentro de la cuestión migratoria

Son las 5:30 de la mañana en El Paso, una ciudad fundada a finales del siglo XVI, antes de la anexión de Texas a Estados Unidos y que hoy tiene alrededor de un millón de habitantes.

Orlando Marrero Rubio, un agente puertorriqueño cuenta que en el sector de El Paso -que abarca desde Lordsburg, Nuevo México hasta Fort Hancock, en Texas- hay alrededor de 1.944 agentes que trabajan en turnos las 24 horas.

Además del muro fronterizo en algunos tramos, sus helicópteros Black Hawk y 33 torres de vigilancia automática que detectan movimientos en esta área de difícil acceso, cuentan ahora con el apoyo de 8.000 soldados del Ejército y sus tanquetas Stryker, equipadas con cámaras de largo alcance para detectar personas en ambos lados de la frontera.

“Ha sido un elemento vital, un elemento esencial en nuestra reducción en arrestos aquí en el sector de El Paso. La colaboración con el Departamento de Defensa, la colaboración con agencias locales, estatales, inclusive el gobierno de México. Todo es una colaboración para salvaguardar y asegurar nuestras fronteras. La presencia de las tropas de Estados Unidos aquí en El Paso ha sido esencial y vital para nuestra misión”, afirma Marrero Rubio en diálogo con France 24.

Su colega, Claudio Herrera-Baeza, coincide:

“Es muchísimo el beneficio que ha tenido la Patrulla Fronteriza con el apoyo de otras organizaciones del orden público, incluyendo el Departamento de Defensa, quienes han traído tecnología, equipos y sobre todo personal para ayudarnos a hacer esta detención más eficaz. Esto multiplica nuestros esfuerzos y nuestra capacidad para poder detener cualquier situación ilegal aquí en nuestras fronteras”, agrega.

Cuando finaliza el muro, llegamos al Monte Cristo Rey, una montaña rocosa en la que solo es posible acceder en un vehículo 4×4. Desde allí habría que caminar cuatro horas por el desierto para llegar a El Paso, bajo temperaturas de hasta 32 grados Celsius en esta época del año, lo que, sumado a días de desgaste en caminatas previas del lado mexicano, ha causado incalculables muertes. 

En la cima de la montaña hay un ‘halcón’, una persona que vigila si hay supervisión de los uniformados estadounidenses y avisa a los ‘coyotes’ si pueden pasar o no. Al notar la presencia de los uniformados, les hace gestos.

"Este despliegue es ilegal"

Ahora, cuando una persona cruza la frontera y es detectada, puede ser detenida por los soldados por estar incurriendo en un delito federal, el de “invasión” a una base militar, que acarrea penas de hasta un año de prisión y multas de hasta 100.000 dólares. Al menos 200 personas ya han sido detenidas bajo esta nueva legislación.

Para Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, esto es ilegal bajo la Ley Posse Comitatus de 1878, que prohíbe que los militares sean desplegados en territorio nacional y sean utilizados como oficiales del orden público.

“Creemos que este despliegue es ilegal. Esta ley prohíbe el despliegue de tropas en activo dentro del territorio de Estados Unidos a menos de que haya una invasión o una insurrección armada y ninguna de las dos cosas está pasando hoy en la frontera de Estados Unidos”.

Además de cuestionamientos a la ilegalidad del despliegue militar, hay inquietud sobre la forma en la que militares entrenados para combatir en guerras aplicarán las leyes a ciudadanos, lo que podría resultar en múltiples abusos y violaciones a los Derechos Humanos.

“Lo que más tememos son graves violaciones a los derechos civiles, a los Derechos Humanos, al proceso legal y es desafortunado que Estados Unidos, siendo el país que dice que es un país de leyes, que es el país de la esperanza, la Justicia, la democracia, se están dando estos procesos muy problemáticos de militarización”, puntualiza García en diálogo con France 24.

Los militares son enfáticos en que se trata de una detención temporal y los migrantes son puestos bajo custodia de la Patrulla Fronteriza, bajo la cual recae esta responsabilidad según las leyes.

“No tenemos la autoridad para… no acosamos a la gente, no tenemos la capacidad de hacer nada de eso. Podemos imputarlos temporalmente y detenerlos y luego entregarlos a nuestro equipo de Patrulla Fronteriza”, explica a France 24 el brigadier General, Jeremy Winters.

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Mientras que el director de Sucursal de Operaciones Aéreas y Marítimas de El Paso, Efren González, concluye que las operaciones de su equipo no han cambiado bajo la Administración de Donald Trump e indica que, en un eventual cambio de mando en Washington, su misión "de que las fronteras estén seguras y que no estén entrando ilegalmente ni personas, ni drogas, ni armas, ni municiones, nada ilegalmente" seguirá siendo la misma.

¿Qué ha pasado con la "deportación más grande de la historia"?

Según el Centro de Investigación Pew, la migración era el segundo tema en la mente de los electores cuando acudieron a las urnas en noviembre de 2024 y eligieron a Donald Trump sobre la entonces vicepresidenta Kamala Harris.

Trump alimentó el descontento de la mayoría de los estadounidenses prometiendo llevar a cabo "la mayor deportación masiva de la historia" en contra de los alrededor de 11 millones de indocumentados que se estima viven en Estados Unidos, pero más de tres meses después de su regreso a la Casa Blanca, su meta lo esquiva.

A pesar de proclamar transparencia, la Administración Trump ha dejado de publicar cifras mensuales de deportaciones y a cambio, a propósito de los primeros 100 días en el poder cifró en 135.000 la cifra de deportados en un comunicado.

Sin embargo, el proyecto de investigación de datos TRAC, un grupo no partidista fundado en 1989, estima que los números rondan apenas los 72.000 y explica que, para llegar a su cifra, la Casa Blanca tomó en cuenta los números del año fiscal 2024, en parte del cual gobernaba Joe Bien.

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A pesar del refuerzo militar en la frontera; la firma de 181 órdenes ejecutivas relacionadas con migración para facilitar los recursos; la activación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 -una ley de tiempos de guerra- y la reconfiguración de los vínculos diplomáticos con otros países, que abarcan desde la presión por la rápida recepción de vuelos de personas deportadas a cambio de una tregua arancelaria o pagos a El Salvador para que los reciba en su megacárcel, sigue enfrentando obstáculos internos.

La falta de personal en las cortes migratorias, así como de espacio en centros de detención para acoger a las nuevas personas capturadas por la policía migratoria y los fallos judiciales le han puesto el freno de mano al plan. 

Para acelerar, el Departamento de Seguridad Nacional ha ofrecido incentivos monetarios como 1.000 dólares en efectivo y cubrir los costos del vuelo para las personas que decidan "autodeportarse" a través del uso de la aplicación CBP Home, logrando el primer vuelo con alrededor de 60 personas originarias de Honduras y Colombia el 19 de mayo.

Con la realidad enfrente, el presidente Donald Trump ha replanteado su meta a una más realista, según la prensa estadounidense: un millón de deportaciones en un año, lo que sí superaría con creces el récord anterior de su antecesor Joe Biden de 685.000 personas en el año fiscal 2024.

France24

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